En el reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo publicado hoy se da cuenta de que en el país existen 177 conflictos activos.
Según la defensoría son 10 los conflictos que han surgido durante el mes pasado. Uno de ellos es la controversia alrededor de la ampliación del Lote 88 de Camisea.
El viceministerio de Interculturalidad había planteado 82 observaciones al estudio de impacto ambiental (EIA) del lote 88 ubicada dentro de la Reserva Territorial de los pueblos Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, en la selva del Cusco. El informe fue colgado en su página web la tarde del 12 de julio pero siete días después el informe fue dejado sin efecto según el primer ministro, Juan Jiménez porque no se tuvo en cuenta ocho tomos adicionales del EIA. Varias organizaciones indígenas como Aidesep se oponen a los trabajos de ampliación en el lote.
Mientras que en Junín una delimitación imprecisa de los distritos de Chilca y Huancán, en el sector denominado Auray, ha originado continuos enfrentamientos entre pobladores del lugar. Ninguno de los gobiernos locales ejecuta proyectos de inversión en la zona de conflicto.
Según el reporte las tres regiones con mayores conflictos son Áncash (31 casos), Apurímac (23) y Puno (17).
El total de conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo son 225 –entre activos y latentes- mientras que de acuerdo a la Oficina Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) solo se reportaron 65 casos.