"Todos, como se sabe, fueron elegidos por medio de un proceso de selección distinto al originalmente previsto, ya que este desembocó en un fiasco que terminó con ningún postulante jurando al cargo".
"Todos, como se sabe, fueron elegidos por medio de un proceso de selección distinto al originalmente previsto, ya que este desembocó en un fiasco que terminó con ningún postulante jurando al cargo".
Editorial El Comercio
Editorial El Comercio

Transcurridos 386 días desde que la ciudadanía aprobó, a través de un referéndum, el inicio del proceso para implementar la en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) –caído en desgracia luego de que una serie de audios revelaran los acuerdos por debajo de la mesa que hacían algunos de sus miembros para favorecerse mutuamente–, el 30 de diciembre del 2019, la comisión especial encargada de que aquella comenzara a funcionar, presentó a los siete miembros titulares y suplentes que la conformarán a partir del 6 de enero.

Así,serán los abogados Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, Luz Inés Tello, María Zavala Valladares, Imelda Julia Tumialán, Marco Tulio Falconí y Antonio Humberto de la Haza. Todos, como se sabe, elegidos por medio de un proceso de selección distinto al originalmente previsto, ya que este desembocó en un fiasco que terminó con ningún postulante jurando al cargo.

Sin embargo, revelada la identidad de los futuros miembros de la Junta, los cuestionamientos al pasado de algunos de estos no se hicieron esperar. Uno, por ejemplo, tiene que ver con la carga política que parece envolver a algunos de los elegidos. Entre los nombrados hay dos exministros de Justicia (Vásquez durante el gobierno de Ollanta Humala y Zavala en el de Alan García), un viceministro de Derechos Humanos de la gestión humalista (Ávila) y un exparlamentario por el extinto partido Perú Posible (Falconí). Y si bien queda claro que un paso por el Poder Ejecutivo o Legislativo no tiene por qué (per se) significar una mácula en el currículum de nadie, lo importante y sensible del rol que debe cumplir la JNJ quizá debió motivar que se nombrara a individuos cuya neutralidad no pudiera ser ni remotamente discutida.

Asimismo, como reveló ayer este Diario, hay dos miembros de la JNJ que registran llamadas con el exjuez supremo César Hinostroza (uno de los principales involucrados en el escándalo de corrupción que terminó en la desactivación del CNM): Marco Tulio Falconí y María Zavala Valladares. Ciertamente, la sola comunicación telefónica con una persona no significa que se comulgue con ella de alguna manera, pero dados los antecedentes del señor Hinostroza y la retahíla de conversaciones nefastas que lo han tenido como protagonista, es inevitable que este hecho ensombrezca la designación de los referidos integrantes de la Junta.

Empero, con prescindencia de todo lo anterior, no deja de ser positivo que, finalmente, se haya logrado echar a andar la JNJ y resulta indiscutible que, por lo trascendental de sus funciones, quienes la componen tendrán la oportunidad de conjurar, en la cancha, cualquier duda que puedan suscitar. Esa es, en suma, la expectativa de todos los peruanos y lo que debería contribuir a cambiarle la cara a nuestro alicaído sistema de justicia.

En esa línea, quizá la mayor responsabilidad que va a tener este grupo de trabajo concierne a la revisión de los nombramientos de jueces y fiscales supremos que realizó en el 2015 el CNM. En este grupo hay individuos sobre los que pesan graves cuestionamientos, como los fiscales supremos Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez Monteza y Luis Arce Córdova, así como los jueces supremos Ángel Romero y Martín Hurtado, todos vinculados al Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Asimismo, esta institución tendrá la posibilidad de enfrentar al extitular del Ministerio Público Pedro Chávarry a un proceso disciplinario, hacerlo responder por la plétora de gravísimas denuncias que se han hecho en su contra y evaluar su necesaria destitución.

A lo anterior se suman las otras tareas que la JNJ debe cumplir, como la de revisar y evaluar al personal que permaneció tras la desaparición del CNM: aún hay funcionarios que continúan percibiendo sueldos pese a que el ente está desactivado. Corresponde, entonces, que la Junta haga una evaluación exhaustiva de quienes compondrán su estructura administrativa, separando la paja del trigo y procurando que opere de la manera más eficiente posible.

Así las cosas, solo queda esperar que la flamante JNJ esté a la altura de los cambios que esperamos ver en nuestro sistema de justicia. Tras los escándalos de la institución que la precedió, es necesario recuperar la confianza del país.

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