Representantes de seis empresas dedicadas a brindar el servicio de revisiones técnicas vehiculares en el país se reunieron esta tarde con la congresista Julia Teves, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, para advertir sobre los términos de un proyecto de ordenanza que alista la Municipalidad de Lima y que aumentaría los beneficios a Lidercon, la empresa concesionaria de las revisiones en la capital.

A la cita asistieron Delfina Elías, representante de Farenet (Callao); Alberto Chipoco, director de proyectos de RTP (Huarochirí); Marco Silva, representante de CITV-Perú (Sullana); Sotero Bejarano, de Cediten (Huarochirí); César Ramírez Vargas, asesir técnico de CITV Alto Andina (Juliaca); y Elsa Chevarría Ramírez, de Cedive (Callao).

Existe un proyecto de ordenanza, como ya es público, en el que Lima, haciendo caso al laudo arbitral que salió a favor de Lidercon, ordena que las revisiones técnicas de los vehículos inscritos en Lima y cuyos dueños residan en la capital, sean realizadas a través de Lidercón. Asimismo, este proyecto de ordenanza obligará a que los vehículos con certificado de revisión técnica emitido por una operadora de otra zona del país, solo pueda puedan circular en Lima por 30 días seguidos. A partir del día 31 deberán sacar su certificado en Lidercón, detalló Elías.

En ese caso, el gran perjudicado será el público porque se formarán colas interminables y el precio será alto Si todo esto se da, prácticamente todos los vehículos del Perú deberán pasar revisión técnica en Lima, refirió Chipoco.

Ambos representantes sostuvieron que esas condiciones violarán lo estipulado en la ley de creación del sistema de reviones técnicas, la Ley 29237, que dice que los vehículos podrán circular por cualquier parte del país con un certificado de una compañía autorizada, sea la compañía que sea.

SECUENCIA DE HECHOS En el 2004, la gestión del alcalde Luis Castañeda concesionó a Lidercon la exclusividad de la operación en Lima. Sin embargo, el municipio declaró la caducidad del contrato en el 2006 porque la empresa incumplió con varias cláusulas, entre ellas la de implementar plantas adicionales.

Lidercon empezó un arbitraje que ganó en el 2011 y se fue al Poder Judicial a pedir la ejecución del laudo. En primera instancia obtuvo la resolución del juez y este ordenó a Lima que en el plazo de 15 días cumpliera con la ejecución, bajo pena de denunciar al municipio por resistencia a la autoridad. Sin embargo, la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial ha declarado nula esta resolución.

El laudo no quedó anulado, sino la aplicación inmediata del mismo. Si la sala falla a favor de Lidercon, la municipalidad se vería obligada a publicar la ordenanza.