La Parada subsiste por trabas legales e inacción municipal

En La Parada las cosas parecen estar como antes de su intento de cierre. Gracias a una avalancha de acciones de amparo y a la pasividad de las autoridades municipales y policiales, los comerciantes se mantienen enquistados en el terreno de más de tres hectáreas que el pasado 25 de octubre fue escenario de un violento enfrentamiento que sacudió la capital.

Ellos ya no defienden sus puestos con palos o piedras.

Tras el polémico fallo del ex juez Malzón Urbina, la estrategia consistió en trasladar la batalla al ámbito legal. En los últimos meses el Poder Judicial ha recibido más de medio centenar de acciones de amparo individuales y estas siguen sumando.

El Tribunal Constitucional (TC) ha dejado al voto tres demandas, dos de estas interpuestas contra la Municipalidad de Lima y una contra la Región Policial Lima. Sin embargo, la decisión del pleno puede demorar, pues, según fuentes del TC, por tratarse del mismo tema, es potestad de los magistrados resolver de forma grupal y para eso deben realizarse antes las vistas de causa de otros tres expedientes que acaban de ser admitidos.

“Mientras no terminen estos procesos, la municipalidad está impedida de intervenir”, asegura el abogado de los comerciantes, Carlos Aguilar.

Opuesto a esta lógica, el procurador de Lima, Antonio Salazar, aclara que el fallo de la Cuarta Sala Penal (que dejó sin efecto el hábeas corpus de Urbina) “declaró la plena vigencia de todas las normas administrativas emitidas por la municipalidad”. Eso significa que rige el Decreto de Alcaldía 012, que declara zona rígida los alrededores de La Parada para impedir el tránsito de camiones.

El problema es que nadie fiscaliza su cumplimiento.

UNA TAREA PENDIENTE La ausencia de control municipal y policial facilita la descarga de camiones las 24 horas. Así lo cuenta Hermógenes Véliz, uno de los cinco ex dirigentes denunciados por instigar los disturbios y quien todavía ocupa un puesto en el pabellón 6: “Los vehículos entran por las puertas de Aviación y San Pablo”.

El gerente de Lima, José Miguel Castro, reconoce que La Parada es un tema pendiente y que “la municipalidad por sí misma no va a poder solucionar”. Alega que para detener el abastecimiento “falta la contribución decidida de la policía”. El control recae en los inspectores de tránsito y serenos, pero los policías deben dar seguridad.

Según la Gerencia de Transporte Urbano (GTU), en la zona hay todos los días 20 inspectores, desde la medianoche hasta las 6 a.m. Sin embargo, el general Luis Praeli, jefe de la Región Policial Lima, coincide en señalar que no hay vigilancia en las madrugadas. Arguye que desde agosto se solía movilizar a 200 policías en siete puntos de La Parada, pero ese apoyo se suspendió porque la comuna no cumplió con enviar inspectores todos los días y en los sectores acordados. “Era un desperdicio de personal”, refiere el general.

Un último compromiso del municipio es comprar el franco de 840 policías para ampliar la vigilancia a 9 puntos más durante la madrugada, pero a la fecha ello no se concreta. “Que no quede la impresión de que la comuna está con los brazos cruzados”, dice Castro. Sin embargo, todo apunta a que poner fin a este problema no es, por ahora, una prioridad. La comuna, además, ha pedido a la policía postergar cualquier intervención en La Parada para apoyar operaciones contra ambulantes en otras zonas de la ciudad.