Editorial: Turbulencia antes del despegue

La decisión de modificar el contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, concesionado al consorcio Kuntur Wasi durante el gobierno de Ollanta Humala, ha despertado algunas críticas y la atención por parte de la población cusqueña interesada en el proyecto y de la opinión pública en general. 

Como se sabe, Kuntur Wasi tenía que asumir los costos de la construcción del aeropuerto con financiamiento privado y, al finalizar la obra, debía recibir un reembolso por parte del Estado ascendente a US$265 millones (correspondientes al pago anual por obras o PAO) más los intereses que hubiera pagado por dicho financiamiento. Sin embargo, cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recibió la propuesta de endeudamiento por parte de la concesionaria constató que los US$265 millones iniciales se convertían en aproximadamente US$800 millones por reembolsar al sumar los intereses del financiamiento. 

Así, considerando el elevado costo que ello implicaba, el gobierno decidió proponer la adenda del contrato, de modo tal que el Estado le iría pagando al concesionario los US$265 millones en partes (por avance de obras) y antes de lo previsto, y evitaría tener que reembolsar un monto mucho mayor por concepto de intereses. Se trataba de una salida con ciertos costos (pues cambiaba algunas condiciones importantes del contrato de concesión y suponía que el Estado tuviera que desembolsar anticipadamente una buena cantidad de dinero), pero menos onerosa que no hacer nada al respecto.

Además, contrariamente a lo señalado por algunos representantes del Frente Amplio –incluyendo a su ex candidata presidencial Verónika Mendoza– y el parlamentario de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde, ‘anular’ la concesión (y convertirla en obra pública) alegando que el financiamiento propuesto por la concesionaria era muy costoso sencillamente no tenía asidero legal. De hecho, en el mes de octubre del año pasado, la Contraloría General de la República ya había revisado el contrato y advertido que, por su generalidad, no había límites al tipo de endeudamiento y tasas de interés que podía obtener la concesionaria. En este contexto, si el Estado pateaba el tablero, hubiera tenido, con seguridad, que lidiar con un arbitraje en una posición desfavorable y afrontar el pago de una millonaria indemnización a la concesionaria, además de sufrir la postergación de la construcción del aeropuerto por algunos años más.

Bien explicada la situación, entonces, resultaba evidente que la administración de Peruanos por el Kambio había optado por una alternativa imperfecta pero razonable, considerando la precaria circunstancia que había heredado de la administración nacionalista.

El video “explicativo” del presidente Kuczynski difundido el último lunes, sin embargo, poco aportaba a un esfuerzo clarificador. En medio de un mensaje muy enredado, el mandatario únicamente hizo referencia a un ahorro de US$590 millones de intereses, sin explicar su origen y obviando considerar en sus matemáticas el costo financiero que asumiría el Estado al pagar con antelación lo que inicialmente debía reembolsar luego de unos años. 

Más preocupante aun fue que el Ejecutivo haya postergado la firma de la adenda y el inicio de la construcción del aeropuerto, previstos originalmente para el lunes pasado, so pretexto de una exhortación de parte de una comisión multipartidaria del Congreso. Pues ni el Congreso tiene potestad para impedir la celebración de un contrato por parte del Ejecutivo (y mucho menos una comisión parlamentaria), ni resulta lógico que el gobierno tenga que poner en ‘stand by’ sus actividades cada vez que enfrenta alguna objeción del Parlamento. Y si así fuera, entonces no tendría sentido el anuncio de que van “a ir adelante” con el proyecto sin “dejar[se] intimidar” como aludió el presidente Kuczynski en su mensaje audiovisual.

Ahora que el Ejecutivo ha vuelto sobre sus pasos y reprogramado la firma de la adenda del contrato del aeropuerto de Chinchero para este viernes, sería recomendable que muestre mayor estabilidad y deje de añadirle turbulencia política a un proyecto que recién está por despegar.