Keiko Fujimori ha sido acusada por presunto lavado de activos y otros delitos. La acusación espera entrar en etapa de control.
Keiko Fujimori ha sido acusada por presunto lavado de activos y otros delitos. La acusación espera entrar en etapa de control.

Las defensas del caso de los aportes a las campañas fujimoristas contaron con más días a lo previamente dispuesto para realizar observaciones a la acusación fiscal que se formuló contra la lideresa de Fuerza Popular, , de acuerdo a una reciente resolución del juez Víctor Zúñiga Urday.

Tras un pedido de la defensa de Keiko Fujimori, el magistrado a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria determinó que el plazo pase de 10 a 20 días hábiles, que serán computados desde la notificación de la acusación, es decir desde el 7 de junio pasado.

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El plazo inicial debió haber terminado el pasado 21 de junio. Finalizado este lapso, se iba a dar espacio a la convocatoria a la primera audiencia por el control de acusación. Se espera que ahora esto ocurra en las próximas semanas.

Según la resolución, el juez indica que el Código Procesal Penal establece que en el plazo de 10 días los sujetos procesales podrán observar la acusación del fiscal, y al mismo tiempo, Zúñiga añade que considera que en algunas circunstancias, estos plazos pueden variar.

“En ese sentido, y en atención a que se debe garantizar el derecho a la igualdad de armas, el Juzgado considera razonable extender el plazo a favor de las defensas para que realicen lo que mejor consideren respecto de la acusación, en los términos del artículo 350, hasta veinte días, debiendo dejarse sentado que no se computará desde la notificación con la presente decisión, sino desde la notificación con el requerimiento mixto”, se lee en el documento.

En su requerimiento, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, había solicitado que el plazo se entienda hasta 30 días para revisar la acusación.

Explicó que, en este caso, al ser “inéditamente voluminosa”, la acusación debía ser vista en un plazo que exceda los 10 días, previamente indicados.

“Es material y humanamente imposible poder estudiar y analizar un documento tan complejo y voluminoso en el plazo de diez días, pues, sólo por hacer una simple formula, tendríamos que analizar cuatro tomos por día y luego, recién empezar a formular nuestras respectivas defensas que comprende, como es sabido, objeciones formales, materiales y ofrecimiento de pruebas, contra una acusación que está requiriendo una pena de más de 30 años contra mi patrocinada”, indica la defensa de Fujimori.

Entre las observaciones que podría presentar la defensa se encuentran las de carácter formal, para solicitar precisiones a las imputaciones o aclaraciones vinculadas al rol de cada uno de los miembros de la presunta red criminal. Además, también podría solicitar el sobreseimiento del caso, es decir que se archive.

Keiko Fujimori ha sido acusada por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. El Ministerio Público ha solicitado 30 años y 10 meses de prisión en su contra.

El fiscal José Domingo Pérez sindica a Fujimori como la lideresa de una organización criminal, enquistada en el partido político Fuerza Popular, dedicada al lavado de activos ilícitos provenientes de empresas como Odebrecht, de Dionisio Romero Paoletti y otros.

Para cometer este delito, según la fiscalía, se hizo uso de aportantes falsos quienes, mediante el ‘pitufeo’, ingresaron el dinero ilícito a las cuentas del partido.

Aquí fue clave el testimonio de Jorge Yoshiyama Sasaki, quien aseguró que Keiko Fujimori conocía de los aportes de Odebrecht y le pidió conseguir aportantes fantasma.

Giulliana Loza indicó a El Comercio que ha venido presentando algunos escritos con observaciones a la acusación en todos sus aspectos, “porque es totalmente deficiente”.

Pedido no es usual

Consultados por este Diario, los abogados penalistas Andy Carrión y Carlos Caro consideraron que el pedido hecho por la defensa de Keiko Fujimori no es usual en procesos judiciales, aunque es constitucional.

Carrión indicó que el pedido de 30 días por parte de la acusada “es un exceso”, y que el juez habría valorado garantizar al máximo el derecho a la defensa.

“Treinta días es demasiado, la ley habla de 10 días, puedo entender problemas de notificación, pero de ahí a 30 días me parece excesivo, porque han habido incluso casos más grandes que estos donde a todos daban 10 días, me parece un exceso, pero el juez ponderando el pedido y ha dado 20 días”, sostuvo.

El especialista recordó que el magistrado ha afrontado más de una decena de pedidos por parte de la defensa para ser apartado del caso y que, tras la decisión de ampliar el plazo “quiere un poco curarse en salud”.

“Se debe tomar en cuenta que como han habido muchas recusaciones en contra del juez, lo que quiere es garantizar al máximo el derecho de defensa, que no llegue el día de la audiencia y los abogados ahí recién estén planteando algunas deficiencias, que nadie se queje al final de que no pudo absolver esta acusación”, apuntó.

En tanto, Carlos Caro anotó que el pedido de ampliar el plazo se justificaría debido a la extensión de la acusación fiscal. “No es usual, pero estamos ante un caso super complejo”, dijo.

“El juez tiene que sujetarse al plazo previsto en la ley, pero de manera excepcional, si ve que una determinada norma puede afectar el debido proceso puede ampliar el plazo”, afirmó.

“Si el fiscal ha presentado una acusación de más de 13 mil folios, el juez puede ir más allá para garantizar el debido proceso puede ser una inobservancia a la ley pero no es inconstitucional porque la Constitución establece que el debido proceso es una garantía que debe respetarse”, agregó.

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