Salud mental de jóvenes neurodivergentes, fuera del foco del Estado

“Una escuela sin empatía no enseña, hiere. Y un país que no cuida la salud mental de sus niños está dejando atrás a quienes más necesitan ser vistos.” - “Rocío”, madre de un joven estudiante neurodivergente.

Y es que en el Perú, miles de estudiantes neurodivergentes niños y adolescentes con autismo, TDAH, dislexia u otras condiciones del desarrollo asisten diariamente a los colegios que no están preparados para responder a sus necesidades emocionales y educativas. A pesar de que la educación inclusiva es un derecho garantizado por ley, el acceso real a un acompañamiento psicológico especializado sigue siendo limitado.

Según el Ministerio de Educación, más de 300.000 estudiantes en el país presentan alguna forma de discapacidad o condición neurodivergente. Sin embargo, la mayoría de las instituciones educativas carece de los recursos humanos y materiales necesarios para ofrecerles un entorno seguro y adaptado.

La falta de capacitación especializada a los docentes, y la escasez de profesionales en salud mental, hacen que muchos estudiantes enfrenten no sólo barreras académicas, sino también, emocionales. Bajo estas circunstancias la población joven neurodivergente, se siente excluida, incomprendida y muchas veces etiquetada como “problemática”, cuando en realidad solo necesitan estrategias de aprendizaje diferentes y un entorno empático.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, cerca del 20 % de los niños peruanos presenta algún trastorno del neurodesarrollo o condición asociada. Entre las más comunes se encuentran el trastorno del espectro autista (TEA), el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y los trastornos específicos del aprendizaje.

Pese a ello, menos del 25 % de estos niños accede a una evaluación psicológica oportuna o a una intervención adecuada, lo que retrasa su diagnóstico y limita las posibilidades de atención temprana. En el sistema educativo las brechas son aún mayores: según un informe de UNICEF Perú (2024), sólo el 32 % de las escuelas públicas cuenta con un profesional de salud mental, y de ellos, menos del 15 % ha recibido formación especializada en neurodivergencia.

Aunque el país cuenta con leyes que reconocen la inclusión y la atención en salud mental dentro de las escuelas, como la Ley N.º 29719, la Ley N.º 30947 y la Ley General de la Persona con Discapacidad, en la práctica estas normas no se traducen en una atención efectiva para los estudiantes neurodivergentes.

Las normas obligan a los colegios a contar con un psicólogo, pero no exigen que ese profesional tenga formación especializada para atender casos de autismo, TDAH o discapacidad intelectual. “No basta con colocar un psicólogo en cada colegio si ese profesional no tiene formación en inclusión, ni tiempo, ni recursos para trabajar. Muchos niños necesitan acompañamiento constante y un entorno adaptado a sus necesidades, no solo paciencia”, asegura Daniela, psicóloga infantil especializada en neurodesarrollo.

La falta de acompañamiento a estos estudiantes genera consecuencias profundas; niños abandonando el colegio por el rechazo o por no encontrar comprensión en los docentes, otros desarrollan ansiedad o depresión, entre otros diagnósticos médicos.

Los especialistas en el tema, coinciden en que el problema no radica en la capacidad de los estudiantes, sino, en la falta de preparación del entorno educativo para atenderlos.

“En esos momentos uno no sabe bien qué hacer; sentimos que no tenemos las herramientas ni el apoyo necesario” — indicó Jackie, docente de primaria que prefirió mantener su anonimato.

La neuropsicóloga Daniela Echevarria añade otra perspectiva desde la experiencia profesional directa: “He trabajado en escuelas públicas donde debo atender a más de 500 estudiantes. Muchos de mis pequeños pacientes logran avanzar: decir su primera palabra, mirar a los ojos por primera vez. Pero también he visto cómo retroceden cuando cambian de colegio o pierden acceso a la terapia, porque no hay continuidad. El Estado, aunque promete programas y leyes, aún no ha entendido que la inclusión no se decreta: se construye todos los días, con personas, con tiempo y con presupuesto”.

La ausencia de apoyo especializado tiene consecuencias claras: abandono escolar, ansiedad, depresión y aislamiento social. El Ministerio de Educación asegura haber ampliado a 4.000 las plazas de psicólogos escolares en 2025, pero esa cifra apenas alcanza a cubrir 51.000 colegios y más de seis millones de estudiantes. En Lima Metropolitana, donde funcionan más de 13.000 colegios públicos, la mayoría de estudiantes nunca ha conversado con un psicólogo escolar, y muchos de los pocos que sí existen trabajan de manera temporal, impidiendo continuidad en la atención. Sin mecanismos de seguimiento ni datos públicos sobre la atención a estudiantes neurodivergentes, las leyes quedan reducidas a declaraciones de intención.

Garantizar la presencia de psicólogos capacitados en cada institución educativa no es solo una meta administrativa: es una medida urgente para prevenir el sufrimiento y asegurar la inclusión educativa. La evidencia muestra que invertir en salud mental escolar no solo mejora el aprendizaje, sino que fortalece la convivencia y la empatía entre docentes, estudiantes y familias. Sin un entorno adaptado y un acompañamiento profesional, los estudiantes neurodivergentes continúan enfrentando barreras que limitan su desarrollo académico y emocional.