Conectividad digital: ¿cómo está la brecha en las regiones y qué falta para atender la demanda futura?

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a julio del 2023, el 77,3% de la población -de 6 años a más- ha usado Internet en el país. Una cifra que llega al 89% de la población em Lima Metropolitana y al 80% en las zonas urbanas, mientras que en el área rural es de apenas el 51,2%.. Si bien hubo un aumento de uso frente al año pasado y se observa una paulatina reducción de la brecha digital entre el área urbana y rural, esta aún es evidente y hoy supera el 30%.

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Carlos Huamán, CEO de DN Consultores, precisa que estas cifras solo hacen referencia al uso de Internet, de quienes se conectan y utilizan este servicio en las zonas rurales, pero para ello debe haber acceso en esas zonas y, previamente, infraestructura de redes. Y ahí también hay una tarea pendiente.

Todo esto se refleja en el Índice de Conectividad Digital Regional 2023 (ICDR 2023), elaborado por DN Consultores y American Tower, proveedor de ‘infraestructura pasiva’ para los operadores de ‘telecom’ en varios países. El reporte, que mide las tres dimensiones: infraestructura, acceso (servicios) y uso (ciudadanía) nos muestra que las regiones de Loreto, Cajamarca y Huánuco son las que tienen menor conectividad en el país. En tanto, las más conectadas son Lima Metropolitana, Arequipa y Moquegua.

En el reporte también se puede observar que las regiones de Pasco, Apurímac y Huancavelica tuvieron el mayor avance en sus índices frente al 2019. Mientras San Martín, Ucayali y Huánuco retrocedieron posiciones.

Para Huamán, el informe muestra que a mayor ruralidad en la región, se presenta un menor índice de conectividad digital, por lo que el gran foco de la política pública debe estar en acelerar y poner énfasis en el ámbito rural, donde están los mayores desafíos de expansión.

“No es que sea imposible llegar o haya una restricción técnica porque las tecnologías van avanzando y permitiendo que sea factible, la complejidad es que implica mayores costos, hay un desafío en el costo por usuario, por kilómetro, por centro poblado para que sea sostenible económicamente”, sostiene el experto.

Pero además de infraestructura, remarca que también se requiere una renovación tecnológica porque en el ámbito rural se ha avanzado con despliegue de infraestructura; no obstante, “muchas veces los beneficios se agotan en 2G. Hace falta facilitar su evolución hacia 4G, cuyo equipamiento demanda más energía y sofisticación técnica”, afirma.

Para Victor Jauregui, vicepresidente comercial de Win, la falta de infraestructura de banda ancha en áreas rurales y remotas es un obstáculo importante. “El acceso asequible y la disponibilidad de dispositivos conectados son fundamentales para cerrar la brecha. Si bien el uso y la adopción de la tecnología son áreas críticas, a menudo se ven afectados por la falta de acceso y de infraestructura”, apunta.

Miguel Di Campo, gerente senior de Asuntos Públicos de American Tower para el Perú, Colombia y Costa Rica, señala que no solo se trata de llevar la infraestructura sino también que pueda acceder y promover su uso. Según indica son alrededor de 3 millones de peruanos y cerca de 100.000 centros poblados los que no tienen acceso a Internet y si tienen cobertura lo usan poco por diversos factores como bajo nivel de conectividad, ausencia de otros servicios o falta de alfabetización digital.

Un primer punto hacia ello es impulsar el desarrollo de infraestructura. Di Campo anota que si bien en los últimos 10 años se ha desplegado mucha, no ha sido al ritmo que se necesitaría ahora para cubrir la demanda que se viene. “Un habilitador importantísimo para el despliegue son las licitaciones de espectro y ahora se acaba de licitar una banda para 4G y hay un proceso de reordenamiento de la banda 3,5G para licitar espacios en 5G”, afirma. Lo que va a generar mucho más consumo de datos, por lo que calcula para dar ese nivel de cobertura, nuestro país tendría que casi triplicar su infraestructura existente con miras al 2032, Esto es que se tendrían unas 56 mil estaciones base de telecomunicaciones.

Todo ello implica mucha inversión y en esa ruta se requieren también otras medidas como generar nuevos modelos de despliegue de infraestructura digital, en vista también de que el modelo tradicional no resolvió el problema de la brecha de cobertura, comenta Teresa Gomes, CEO de Internet para Todos, programa impulsado por Telefónica, Meta, BID Invest y la CAF.

“Para ello es clave la cooperación, de modo que los operadores puedan compartir infraestructura y expandir la conectividad, así como desarrollar redes neutras mayoristas, que permitan que diversas empresas las puedan utilizar”, explica. Jauregui también destaca que se trata de una estrategia eficaz para expandir la conectividad en áreas donde la inversión en infraestructura es costosa e inviable para los operadores. Esto implica compartir activos como torres de comunicación, postes, ductos y otros elementos de la red.

Además de ello, Huamán destaca la necesidad de fortalecer los incentivos normativos y regulatorios para incentivar a que los operadores inviertan más para llegar a las zonas mamás alejadas. Una de estas medidas es el canon por cobertura, que consiste en que las operadores pueden destinar hasta el 60% del pago por el uso del espectro radioeléctrico a inversiones para expandir la infraestructura ‘telco’ en zonas rurales. “A la luz de los buenos resultados, podría ser extendido a otras obligaciones económicas como la tasa de explotación comercial o multas regulatorias”, propone. Di Campo, a su vez, comenta que en países como Colombia ese porcentaje llega al 90% en un modelo parecido.

Desde WOW, el operador de Internet de fibra óptica que ha crecido mucho en provincias, añaden que su estrategia de enfocarse más en provincias y no solo en las capitales de los departamentos ha sido importante y es uno de los pilares de la democratización del acceso a Internet de alta velocidad 100% de fibra óptica en todo el país, comenta Rodrigo Arosemena, CCO de WOW.

Para ello será necesario establecer un diálogo fluido entre el sector privado y el sector público, dado que-como indica Jauregui- el cierre de las brechas de conectividad requiere un esfuerzo conjunto y una visión a largo plazo. En esa línea, Huamán cree que se puede trabajar en la transformación de un modelo regulatorio sancionador a uno que sea promotor de la innovación de los servicios. Y también en la implementación de programas de alfabetización digital, productiva y social a medida de cada región, adecuando contenidos, con una mayor articulación entre el MTC, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y ministerios, así como gobiernos regionales y locales, que permita promover su uso.

En tanto, Jauregui, de Win, considera que se pueden brindar subsidios para que las familias de bajos recursos puedan acceder a servicios de Internet asequibles y , de otro lado, trabajar una regulación efectiva, que pueda garantizar regulaciones que fomenten la inversión y la competencia.

Para todo ello, remarca Di Campo, es importante el tema de la predictibilidad. De ese modo, se podrán abarcar las tres dimensiones para reducir la brecha de conectividad en el país, ya que “con la infraestructura se generan los servicios y así el uso y con un mayor uso se necesita más infraestructura por la mayor demanda y así se crea el círculo virtuoso”, asegura.