PABLO OBRIEN

¿Cuál es su posición ante la nueva Ley del Servicio Militar? La ley está bien. El problema está con el sorteo. Creo que varios coincidimos en que el sorteo es discriminatorio. Y es discriminatorio, no por el origen social, sino por el factor económico. Los que tengan la capacidad de pagar S/.1.850 no van a ir a servir y los que no, sí. Eso es discriminatorio. Como militar estoy interesado en que los cuarteles tengan los efectivos necesarios, pero no así.

¿Por qué? Porque la imagen que se transmite con esta medida es negativa. Se va a seguir diciendo que solo hacen servicio militar o sirven en el Ejército los más pobres e inclusive los pandilleros. Y esta imagen afecta a los jóvenes que voluntariamente se presentan a hacer su servicio.

Para operar el armamento actual se necesita una alta especialización. ¿No cree que un servicio semiobligatorio tal como impone la nueva ley está un tanto desfasado? Lo ideal es tener un ejército enteramente profesional. El Perú tiene cinco fronteras terrestres que tienen que ser cuidadas, tenemos el problema del Vraem, además necesitamos contar con unidades especializadas para acciones de defensa civil. Ahora bien, si compramos satélites, podríamos reducir los puestos de vigilancia en las fronteras. La tecnología cumple mejor esas funciones, el problema está en que recién en el año 3000 el Perú tendrá ese tipo de satélites.

Tener satélites hoy no está fuera de nuestras posibilidades… Sí, pues, pero que los compren primero y luego vemos. Todo el mundo habla de las bondades de los satélites, pero a la hora de comprar, nada. Y eso que los satélites pueden servir para otras cosas como controlar y evitar la depredación de la Amazonía, medir el cambio climático, combatir el contrabando, al mismo tiempo que velar por la seguridad de nuestras fronteras.

¿Por qué no se priorizan estas compras, si en el fondo de defensa hay recursos? Los satélites, como usted dice, tienen utilidades complementarias. Es que no hemos modernizado nuestro concepto de seguridad. Seguimos pensando que es un asunto militar. Le pregunto: ¿La cocaína que sale por nuestros puertos, el contrabando, la depredación de la Amazonía son problemas militares?

No, obviamente. Entonces, la solución no es enteramente militar, es global. Un satélite permitiría controlar estos problemas. Entonces debe ser una prioridad, no solo del gasto militar o de defensa, sino del Estado. Tenemos que definir qué es seguridad hoy en día. En el mundo, la seguridad es un concepto multidimensional y transversal. En el Perú lo vemos como algo estrictamente militar. El Perú es el único país en el mundo que tiene una ley para utilizar a las tropas en el control de un conflicto social.

¿Insisto, por qué ocurre esto? Por la falta de actualización de conceptos y de doctrina. Mucha gente cree que los problemas del país tienen que solucionarse militarmente. Esto ocurre por falta de conocimiento, no solo en el Ministerio de Defensa sino también en la Comisión de Defensa del Congreso.

Llama la atención que, teniendo un presidente con formación militar, haya una visión tan limitada de la seguridad nacional. Creo que la responsabilidad de esta situación está en los funcionarios que llevan a cabo la política de seguridad nacional. El presidente no realiza estas tareas solo. ¿No? El presidente puede tener buenas intenciones, pero los responsables son quienes desarrollan las políticas y las estrategias. Y todos ellos están gestionando actualmente el Ministerio de Defensa o se encuentran en la Comisión de Defensa del Congreso.

¿Cómo salimos de este entrampamiento? Debemos ponernos de acuerdo todos en definir qué es seguridad. Tenemos que identificar nuestras amenazas y ver cómo enfrentarlas. La parte militar es solo un componente. Como dije, aquí existe la idea de que los militares tenemos que intervenir y solucionar todos los problemas de seguridad. No es así.

Como la delincuencia. Imagínese. He leído que un alcalde de no sé dónde…

De El Agustino… Sí, exacto. Ese alcalde quiere que los militares patrullen las calles. Con eso se atenta contra los derechos de los oficiales y soldados porque ellos no están capacitados ni equipados para esas tareas. Además, se desmoraliza a la policía, pues en vez de reforzarla le quitas responsabilidades para dárselas a otro. Con eso les mandas el mensaje de que como tú eres incompetente, mejor traemos a otro. Friegas a ambos porque a uno le das una tarea para la que no está preparado y al otro le quitas sus funciones.

Volvamos a la Ley del Servicio Militar. ¿Qué medida debe darse para que las Fuerzas Armadas cuenten con el contingente necesario sin afectar los derechos de los jóvenes? Aquí no se ha tomado en cuenta que el Ejército del Perú vive una situación similar a la de sus pares de México y Colombia. En estos tres países, sus Fuerzas Armadas, y en particular sus ejércitos, están siendo empleadas contra una amenaza como el narcotráfico.

¿Y eso a qué nos lleva? Veamos primero lo que sucede en México. Allí Estados Unidos entrenó y capacitó a una fuerza de élite. Mil efectivos de este cuerpo entrenado especialmente desertaron. Fueron ganados por el cártel del Golfo, la segunda organización de tráfico de drogas. Ahora repasemos Colombia. En ese país, muchas familias preferían que sus hijos se unieran a las FARC y no al Ejército, porque las FARC pagaban un sueldo y el Ejército colombiano, solo una propina. Hoy en Colombia han mejorado los sueldos de sus soldados. El Perú, en cambio, es el único Estado que paga propinas a sus soldados. Por ende, son vulnerables a ser captados por el narcotráfico. ¿Se ha evaluado este asunto clave para la seguridad del país?

Cada vez que alguien toca el asunto del pago a los soldados, se responde que hay que ver la disponibilidad de la caja fiscal, como si no fuera importante la seguridad para el desarrollo. ¿Quién invertía en el Perú en los 80 y comienzos de los 90? Nadie. Claro, no había seguridad.

Entonces, la gran amenaza es el narcotráfico. Claro, necesitamos soldados para combatir la gran amenaza del narcotráfico. No podemos ponerlos en una situación vulnerable pagándoles una propina. Me pregunto qué les ofrece el Estado a estos jóvenes por servir dos años y, sobre todo, qué obtienen cuando se licencian. Nada atractivo. Si no, no recurrirían al sorteo.

La solución pasa por pagarles un sueldo decente, pero usted mencionó que en México les pagaban bien e igual se pasaron al narcotráfico. Es que la realidad del narcotráfico en México y el Perú es distinta. Allá el narcotráfico está en otra fase. Nosotros hemos comenzado a sentir algunos de los síntomas, pero no a los niveles de México. En Colombia tienen un problema de terrorismo…

¿Y en el Perú no? Nosotros no tenemos terrorismo, tenemos narcotráfico. Hemos definido mal a nuestro enemigo en el Vraem. Se ha colocado a todo el Comando Conjunto del Perú para que combata el fenómeno del Vraem pensando que si se captura a los hermanos Quispe [Palomino, que controlan la cúpula senderista], solucionamos el problema. Y eso no es así.

¿Si en el Vraem no hay subversión sino narcotráfico, no debe ser combatido por la policía, como ocurrió en el Huallaga con resultados auspiciosos? Es que el problema del narcotráfico es integral. En el Vraem está la cocina de cocaína más grande del mundo y combatir esa producción de estupefacientes no pasa por una solución militar, sino integral. Sin embargo, enfrentamos el problema colocando soldados en las alturas de Vizcatán cuando lo que toca es controlar los insumos químicos. Hace siete años que las autoridades del país no se ponen de acuerdo para aplicar un software que monitoree la venta de esos insumos. A fines del año pasado se anunció como gran cosa que la Sunat realizaría ese control. Ya pasaron seis meses y acaban de anunciar que recién será para octubre. Más de 100 mil camiones y 40 mil empresas deben ser fiscalizados, pero en realidad nadie quiere realizar esa tarea. Me pregunto: ¿Incapacidad, lobbies de los comerciantes o estamos infiltrados por el narcotráfico? Se acaban de tirar abajo la Unidad de Inteligencia Financiera, así que uno podría pensar que es por lo último.

¿Si los militares, como dicen, tienen control territorial del Vraem, no pueden evitar que ingresen los insumos químicos o existe acaso un problema de corrupción? El problema es de orientación política. Si te dicen que el enemigo es terrorista y no narcotraficante, entonces te equivocas en la estrategia y en los medios para combatirlo.

¿Y esa orientación política errada es responsabilidad de…? Se sigue definiendo al enemigo como remanentes de Sendero Luminoso y no como una banda de narcotraficantes. No se quiere ver que el Perú es el primer productor de cocaína del mundo. Tenemos 12 cuencas sembradas con coca y unas cuantas más con amapola de las que nadie habla. Si uno ve lo que ocurre en Colombia, quien conduce la política es el presidente. En el Perú, por nuestro ordenamiento jurídico, debiera ser el primer ministro, pero no está cumpliendo esa función. No se dan cuentan de que el narcotráfico es un sistema y que debe ser combatido con un sistema.