La Cámara de Comercio de Lima (CCL) y Atlántico Instituto de Estudios organizaron el foro “Instituciones democráticas y crecimiento económico”, donde se presentó la mesa sobre Infraestructura y vivienda para el desarrollo de la que participaron Hernán Navarro, viceministro de Vivienda y Urbanismo; César Vargas, ejecutivo senior Sector Privado de CAF y Guillermo Velaochaga, gerente general de Los Portales.
Navarro explicó que el país tiene acumulado cerca de un millón y medio de déficit de vivienda; y año a año la necesidad de vivienda es de alrededor de 140 mil. Así, explicó que este 2022 se ha dado el esfuerzo más importante de los últimos 10 años, logrando cubrir entre 70 mil y 80 mil viviendas que, a su entender, es aún insuficiente.
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“Eso implica de que año a año se acumula por lo menos 70 mil viviendas y esas personas optan por ocupaciones informales, conocidas como las invasiones que ocupan suelo público o privado sin ninguna planificación”, anotó.
Ante esa realidad, desde el ministerio impulsan programas de vivienda con un nuevo enfoque de vivienda, no solo en la búsqueda de nuevos suelos para poder generar nueva vivienda, sino en programas de densificación que permita poder pluralizar el territorio de manera adecuada, explicó.
Asimismo, detalló que han empezado a hacer un catastro de todos los suelos para poder priorizar los proyectos de saneamiento e infraestructura que permitan que ese suelo pueda desarrollarse e impulsar la oferta.
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“Hay una ley aprobada en 2018, 2019, que no ha sido aprovechada y que faculta a poder utilizar el canon en los gobiernos regionales, para poder desarrollar programas de vivienda”, añadió y explicó que se puede utilizar el canon, pero debe pasar por el mecanismo que tiene el Fondo Mivivienda.
Velaochaga coincidió con la lectura del viceministro sobre la problemática de la vivienda social en el Perú y anotó que el problema es la vivienda formal versus la informal.
El especialista detalló que el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) desarrolló un estudio donde hizo un análisis del crecimiento urbano desde el 2000 al 2019, que arrojó que el 95% era informal y esto significa que no cuentan con título o servicios básicos.
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“La problemática se concentra en el desarrollo de la vivienda digna, es agua, desagüe, luz eléctrica, pista, parques, eso es lo que se tiene que desarrollar. Esa vivienda digna es la que genera un desarrollo humano importante y esa batalla la estamos dando desde el sector público y privado pero el desarrollo informal es avasallador”, agregó.
Sin embargo, anotó que hay instituciones que funcionan como el Fondo Mivivienda, que el año pasado entregó 17 mil créditos versus la prepandemia, que fue de 10 mil créditos.
Finalmente, como institución de desarrollo, Vargas anotó que desde CAF apoyan el trabajo de la mano con el sector público para idear esquemas que puedan diluir el costo del tiempo que permitan que un proyecto se lleve a cabo y que entre el sector privado a cambio de un retorno.
“Se busca que el sector público reconozca que hay una ganancia por parte del público siempre y cuando esté bien estructurado (el proyecto). Es un papel que podemos hacer muy bien”, finalizó.
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