Martín y sus siete vidas, por Fernando Vivas

La narrativa conservadora de ‘secretaria despechada acusa a jefe’ es la principal arma de defensa para el ex presidente que ha criado fama de rompecorazones por un ‘ampay’ al que Tito Silva puso soundtrack que viralizó un chat calentón por todo hispanoamérica: ‘Mi bebito fiu fiu’. Atrapando la oportunidad como a un beso volado, Vizcarra reavivó su campaña al 2026, asunto pírrico pues está inhabilitado para postular a cargos públicos (aunque su partido Perú Primero tenga inscripción válida). Tan imbatible se sentía el ex presidente que convirtió diatribas en merchandising. Bautizado ‘Lagarto’ en una biografía que escribió con saña el periodista Carlos Paredes (“El perfil del Lagarto”, Planeta, 2021), pues así le decían unos amigos en su juventud; difundió pequeños reptiles de peluche. Cuando abrió su cuenta de TikTok, ya estaba exhausto de la judicialización de la política. En ese nuevo mundo su cotidianeidad es un artilugio de evasión, sin reglas de conducta ni impedimentos de salida. En su último video presenta a su perra Morita y la alegría que ha llevado a su hogar. Pero nuestra crónica es sobre la realidad pura y dura.

Un ambicioso ingeniero egresado de la UNI, como Martín Vizcarra, estaba destinado a trabajar en proyectos de infraestructura. Precoz, en 1988, a los 25 años, durante el primer gobierno de Alan García, ya estaba en uno de los puestos directivos del Proyecto Especial Pasto Grande, construyendo una serie de pequeñas obras de riego en Moquegua. Más adelante, fue director ejecutivo de ese proyecto y, como lo reveló una nota de “Panorama”, compareció por primera vez ante una comisión investigadora del Congreso. El informe de la comisión, por cierto, señaló responsabilidades administrativas y hasta penales en su gestión.

Pasto Grande lo acercó a la política, de la judicializada y de la triunfal. Su padre, César Vizcarra Vargas, fue alcalde de Moquegua y principal figura aprista en la región. Es de presumir que sus influencias partidarias ayudaron al hijo a trabajar en Pasto Grande. Lo demás lo hizo su eficiencia, que la mostró más adelante como gobernador de Moquegua entre inicios del 2011 y fines del 2014. A notar, que para ello primero postuló, sin éxito, por el APRA; a la segunda ganó con el movimiento regional Por Ti. De gobernador, su mayor acierto fue usar el cuantioso canon minero de su región para apostar por la educación con tan buenos resultados que recibió las Palmas Magisteriales del Minedu.

Cualquiera hubiera apostado por él en el 2016. Estaba de moda buscar a ex gobernadores para las planchas. Keiko Fujimori no le ofreció plancha sino ir en lista al Congreso; y él prefirió ir en plancha con PPK. Al círculo ‘ppkausa’ lo introdujo José Manuel Hernández, aunque aquí hay una discrepancia: Vizcarra dice que fue Gilbert Violeta, brazo derecho partidario de PPK, quien lo presentó; pero Violeta me asegura que fue Hernández. Más importante que eso es que Vizcarra quería participar del gobierno (los vices no solo son decorativos sino que carecen de sueldo) y a PPK le pareció que el ingeniero sería un buen MTC. PPK tenía la idea de juntar al MTC, Vivienda y parte de Agricultura, en un solo ‘Ministerio de Infraestructura’. La idea no cuajó, pero designó a Vizcarra en el MTC y este le recomendó a su ex gerente regional Edmer Trujillo para Vivienda. Hernández fue a Agricultura.

La ejecución en infraestrucura, en cualquier gobierno, es el área que más posibilidades de corrupción y tentaciones perversas plantea al político. Lo reconfirmamos por lo que se está develando sobre Vizcarra pues ya lo habíamos confirmado con la predilección que Pedro Castillo tuvo por esos ministerios en los que colocó a sus ministros más embarrados, Juan Silva y Geiner Alvarado, uno prófugo y otro purgando prisión preventiva. Con Vizcarra, recién el estallido de la operación del Eficcop (Equipo de Fiscales Contra la Corrupción del Poder) contra la organización criminal ‘Los Intocables de la Corrupción’ nos lo pone ante las narices. Pero si este operativo lo recibimos casi como un ‘deja vu’ es por algo que sucedió en Moquegua entre el 2011 y el 2014, cuando fue gobernador.

Las denuncias de corrupción de cuando Vizcarra fue gobernador, lo acompañaron durante su mandato. Pero dos estaban casi redondas, con testimonios lapidarios, antes de su vacancia en setiembre del 2020. Es más, su difusión fue uno de los factores que provocó que dos tercios del parlamento votaran contra él. Desde esa fecha hasta ahora, las pruebas se han afinado y la acusación está lista. Se trata de dos casos, uno en el que se le acusa, junto a otros funcionarios, de recibir una coima de S/. 1 millón a un consorcio liderado por la empresa Obrainsa por direccionar las obras de Lomas de Ilo y otra de S/. 1.3 millones por las obras del Hospital Regional de Moquegua a un consorcio liderado por la empresa ICCGSA. En el primer caso hasta se documenta la ruta de los cheques que cobró el conserje de la empresa para obtener el efectivo con el que se le habría pagado a Vizcarra.

El ex presidente ha minimizado o caricaturizado ese proceso que actualmente se encuentra en una larga fase de control de acusación. En una entrevista que le hice en setiembre pasado me dijo que todos los 4 cargos que le imputaba se habían caído. Yo le recordé que uno subsistía y era muy serio, el del cohecho (la coima). Me replicó con sorna: “ah, uno tenían que dejarme”. Si frente al caso de ‘Los Intocables de la Corrupción’, (donde no es investigado sino solo mencionado como líder de la organización criminal), la narrativa de defensa invoca a Karem Roca; para el caso moqueguano es más o menos esta: ‘los cargos son tan débiles que se les han caído todos pero mis enemigos dejan uno por necedad e inercia persecutoria’.

Es cierto que hay cargos archivados por la propia fiscalía, lo que da un mínimo asidero a esa narrativa. La fiscalía ha acusado recibo de ello y, quizá, de la nueva trama investigada en el MTC; pues esta semana la fiscal superior Elssie Garavito, tras analizar un tema de plazos de descripción y tipificación penal, aprobó pedir ampliar la acusación a dos delitos, cohecho pasivo y colusión simple. La farragosa fase de control de acusación se está tomando buen tiempo pero se puede prever que el juicio empezará este año.

Antes de las noticias del caso moqueguano es muy probable que tengamos otras del caso de ‘Los Intocables’. El lunes pasado hubo una: la fiscalía de la nación informó en X que había pedido a Marita Barreto, la coordinadora del Eficcop, información respecto a la injerencia de Vizcarra en la trama de los funcionarios de Provías Descentralizado (PVD) acusados de recibir coimas de empresas de la construcción. Recordemos que en la resolución judicial que autorizó el allanamiento y detención de Carlos Revilla y otros 3 presuntos ‘Intocables’, a Vizcarra se le menciona como líder de la organización criminal pero no podía ser investigado por ese equipo, dada su condición de ex presidente y ex ministro. El FN sí puede hacerlo.

Ese anuncio es el previsible inicio de la ruta hacia la apertura de una investigación formal contra Vizcarra, el pedido de su levantamiento de inmunidad por el Congreso (allí la correlación le es abrumadoramente desfavorable) y lo que siga dependerá de las evidencias y colaboraciones que los ‘intocables de la corrupción’ que fueron detenidos hayan aportado.

Hay una carrera de acusadores. El congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, ex presidente de la Comisión de Fiscalización, ha presentado la última de las 16 acusaciones constitucionales actualmente en trámite contra Vizcarra presentadas ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se basa en la resolución judicial que cita los hallazgos del Eficcop. La mayoría congresal anti vizcarrista espera que la nueva FN sea más activa respecto a Vizcarra, pues perciben que no lo ha sido ante los casos de Richard Swing y el ‘vacunagate’. Esto último es mucho más serio, como para acabar las siete vidas.

Bonus track: la caja de Pandora abierta por Jaime Villanueva, el asesor de la ex FN Patricia Benavides (y también lo fue, en parte, del ex FN Pablo Sánchez) también tiene una sorpresa para Vizcarra. Dice el testimonio de Villanueva que Sánchez, siendo FN, tras un pedido o presión que le habría llegado a través de su asesor Alejandro Silva, archivó una investigación para evitarle complicaciones al inminente sucesor de PPK. En efecto, dos semanas antes de la renuncia de PPK y la sucesión del 23 de marzo del 2018, Vizcarra fue excluido de entre los investigados por el Caso Chinchero. Ello no llamó la atención pues había renunciado al MTC y tomado distancia de ese asunto al que no se asociaba tanto como a otros personajes del entorno de PPK. La JNJ anunció el viernes que abrió investigación a Sánchez, de modo que podrá indagar si hubo una componenda para allanarle el camino a la presidencia.