La consultora EY presentó su Encuesta Global de Integridad 2024 realizada a ejecutivos en 53 países del mundo para evaluar cuánto ha mejorado la integridad en sus organizaciones. Para el caso peruano, el 69% de encuestados considera que existe una mejora. Con ello, la cifra se ubica por encima del resultado de Latam y también del global.
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Rafael Huamán, Líder de Integridad Corporativa, Compliance e Investigación Forense de EY Latinoamérica, detalla que el porcentaje para Perú ha mejorado con el tiempo. “Si hablamos solo de Perú, no podríamos atribuirle solo a un aspecto. Por un lado, está el ecosistema y la comunidad de negocios: los clientes están pidiendo a las empresas que cumplan con estándares. Por otro lado, está el impacto regulatorio y también están las decisiones de la gerencia”, asevera.
Sin embargo, al hacer la comparativa con los factores a nivel regional y global, la gestión de gerencia es el principal factor que incide en la mejora de la integridad; mientras que para Perú el principal factor es el impulso regulatorio. “La Ley N° 30424 sufrió modificaciones. El grupo inicial de cinco delitos bajo las cuales las compañías podían ser sujetas a responsabilidad administrativa, se ha ampliado. Ese impulso ayuda porque las compañías comienzan en el contexto propio a alinearse a estándares”, agrega Huamán.
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Para Cecilia Melzi, Socia de Riesgos de Integridad y Servicios Forenses de EY Perú, este es un punto que todavía debemos mejorar. “A nivel global, la gestión de la gerencia es el porcentaje principal de por qué mejoramos los estándares de integridad. Acá en el Perú todavía es el impulso regulatorio. Lo que te hace pensar que las personas hacen las cosas por cumplir con las normas”, dijo.
Otro detalle que preocupa es que el 33% de los encuestados en Perú consideraron que el comportamiento poco ético es tolerable cuando los implicados son personal de alto nivel o de alto rendimiento. La cifra es mayor en Perú frente a nivel global (31%). En línea con ello, ambos expertos consideraron importante que se puedan crear los mecanismos específicos para reforzar los estándares de integridad en las organizaciones.
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