Contraloría detecta 45 funcionarios y exfuncionarios involucrados en ‘pagos fantasmas’ de municipalidades

Hasta septiembre, la Contraloría de la República ha emitido nueve informes de control en los que identifica estas operaciones en 8 municipalidades y 1 gobierno regional que involucran un monto total de casi 36 millones de soles. No obstante, el máximo órgano de control continúa investigando el caso de la San Borja, y aún no se ha pronunciado sobre los robos en las municipalidades de Atalaya (Ucayali) y Supe (Lima), cuyos robos sumarían casi 11 millones de soles.

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Estos pagos, denominados por la Contraloría como ‘pagos fantasmas’, fueron transferidos a empresas o personas bajo el concepto de prestación de servicios o por cobertura de inversiones de valorización, pese a que no tenían ningún vínculo laboral con la entidad involucrada. Las operaciones se realizaban en la madrugada y en un promedio de 8 minutos. “Para hacer estos movimientos se debe seguir una serie de procedimientos internos que demoran entre uno y dos días” explicó Hialmer Ordinola, gerente de Administración y Finanzas de la municipalidad de San Borja. De estas cuentas se volvían a realizar transferencias a dos o tres personas que retiraban el dinero simultáneamente.

La modalidad de transacciones fantasmas consiste en el uso irregular de un código autorizado del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que, según la Contraloría, eran usados por funcionarios y servidores públicos de las entidades.

En esa misma línea, desde el MEF han asegurado que se utilizaron los usuarios de las entidades y que no eran usuarios creados recientemente. “Se ha verificado en la base de datos del sistema que las transacciones se realizaron en el módulo administrativo de las entidades afectadas utilizando los usuarios y claves de los responsables de cuenta”, explicaron.

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Funcionarios implicados

Por ello, se ha determinado presunta responsabilidad civil, penal o administrativa en 10 funcionarios y 35 exfuncionarios de entidades subnacionales de Lima, Callao, Tumbes, Loreto y Ucayali. La mayoría tenían los cargos de gerentes y subgerentes de Finanzas, de Administración o de Planeamiento de Presupuesto.

Los informes detallan que uno de los errores fue no dar de baja a los usuarios de los funcionarios que ya no laboraban en las municipalidades y que ese hecho es responsabilidad de las gerencias de administración y las oficinas de sistemas e informática.

En el caso de Municipalidad Provincial de Ucayali, ubicada en Loreto, se identificó que cinco funcionarios permitieron la creación de un usuario SIAF a un locador de servicios con el objetivo de que pueda acceder y registrar datos falsos en el sistema y así emitir cinco certificaciones presupuestales que luego fueron pagadas mediante 17 cheques por más de 1,4 millones de soles.

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Las municipalidades responden

Tres municipalidades afectadas –la de San Borja (Lima), Ventanilla (Callao) y Atalaya (Ucayali)– contrataron peritajes que identificaron la creación de usuarios validados por el MEF, según se detalla en los informes técnicos enviados por las entidades a la Contraloría.

En agosto, Fredy Cruces, procurador de la Municipalidad de San Borja dijo a este Diario que “el elemento común en todos estos robos es el SIAF”. Del mismo modo, Ricardo Rodríguez, gerente municipal de Ventanilla, en donde la Contraloría ha detectado tres funcionarios y cuatro exfuncionarios involucrados, resaltó que el peritaje a los sistemas de seguridad informática determinó debilidades en este sistema. Una de las más importantes es el uso de una plataforma informática de registro de datos de 1994, la cual la vuelve vulnerable.

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Cantidad de dinero robado a cada entidad

Por ello, las municipalidades le pidieron a la Contraloría realizar un análisis al SIAF. No obstante, esta solicitud aún no recibe respuesta. El MEF aseguró que el SIAF ha estado operativo desde 1999, y que se le han realizado constantes mejoras, y resaltó que este año se está realizando un proceso de migración de la versión SIAF cliente a una versión Web. Además, recalcaron que “al ser un aplicativo de escritorio, la seguridad es responsabilidad de las Entidades”.

En los informes de la Contraloría tampoco se menciona que en algunos casos las personas a las que se les hizo la transferencia son las mismas como Jonathan Paredes Loayza, implicado en un robo efectuado a la Municipalidad de Supe y en la Municipalidad de Ventanilla, y Julio Steevenson Gutierrez Silva, implicado en robo efectuado a la Municipalidad de Ventanilla y detenido por robo en la Municipalidad de San Borja.

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