Los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez son investigados por la Fiscalía Suprema por tres presuntos delitos. (Foto: EFE)
Los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez son investigados por la Fiscalía Suprema por tres presuntos delitos. (Foto: EFE)
Redacción EC

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos rechazó el pedido de los fiscales y para ejercer su propia defensa en la investigación que afrontan por las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Como se recuerda, en la indagación preliminar también está comprendido el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, por los presuntos delitos de cohecho pasivo, cohecho activo y patrocinio ilegal.

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En la resolución, dicha instancia del Ministerio Público señaló que el derecho a la autodefensa no es absoluto y se busca evitar que se trate de “influenciar, presionar e intimidar” al momento de recibir las declaraciones de los testigos y otros, y podría surgir “incompatibilidad”.

Por ello, se determinó requerir a ambos fiscales designar a un abogado defensor particular en un plazo de dos días de haber sido notificados, a fin de que participen en las diligencias del caso y garanticen su derecho a la defensa.

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De no ser el caso, se precisa que el Estado les proporcionará un abogado defensor público, conforme a lo establecido en el artículo 80 del Código Procesal Penal.

“La limitación del derecho a la autodefensa antes esgrimida, no le quita a los investigados participar activamente en los demás actos de investigación que no vulnere algún principio del debido proceso”, subraya.

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Finalmente, la fiscalía suprema declaró no haber lugar a la solicitud de Pérez Gómez para acceder a copias digitalizadas de todos los actuados en la carpeta fiscal, pues no ha presentado la respectiva tasa correspondiente.

La fiscalía indaga si Rafael Vela y José Domingo Pérez entregaron a Gorriti información reservada de procesos penales a cambio de apoyo mediático y otras supuestas gestiones irregulares. El plazo para realizar las diligencias preliminares será de ocho meses.