Apoyo Consultoría, por encargo de AFIN (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional), ha realizado un análisis del sector telecom en el cual concluye que los sobre costos en el mercado son la principal razón de que las ganancias de esta industria hayan disminuido, situándolas entre las más bajas del mundo.
Miguel Figallo, asociado de Apoyo Consultoría, sostuvo que el exceso de normas existentes en el sector ha originado sobrecostos que equivalen a imponer un impuesto del 22% a la prestación de los servicios.
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Entre el 2013 y el 2018, dijo, tres normas han implicado un gasto adicionales a los propios del negocio de más de US$400 millones, y en un solo año -el 2018- se tiene un sobrecosto de US$60 millones. La medición real podría ser aún mayor si se consideran el resto de normas impuestas a los operadores, aclaró.
En esta medición se incluyó a la imposición de uso de huella biométrica para contrataciones o reactivación de líneas robadas y el mantenimiento obligado de teléfonos públicos. También se evaluó el sobre costo en las aportaciones obligatorias (Osiptel, MTC, Fitel).
Figallo precisó que se ha ido elevando el stock de normas vigentes en los últimos años (pasamos de 150 a 250 en el periodo analizado), mientras que la competencia se ha ido intensificando, cuando consideró que debería ser al revés y se debería haber ido reduciendo su volumen. Además, hay normas que han cambiado hasta tres veces en un mismo año (como es el caso de Condiciones de Uso) o cada dos años.
“Tenemos una inflación normativa a la que se suma una hiperinflación en multas, que perjudican al operador y no benefician al usuario”, opinó Carlos Huamán, director de DN Consultores.
RENTABILIDAD COMPLICADA
Los operadores móviles han sido víctimas de su propio éxito, sostuvo Geoffrey Cannock, socio de Apoyo Consultoría, porque se ha dado un alza importante en la penetración del servicio que ha venido acompañada de una baja en los precios y una reducción de las ganancias que está afectando su rentabilidad.
La inversión en el sector se ha mantenido en alrededor de S/4 mil millones al año, 40% menos que el promedio que manejan los países de la OCDE y a la mitad de lo previsto para revertir la brecha local de unos S/ 8 mil millones anuales, con lo cual se mantiene un déficit. Eso hace que difícilmente se puede catalogar como un exceso de gasto lo que justifique la falta de rentabilidad, precisó Figallo.
El Ebitda (ganancias sin incluir impuestos) del sector en el país pasó de un estado superior a la media regional (35%) en la década iniciada en el 2001 a estar en un promedio por debajo de la media (17%) en la última década, cuando se intensificó la competencia, añadió Huamán, quien considera que esto pone en agenda una necesidad de cambio normativo para revertir esta situación.
Esta caída del Ebitda se ha acentuado desde el momento que el país contó con cuatro operadoras móviles, pues se pasó de 23% en el 2014 a 11% en el 2018, precisó Figallo. Hubo una “caída libre” de los márgenes acompañada de una drástica reducción en las tarifas - 92% cae el Internet móvil - y un 45% menos gasto promedio por usuario (Arpu, por sus siglas en inglés), lo cual es más bajo que el promedio regional y mundial.
¿APLICAR LA GUILLOTINA?
Lo peligroso de esta situación financiera poco favorable reportada es que se ponga en riesgo la sostenibilidad futura de la industria y las futuras inversiones, aseveró Julio Aguirre, profesor de la Universidad del Pacífico. Respaldo esta postura Alejandro Jiménez, ex gerente del Osiptel, quien advierte que las inversiones necesarias para sobrellevar la migración hacia 5G en los próximos tres años se verán trabadas si no hay pronto una des-regulación.
Miguel Figallo consideró que es necesario reducir la carga normativa existente en el sector telecom, empezando por desaparecer las normas desfasadas, como imponer la obligación de mantener teléfonos públicos. Se necesita aplicar una “guillotina sin contemplaciones" o por lo menos aplicar el “tres por uno”, es decir que por cada norma nueva publicada eliminar tres.
Esto se podrá lograr con un diálogo entre el regulador y los operadores que venga acompañado de análisis de data referente a cada norma cuestionada o en evaluación y a un ejercicio de transparencia a todo nivel, acotó Geoffrey Cannock.
“Lo que necesitamos es aligerar la mochila e ir soltando algunas piedras en el camino”, concluyó Leonie Roca, presidenta de AFIN.
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