De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), los ingresos de los hogares en el Perú se redujeron en más de 30% entre el 2019 y el 2020. Esta situación afectó considerablemente la capacidad de ahorro de los peruanos. Así, mientras que en el 2019 una familia promedio ahorraba S/ 636 al mes (21% de los ingresos), en el 2020 este monto se redujo a solo S/104 (un 5% de los ingresos).
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AGOTAMIENTO DE AHORROS EN LOS HOGARES POBRES
La reducción de la capacidad de ahorro de los hogares se dio principalmente en áreas urbanas, donde la tasa de ahorro cayó de 20,5% de los ingresos familiares en el 2019 a solo 2,4% en el 2020. En contraste, en el ámbito rural, esta se redujo de 28,4% a 23,2%. En general, la zona más perjudicada fue Lima Metropolitana, donde el ahorro cayó de 20,7% en el 2019 a 0,4% en el 2020. Esta reducción es consistente con la fuerte caída del empleo urbano (-16,4%), muy por encima de la observada en áreas rurales (-1,1%).
Asimismo, al ordenar los hogares del país en quintiles de ingreso (cinco grupos de igual tamaño que representan, cada uno, 20% de los hogares), se estima que aquellos que se ubican en los tres primeros quintiles tuvieron un gasto monetario mayor que lo recibido de ingresos en el 2020.
Por ejemplo, los hogares del primer quintil –el 20% más pobre– gastaron casi el doble de sus ingresos durante el 2020, en tanto que en el 2019 esta diferencia fue de apenas 6%. En el caso de los hogares del segundo quintil, estos pasaron de ahorrar 5% de sus ingresos en el 2019 a tener un gasto 33% mayor a sus ingresos en el último año. El incremento del gasto llevó a que los hogares de este quintil perdieran más de dos veces el nivel de ahorros que habían acumulado en los cinco años anteriores. Por el contrario, el ahorro del 20% más rico de hogares fue el menos afectado, al reducirse de 32% a 26%. Con ello, desde el 2015, se estima que los hogares de mayores ingresos han ahorrado, en promedio, poco más de 30% de sus ingresos cada año.
APOYO DEL GOBIERNO
La caída del ahorro podría haber sido aún mayor sin las transferencias otorgadas por el Estado durante la pandemia. Los subsidios extraordinarios como el bono universal, el bono independiente y el rural cubrieron, en promedio, el 3,8% de los gastos de los hogares en el 2020. Además, las transferencias de programas sociales como Juntos, Pensión 65 y Beca 18 contribuyeron en 2% de los gastos.
Este soporte tuvo una mayor importancia para los hogares de menores ingresos. En el primer quintil de ingresos, los bonos extraordinarios representaron 6,2% del gasto de los hogares, mientras que las transferencias por programas sociales fueron el 3,8% del gasto. El peso de los subsidios como porcentaje del gasto se reduce a medida en que incrementan los ingresos de las familias [ver infografía].
UNA MAYOR VULNERABILIDAD
Las cifras estimadas sugieren una alta vulnerabilidad financiera de los hogares peruanos, la cual, según BBVA Research, se puede definir como la capacidad de soportar choques financieros dependiendo únicamente de recursos propios, sin recurrir al crédito o al cambio de vivienda. La Encuesta de Capacidades Financieras del 2019 realizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) muestra que, antes de la pandemia, cerca del 60% de los hogares peruanos mencionó no tener los recursos suficientes para subsistir por más de tres meses en caso de perder su principal fuente de ingresos.
Debido a la pérdida de ahorros reseñada, la población de menores ingresos estaría más financieramente desprotegida frente a una eventual tercera ola de lo que estaba antes del 2020. Ante esta situación, el próximo gobierno necesitaría tomar medidas adicionales para apoyar a los hogares más vulnerables. Pero dar solución a este problema exclusivamente vía bonos sería costoso. Por ejemplo, el año pasado, el total de hogares en el quintil más pobre gastó S/9,7 mil millones por encima de sus ingresos. Aliviar este sobregasto con subsidios directos demandaría un costo equivalente al 70% del presupuesto público del sector de protección social en el 2020.
Al respecto, Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade, menciona que se podrían tomar otras medidas complementarias a la entrega de transferencias. Por ejemplo, el Gobierno podría fortalecer los programas de seguridad alimentaria y salud para los hogares más pobres, con el objetivo de mantener estándares de consumo básicos. Por último, de acuerdo con Jaramillo, si bien a corto plazo se puede dinamizar el mercado laboral con programas de empleo temporal orientados hacia proyectos de pequeñas obras públicas, a mediano plazo lo más importante es la promoción de la inversión privada para generar puestos de trabajo sostenibles y productivos.
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