IPE: Aumento de RMV a S/1.300 sería el mayor en al menos 30 años

Ante la ausencia de acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) y la falta de una fórmula predecible, nuevamente el Ejecutivo decidirá un aumento de la remuneración mínima vital (RMV). Este ajuste impactaría en un grupo muy reducido de trabajadores y aumentaría las barreras a la formalidad para la población más vulnerable. Además, el alza ocurriría en un panorama laboral de recuperación.

De concretarse el aumento de la RMV, 13 de los 15 incrementos desde el 2000 se habrán realizado en períodos electorales o de baja aprobación presidencial. Así, la decisión nuevamente respondería a razones políticas en lugar de criterios técnicos como el costo de vida, la productividad, la informalidad y la coyuntura macroeconómica, que aseguren una adecuada predictibilidad.

En el último debate del CNT, los gremios sindicales propusieron incrementar la RMV en S/275, de S/1.025 hasta S/1.300 mensuales. Descontando el efecto de la inflación, este aumento sería el más alto desde 1991, que se cuenta con información, y más que duplicaría el mayor incremento a la fecha, realizado en el 2016 (S/132, en términos reales). Pese a la magnitud de este posible ajuste, sigue pendiente la discusión de medidas claves que permitan hacer al mercado laboral más competitivo.

Teóricamente, la RMV busca proteger a los trabajadores de menor productividad, asegurándoles un piso salarial. Sin embargo, estos se ubican principalmente en el segmento informal. Además, cuando el salario mínimo es muy alto respecto al promedio, se hace más difícil de cumplir, lo que incentiva la contratación informal. Entonces, un salario mínimo muy elevado pierde su propósito de proteger a los trabajadores más vulnerables. Así, el 39% de los trabajadores informales que laboran a tiempo completo percibe ingresos por debajo de los S/1.025 mensuales.

Una medida que permite dimensionar qué tan elevada es la RMV es el ratio entre esta y el salario promedio. Según un reciente estudio del Banco Mundial (BM), el salario mínimo en el Perú equivale al 57% del salario promedio, por encima de países como México, Brasil y Chile, y superior al de economías avanzadas (42% en la OCDE).

En esa línea, considerando las características del mercado laboral, los aumentos al salario mínimo tienen un impacto muy reducido. Según datos de la Enaho, tres de cada cuatro trabajadores son informales y otro 5% son formales independientes, para los que la RMV es irrelevante. Así, el incremento del salario mínimo a S/1.300 impactaría en el 3% de los trabajadores del país, de acuerdo con cálculos del IPE.

Aumentos adicionales a un salario mínimo ya elevado incrementan las barreras a la formalidad. El estudio del BM indica que estos incrementos resultaron en más desempleo e informalidad en países como Colombia y Costa Rica, afectando en mayor medida a mujeres, jóvenes, trabajadores poco calificados y de bajos ingresos. El IPE estima que, tras el último incremento de la RMV en el 2022, el 28% de jóvenes con empleos formales cayó en la informalidad al año siguiente, casi el doble que en períodos en los que no hubo aumento (15%).

Elevar la valla de la formalidad con un aumento de la RMV ocurriría en un contexto en que el mercado laboral aún se recupera de la pandemia y de la recesión del 2023. Por ejemplo, al tercer trimestre del 2024, la tasa de subempleo en Lima Metropolitana asciende a 39%, por encima de la cifra prepandemia (36%), con lo que hay casi 400 mil subempleados más que en el 2019. Este deterioro de la calidad del empleo ha sido mayor para los jóvenes y aquellos con menor nivel educativo.

El BM señala que las políticas de salario mínimo deben ser concebidas como parte de un paquete integral de regulaciones e impuestos que afectan el mercado laboral. Si el objetivo es elevar los ingresos laborales, se requiere impulsar entonces políticas que mejoren la calidad del empleo de todos los peruanos y aseguren un mayor dinamismo de la inversión privada –principal motor de empleo formal–. Además, resulta clave revertir las medidas implementadas de la Agenda 19 que le restan competitividad al mercado laboral y priorizar una reforma tributaria que impulse el crecimiento empresarial.