(Foto: El Comercio)
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Enzo Defilippi

A raíz de la compra de la cadena de farmacias Mifarma por su principal competidor, Inkafarma, mucha gente ha expresado temor de que los precios de los medicamentos vayan a subir, lo que ha sido usado como argumento por algunos políticos para insistir en la creación de un mecanismo de control de fusiones en el Perú.  

A mí me parece que, hasta el momento, el debate se ha dado más en el terreno ideológico (“los mercados son perfectos” vs. “la regulación es necesaria”) que en el técnico (“¿Cuál es la evidencia?”). 

La verdad de la milanesa es que los mercados no son perfectos. Hasta en los más competitivos se encuentran productos que no valen lo que cuestan, precios que suben en vez de bajar, nichos que no son atendidos y un largo etcétera de imperfecciones.  

Pero que los mercados no sean perfectos no quiere decir que la intervención estatal, que es aun más imperfecta, los vaya a mejorar. Suponer, a priori, que eso ocurrirá no es muy diferente que creer que la delantera del Barcelona FC (que a veces falla) será más efectiva si la reemplazamos con la del Sport Boys (que falla mucho más). Por eso, un principio básico de las políticas públicas es que la intervención solo tiene sentido cuando las fallas son grandes y evidentes (como en servicios públicos monopolizados). 

En el caso concreto de las fusiones, lo esperable es que generen reducciones de costos que la competencia obligará a trasladar al público en la forma de menores precios. Por ello, para que el control propuesto funcione, debe poder identificar aquellas que vayan a producir efectos negativos (las excepciones) y neutralizarlas, ya sea bloqueándolas o poniendo condiciones para que estos no se materialicen. 

Después de más de 100 años de implementado, la evidencia a favor de este mecanismo debería ser contundente. Pero no es así. De existir, es tan escasa que ni yo ni otros colegas la hemos encontrado.  

La que sí hemos encontrado es la que indica que, en Estados Unidos, el control de fusiones es inefectivo para evitar lo que debería evitar. En un estudio de más de 40 operaciones aprobadas por las autoridades (la mayoría ni se revisan), se encontró que los precios subieron en tres cuartas partes de los casos, pero más cuando las fusiones se aprobaron condicionadas a los remedios más intrusivos (Kwoka, 2013). Es decir, la evidencia apunta a que este mecanismo no sirve para diferenciar las fusiones buenas de las malas ni para evitar los efectos adversos de las últimas. ¿Alguien puede argumentar, seriamente, que el Indecopi será más efectivo que sus pares estadounidenses?  

Peor aún, dado que el Perú es un país muy poco institucionalizado, el Gobierno podría utilizar este mecanismo para influir en las decisiones empresariales. De hecho, ello parece ocurrir hasta en los países desarrollados. ¿Cómo mejora eso la eficiencia de los mercados o favorece a los consumidores? 

Bajo el régimen actual, es esperable que algunas fusiones generen efectos adversos. Pero no tiene sentido que, para evitarlo, importemos un sistema que difícilmente identificará cuáles y que probablemente generará peores efectos que los que quiere evitar. La lavada nos saldría mucho más cara que la camisa.