El Decreto de Urgencia 026-2020 se aprobó en marzo del año pasado, al inicio del estado de emergencia. En este documento, se aprobaron distintas disposiciones, y una de ellas fue la que regula la modalidad del trabajo remoto. Hoy, el Gobierno extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022.
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Si no se hubiera extendido su vigencia, los trabajadores estarían obligados o a regresar a sus funciones presenciales o a adoptar los términos de la Ley del Teletrabajo.
Esta última norma fue aprobada en el 2013 y exige la firma de un contrato que permita que los empleados puedan desarrollar sus labores fuera de los locales físicos. Asimismo, el vínculo exige que las empresas les provean las herramientas necesarias para sus labores.
Antes de la pandemia, solo dos mil trabajadores formales laboraban en esta modalidad.
Cuentas pendientes
A diferencia de la Ley del Teletrabajo, hoy son más de 220 mil empleados formales los que se encuentran laborando en el régimen del trabajo remoto, debido a que brinda más flexibilidades tanto para los empleados como para los empleadores.
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Según los especialistas consultados por este Diario, en días previos a la emisión de la norma se consideró modificar estas flexibilidades, buscando incluir en la prórroga nuevas obligaciones económicas para las empresas.
“El Ejecutivo sacará esta semana una norma que precise un poco más lo que es el trabajo remoto y todo indica que se prorrogará […] hasta el año siguiente. La novedad que traería este proyecto es la obligatoriedad de que la empresa asuma los gastos de los trabajos desde casa, sea que ponga WiFi para los empleados y una laptop, o dé una compensación económica acordada por las partes”, advirtió Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama.
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En caso de que se planteen estos cambios, se debe especificar cuáles serán las cargas económicas adicionales que tendrán las empresas. “Podemos decirles a las empresas que asuman [el costo] de Internet de todas las casas en las que haya un trabajador. El desincentivo que se generaría sobre la realización del trabajo remoto sería tal que terminaríamos teniendo un retorno masivo al trabajo presencial. Por eso hay que delimitarlo”, afirmó Katy Noriega, asociada senior del estudio PPU.
“Se podría dar el caso de empresas que no podrían pagar S/200 adicionales al mes por concepto de Internet o luz, entonces puede que la norma tenga el efecto contrario y que se reduzca el trabajo híbrido en favor del presencial”, sostuvo Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors.
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Noriega agregó que estas exigencias no necesariamente se iniciarían el 1 de enero, pues el Gobierno podría delimitar un período de adaptación para que las empresas apliquen el nuevo régimen.
Actualización
En la mañana del 30 de diciembre del 2021, el Gobierno prorrogó la vigencia de la norma hasta el 31 de diciembre del 2022, sin que se aplicaran estos cambios. “El empleador puede disponer si se trabaja presencial, híbrido o en el domicilio. Además, el grupo de riesgo sigue teniendo la posibilidad de licencia con goce de haberes, si rechaza el trabajo presencial o si no es posible que realice trabajo remoto mientras dure la emergencia sanitaria, que actualmente es hasta marzo 2022, con posibilidad de prórroga”, señaló Toyama.
Dato
La congresista Adriana Tudela presentó un proyecto de ley para aprobar una nueva Ley de Teletrabajo. Este aún no ha sido debatido en la Comisión de Trabajo.
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