Según la información presentada ante Bolsa de Valores de Lima (BVL) el grupo Telefónica enfrenta una variedad de procesos judiciales, administrativos o arbitrales que abarcan demandas por S/11.063 millones hasta el cierre del 2018. De dicho total la compañía ha realizado provisiones por S/2.483 millones.
Los asesores legales de Telefónica manifestaron en la memoria anual del operador que el importe total demandado tiene poca probabilidad de ocurrencia y que 97 de los procesos podrían resolverse en términos favorables y no impactarían los resultados financieros.
Entre los procesos pendientes de culminación están los referidos al pago de Impuesto a la Renta e Impuesto a las Ventas de varios años atrás (el más antiguo es de 1998).
Además se tienen otras demandas legales (laborales, civiles, penales, administrativos, etc.), regulatorias y aduaneras que son llevadas por asesores legales externos e internos. A diciembre de 2018 informaron que estos casos representan demandas por S/2.444 millones. Ellos estiman que “existen razonablemente argumentos jurídicos sólidos para considerar que se obtendrán resultados favorables”.
Si este no fuera el caso, la compañía de capital español ha registrado una provisión por S/255 millones que corresponde a un 10% del monto pretendido. Quedaría como un posible contingente un importe de S/ 558 millones, como monto remoto S/1.630 millones y como previsión de carácter fiscal S/ 182 millones.
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