Pedro Castillo y las FF.AA.: lo que se sabe sobre la intromisión del gobierno en los ascensos

En todo ese tiempo, ni el presidente Pedro Castillo ni representantes de su gobierno han brindado explicaciones claras respecto del proceso ni respondido ante las serias acusaciones. Sin embargo, ese panorama tiene un punto de quiebre este martes 28 de diciembre.

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No por un desprendimiento específico, sino presionado por una citación de la Fiscalía de la Nación, el jefe de Estado respondió por fin sobre el caso. El docente Castillo Terrones rindió su declaración como testigo en el marco de la investigación preliminar abierta por Zoraida Ávalos, titular del Ministerio Público, contra Ayala, Pacheco y los que resulten responsables por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal.

En su edición impresa de este martes, El Comercio adelantó la posibilidad de que el fiscal adjunto supremo, Ramiro González Rodríguez, fuera quien tome la declaración de Castillo. Y así ocurrió ante la indisposición de Ávalos producto de un descanso médico.

González Rodríguez es coordinador del área de Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Él estuvo acompañado de otros dos fiscales. Además, el procurador general del Estado, Daniel Soria, también participó de la diligencia.

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Horas antes de la diligencia, en la víspera, Pedro Castillo sostuvo reuniones con su abogado Eduardo Pachas; el ministro de Justicia, Aníbal Torres; el ministro de Defensa, Juan Carrasco; y Félix Chero, Jefe de Gabinete de Asesores de esta última cartera. También el lunes, Pachas manifestó a El Comercio que el contenido de los mensajes revelados por este Diario hace unos días “es correcto, pero su interpretación es diferente”. En esa línea, aseguró que “no hubo ningún tipo de presión, coacción o maltrato”.

Tras la diligencia del martes, que duró casi cuatro horas, Pachas declaró a la prensa que hubo unas 40 preguntas, incluyendo dos consultas de parte de la procuraduría. “Todas las preguntas del Ministerio Público se han contestado”, dijo a la prensa y reiteró que no hubo irregularidades en el proceso de ascensos. “Los chats fueron reconocidos y se dio el contexto en el que se dieron. No ha habido ningún nombramiento irregular, no se ha favorecido a nadie, los nombramientos fueron los regulares”, añadió el defensor legal.

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Por su parte, el jefe de Estado se expresó vía Twitter. Pese a que en este y otros escándalos de su gobierno no ha dado explicaciones públicas a la ciudadanía ni respondido ante medios de comunicación, afirmó: “Nosotros damos la cara, no huimos del país, menos nos refugiamos en una embajada; tenemos la conciencia limpia, actuamos conforme a ley y los compromisos asumidos con el pueblo”. Agregó que, cumpliendo su deber constitucional, respondió todas las preguntas del Ministerio Público.

Castillo se ha sumado así a otros expresidentes que, durante su gestión, han declarado como testigos en investigaciones realizadas por el Ministerio Público, y en las que se vieron involucrados.

En abril del 2016, el entonces presidente Ollanta Humala recibió en Palacio de Gobierno al fiscal de lavado de activos Germán Juárez. Declaró por ocho horas sobre los aportes al Partido Nacionalista para las campañas del 2006 y 2011.

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En abril del 2017, Pedro Pablo Kuczynski declaró ante el fiscal anticorrupción Hamilton Castro sobre la concesión de la carretera Interoceánica a un consorcio encabezado por Odebrecht. En diciembre del mismo año, dio su testimonio por cuatro horas ante el mismo fiscal sobre las asesorías de su empresa Westfield Capital.

Detalles del caso

En torno al caso, hay distintos elementos a considerar considerados en los hitos de la cronología interactiva que acompaña a esta nota.

Un aspecto clave es el testimonio de Vizcarra. Este ha denunciado presiones desde el Gobierno para el ascenso de los oficiales Carlos Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loayza. Este último es hijo del profesor Augusto Enrique Bocanegra Gálvez, natural de Chota (Cajamarca) y amigo del mandatario.

Por su parte, Chaparro dio cuenta de injerencias desde el Ejecutivo para la promoción de los oficiales Edgar Briceño Camero, Carlos Castillo y Herber Vilca. Ambos generales fueron pasados al retiro sin explicación alguna tras el proceso de ascensos, por lo que dejaron entrever que tal medida del gobierno se debe a una represalia por no ceder a las pretensiones para favorecimientos en los ascensos.

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Pero los testimonios no se quedan en palabras. Hay evidencias que ya fueron entregadas a la fiscalía, como los chats de WhatsApp que Vizcarra sostuvo con Castillo o con Youri Hurtado, exedecán de Walter Ayala.

El lunes, en declaraciones a El Comercio, el abogado de Castillo, Fernando Pachas, aseveró que el contenido de los mensajes revelados por El Comercio “es correcto, pero su interpretación es diferente”. Por tanto, aseguró que “no hubo ningún tipo de presión, coacción o maltrato”. En una entrevista con RPP días atrás, Ayala también admitió la veracidad de los chats de su exedecán, pero negó coacción en el proceso de los ascensos.

En el caso de Castillo, se trata de diálogos de setiembre y octubre en los que le pide a Vizcarra coordinar “temas urgentes” con Bruno Pacheco y sugiere, además, el ascenso del comandante EP Víctor Torres Quispe a coronel.

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En el caso de Pacheco, se trata de mensajes enviados a inicios de octubre, días previos a la finalización del proceso de selección, por su entonces edecán a Vizcarra proporcionándole nombres de oficiales y de personal subalterno a fin de que san considerados para la promoción de grado.

Penalistas consultados por este Diario han señalado que hay elementos para incluir a Pedro Castillo como investigado. Un antecedente que sustentaría esa determinación es el caso del expresidente Martín Vizcarra.

En octubre del 2020, la fiscal de la Nación determinó incluir a Martín Vizcarra en una investigación preliminar en torno a los cuestionados contratos que obtuvo el cantante Richard Cisneros o Richard Swing con el Ministerio de Cultura, pero suspendió los actos de indagación hasta el fin de su mandato. Ello considerando el artículo 117 de la Constitución, que señala que un presidente no puede ser acusado durante su mandato, y que —por tanto— la pesquisa se iba a suspender en algún momento.

Por ahora, la declaración del presidente Pedro Castillo ante la fiscalía se convierte en el hito más importante del caso, y uno trascendental para la pesquisa debido a su papel en las denuncias realizadas por los excomandantes generales. Este escándalo es solo uno de los tantos cuestionamientos a su gobierno, incluso surgidos desde este mismo.

El caso incidió en la renuncia de Walter Ayala como ministro de Defensa y fue parte de los cuestionamientos contra Bruno Pacheco, quien también se alejó de su cargo y está involucrado en otros presuntos hechos de corrupción. Aunque el testimonio de Castillo Terrones es un punto de quiebre importante, la historia parece tener aún más capítulos por considerar.

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