Perú Libre alista proyecto para formalizar el taxi colectivo en Lima: ¿quiénes están detrás?

En menos de dos años se han presentado hasta seis proyectos de ley en el Congreso de la República para modificar la normativa actual del taxi colectivo, buscando ampliar las exigencias y su inclusión al sistema de transporte de Lima Metropolitana y Callao. De estas iniciativas, cuatro corresponden a Perú Libre, uno a Acción Popular y otro al Bloque Magisterial. Si bien todas permanecen en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, sus principales propulsores han prometido su aprobación, cueste lo que cueste. De hecho, El Comercio conoció que se buscaría ponerlos en agenda del pleno pronto.

Esta historia inicia antes de la campaña presidencial de Pedro Castillo, cuando el entonces candidato de Perú Libre anunció, en favor de los taxis colectivos, desactivar la Sutrán y la Autoridad del Transporte de Lima y Callao (ATU), brazos fiscalizadores de este servicio ilegal en la capital. Así buscaba ganarse los votos de al menos 150 mil colectiveros de todo el país y, sobre todo aquellos que operan en Lima. La primera evidencia de este vínculo entre Perú Libre y este tipo de transporte es el prófugo ex ministro de transportes Juan Silva, quien arrastraba papeletas por hacer transporte informal en un vehículo de su propiedad.

Formalizados en 23 regiones, ahora van por Lima

Como lo reveló El Comercio, el mayor promotor de la formalización de los colectiveros en la capital y el primer puerto es el congresista perulibrista por Amazonas Segundo Toribio Montalvo Cubas. De hecho, es el autor de tres de las iniciativas propuestas, incluyendo el proyecto 4909/2022 -presentada en mayo del 2023-, el cual plantea “incluir las circunscripciones de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao” a la ley actual. Cabe señalar que la ley 3109, que precisa los alcances de la formalización del transporte de pasajeros en automóviles colectivos, dispone -entre otros aspectos- que las circunscripciones de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao quedan excluidas de dicha formalización.

Este Diario comprobó que Montalvo Cubas registra cuatro papeletas, tres de ellas impuestas el mismo día por desacatar las indicaciones de la autoridad de tránsito, no presentar documentación y no llevar placas de rodaje. Ello motivó la cancelación de su brevete. Por otro lado, Montalvo aparece como imputado penalmente en el distrito fiscal de Amazonas en cuatro procesos: por robo (simple) en octubre del 2005; delitos de receptación y hurto agravado (casa habitada) en julio del 2009; usurpación en el 2015; y falsa declaración de procedimiento administrativo en octubre del 2018.

En ediciones anteriores, El Comercio reveló que el congresista Waldemar José Cerrón Rojas -también de Perú Libre, en representación de Junín- aseguró durante una reunión con colectiveros que esta formalización está “asegurada [...] así sea por insistencia”. Es uno de los ocho coautores que firmaron la iniciativa liderada por Montalvo, todos pertenecientes al partido Perú Libre (incluyendo a dos legisladores del partido que renunciaron a la bancada). Es uno de los ocho coautores de la iniciativa de Montalvo. En conjunto, todos los congresistas involucrados en la firma del proyecto fueron elegidos con un total de 113,152 votos.

La congresista Kelly Roxana Portalatino Ávalos, elegida por Áncash y exministra de Salud durante el gobierno de Pedro Castillo, es una de las coautoras del proyecto en cuestión. Según comunicó por medio de sus redes sociales, “al formalizar al taxi colectivo [se] permitirá generar utilidades al Estado [y] mejorar la calidad de vida de más de 100 mil familias”. Asimismo, señaló que la medida “permitirá el acceso a zonas [donde] no llegan los corredores”, además de mencionar que “los mayores beneficiarios [de no formalizar el taxi colectivo] son las grandes empresas transportistas con subsidios”.

Portalatino se encuentra envuelta en medio de una polémica por la contratación de dos personas cercanas a su entorno familiar, según documentó el dominical Punto Final. Se trata de Rommy Vásquez Yáñez, hijastra de Cristhian Risso Portalatino, medio hermano de la congresista, y Cindy Ríos Chichi, señalada como la conviviente de Anderson Portalatino Ávalos, hermano de la legisladora.

Incluso desde la clandestinidad, el prófugo Vladimir Cerrón -fundador de Perú Libre- se expresó de manera similar a Portalatino y compartió la motivación de su bancada. “[Se] evidencia que su principal preocupación [de las empresas que administran los corredores complementarios] no es la seguridad de los pasajeros, sino salvaguardar el lucro de las concesionarias. Para Perú Libre, el pueblo debe recuperar sus vías y su derecho al trabajo que corruptamente lo han privatizado”, escribió a fines de marzo.

Días antes a la expresión anterior, el líder perulibrista enfatizó en que se “debe formalizar a nuestra clase proletaria para garantizar el ingreso económico a sus familias. Si esto va en detrimento de los que han monopolizado y privatizado las vías públicas, habrá que hacerlo”. Los demás firmantes del proyecto 4909/2022 son Flavio Cruz Mamani, Américo Gonza Castillo, Isaac Mita Alanoca, Alfredo Pariona Sinche, Janet Milagros Rivas Chacara y Alex Randu Flores Ramírez.

En diciembre del 2023 ingresó a la Comisión de Transporte del Congreso la última iniciativa que busca replantear la normativa vigente para los taxis colectivos. Montalvo es el autor y también plantea la modificación de la ley 3109. Precisamente, busca unificar los requerimientos mínimos para los vehículos M1 que pueden ofrecer el servicio de taxi colectivo.

El actual Reglamento establece características mínimas requeridas según el tipo de servicio: nacional, interregional, interprovincial o interdistrital. Básicamente, Montalvo ha propuesto que los requerimientos sean los mismos para los cuatro modelos. Mientras que actualmente se exige a los vehículos M1 del servicio nacional e interregional un peso neto de 1.100 kilogramos, cilindrada mínima de 1.600 cc o potencia de motor mínima de 110 hP y una antigüedad máxima de cinco años, los estándares del proyecto plantean un peso de 1.000 kilogramos, cilindrada de 1.250 cc y una antigüedad máxima de 15 años.

Los congresistas Mita, Gonza, Portalatino, Cerrón, Cruz y Palacios también son coautores de este proyecto legislativo. María Antonieta Agüero Gutiérrez, también de la bancada de Perú Libre, figura como otra de las firmantes. En mayo del 2022, Montalvo Cubas también presentó otra propuesta que usaba la guerra entre Rusia y Ucrania como pretexto para modificar la ley vigente. En básico, también se intentó disminuir los parámetros de tamaño y potencia de los vehículos mínimos para ofrecer los servicios de taxi colectivo. Asimismo, se propuso extender la antigüedad de los automóviles a los 15 años. Siete congresistas de Perú Libre apoyaron la iniciativa.

Guido Bellido, quien ahora forma parte de la bancada Perú Bicentenario, también presentó una propuesta legislativa al respecto. Se planteó la creación de la ley de transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos. El proyecto, que contó con la coautoría de cinco miembros de Perú Libre, plantea que las unidades autorizadas para brindar el servicio sean “M1 con carrocerías sedán, station wagon, hatchback, SUV o multipropósito; M2 hasta con 20 asientos; y de manera excepcional [...] los de categoría N1 con carrocería pick-up”.

Para Franklin Barreto, exjefe de investigación de accidentes de tránsito de la PNP, promover la formalización de autos colectivos de Lima y Callao es “un retraso en la reforma del transporte”. Indicó que lo que buscan los congresistas que apoyan esta iniciativa es capitalizar los potenciales votos que pueden obtener, valiéndose de los vacíos que en la norma con miras a lograr un servicio de transporte realmente eficiente.

“Este tipo de decisiones no contribuyen en nada en lograr un avance. Hay una importante cantidad de votantes que prácticamente viven de esta informalidad. Pareciera que se juega en pared con el mismo Ejecutivo, porque da retrocesos permanentes ante cualquier proceso de reforma. Tanto así que la política nacional multisectorial de seguridad vial que fue anunciada con bombos y platillos el año pasado, hasta ahora no tiene ningún resultado relevante en el tránsito y menos en el transporte”, dijo.

Barreto señaló que si Waldemar Cerrón, y otros congresistas, quisieran el bien para el país deberían procurar una solución integral al transporte, proporcionar leyes que fueran encaminadas a ordenar el sistema de transporte y no a desordenarlo. Resaltó que el transporte debe ser considerado como una actividad profesional, no como una ocupación que sale de la necesidad y de no tener nada más que hacer.

“Estamos en en la misma situación que cuando la policía interviene a los delincuentes y dicen que roban por necesidad. Acá el transporte está en la misma categoría, los transportistas están por necesidad, no porque sea una actividad oficial y profesional, y esto con la anuencia de nuestros legisladores que deberían, por el contrario, ver la forma de ordenar todo esto”, expresó.

Por su parte, el gerente general del gremio de transporte interprovincial, Martín Ojeda, señaló que todo este asunto es una táctica para que se apruebe la norma y ampliar la ruta de autos colectivos, abarcando Lima y Callao. En ese sentido, dijo que esta iniciativa no solo es respaldada por Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo, sino que también hay más funcionarios, como un congresista de Acción Popular.

“Estos señores están boicoteando, desde el punto de vista técnico, la posición técnica del MTC y a su vez buscan ampliar a Lima y Callao los autos colectivos a través del proyecto de Segundo Montalvo. (lo dicho por Cerrón) es un peligro porque el proyecto va a ser maniobrado, no desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista político”, sostuvo.

Ojeda consideró que es lamentable que las políticas de transporte en beneficio del país sean socavadas por intereses económicos, pues precisó que vulnerar el transporte formal no es un tema simplemente populista.

“De qué sirve en estos momentos el corredor, el plan regulador de rutas, el Metropolitano, si los informales van a modificar las normas y van a pedir que la combi y auto colectivo circulen. Estos señores no tienen ningún tipo de criterio empresarial, van a evadir impuestos, van a a correr como quieren, no van a tener patio de maniobras, no van a tener planilla, van a manejar mal, etcétera”, agregó.

Asimismo, señaló que paralelamente existe un Ejecutivo “débil”, que depende mucho del Congreso para poder “sobrevivir”, por lo que no intenta frenar enérgicamente estas iniciativas. De igual manera el MTC, pues criticó que a veces tenga un discurso de apoyo a la formalización, pero que al mismo tiempo tenga una “lentitud y parsimonia” que no conduce a lograr los objetivos deseados.

Partido político de los colectiveros

Todo esto ocurre meses después de que El Comercio revelara que el gremio de taxis colectivos se encuentra formando su propio partido político y una de sus principales batallas será su formalización en Lima. El chat de coordinación reúne a por lo menos tres gremios de colectivos informales y hasta un abogado que impugnó multas por S/11 millones.

También participa Alfredo Araujo Polo, el rey de las impugnaciones de papeletas, un abogado que logró anular 582 papeletas equivalentes a 11 millones de soles. Precisamente la eliminación de papeletas es lo que más exige el sector del transporte informal.

El taxi colectivo ha sido responsable de una gran cantidad de siniestros viales, pues su modelo de negocio depende de la velocidad de los vehículos para rentabilizar, y sus choferes circulan sin brevete, sin SOAT para transporte público, sin paraderos definidos y con miles de soles en multas. Pese a ellos fue formalizado por el congreso.

Incluso el propio congreso autorizó la circulación de vehículos piratas sin las mínimas condiciones de seguridad: hablamos de esas pequeñas minivanes cuyo uso ni siquiera está permitido en su país de fabricación (China). Se sabe también que la proliferación del taxi colectivo es lo que causa la congestión vehicular en gran parte de las ciudades del Perú.

El Comercio publicó hace unos meses un informe explicando que durante la gestión de la ex ministra Paola Larzarte, el MTC redactó el proyecto de resolución ministerial que definía las 190 rutas para estos vehículos en la macro-región norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín y Cajamarca). La polémica es que estas son rutas en apariencia aisladas, pero muchas de ellas se unen como una sola gran ruta, ocupando una gran extensión de la Panamericana Norte donde sí existe una oferta formal.