Personal de la Contraloría General de la República auditará desde la próxima semana a la Municipalidad Provincial de Chiclayo para investigar una serie de deficiencias en la ejecución de proyecto de saneamiento en el centro histórico de la ciudad y determinar si existen delitos relacionados con el mal uso de recursos públicos en las obras que contemplan el cambio de redes de agua potable y alcantarillado.

Voceros de la Contraloría detallaron al corresponsal de El Comercio en dicha zona, Wilfredo Sandoval, que se decidió intervenir a la comuna tras una inspección de 2011 en donde se detectaron nueve deficiencias en el proyecto de saneamiento. Por ejemplo, que el expediente técnico no contaba con estudio de impacto ambiental ni plan de evacuación de aguas servidas.

Las obras de saneamiento las ejecuta el Consorcio Chiclayo desde junio de 2011, gracias a un convenio suscrito entre el municipio provincial y el Ministerio de Vivienda y Saneamiento. Proyecta una inversión de S/.28’562.654. A la fecha, recién tiene un avance del 40%. Se estima que las obras concluyan en el año 2014.

OTRAS IRREGULARIDADES Peritos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento detectaron además 17 presuntas irregularidades durante la ejecución de las obras. La jefa del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Natildina Jiménez Borda, recomendó resolver el contrato con el Consorcio Chiclayo aduciendo que este incurrió en deficiencias técnicas durante la ejecución y que la comuna no cumplió con varios compromisos, lo que perjudica a los pobladores.

Asimismo, un informe del Colegio de Ingenieros de Lambayeque da cuenta de que los trabajos de saneamiento han generado sobrecostos por S/. 4 millones.

PIDEN CARCEL PARA ALCALDE Sobre el alcalde provincial de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, pesa un pedido de 30 años de cárcel de parte de la Segunda Fiscalía de Investigación Preparatoria, cuyo titular es Esdras Sánchez Moreno. Se le imputan una serie de delitos que habría cometido en su primer período de gestión (2007-2010), durante la ejecución de la pavimentación flexible de las avenidas Agustín Vallejo Zavala, Juan Tomis y El Nacionalismo, ubicadas en la urbanización Las Brisas.

“Estamos convencidos de que hubo malversación de fondos, peculado, colusión, negociación incompatible, entre otros. Por esta concurrencia de presuntos delitos, el fiscal ha solicitado una pena máxima de 30 años”, dijo el procurador anticorrupción de Lambayeque, Carlos Lazo Gutiérrez. Al alcalde Torres también lo investigan la fiscal Nelly Chambergo y el fiscal Sergio Zapata por la presunta compra irregular de combustible.