En la era post covid, la tarea más urgente que tendremos como país es la creación acelerada de nuevas fuentes de trabajo que permitan recuperar los ingresos de tantas familias que se han visto afectadas por esta pandemia. Pero esos empleos deben ser formales. Porque son esos empleos los que permiten al trabajador acceder a servicios de salud y pensiones cuando dejen de trabajar.
Recordemos que esos empleos son los que generan las empresas formales, es decir, las que pagan sus impuestos. Impuestos que permiten a los distintos gobiernos construir los hospitales, las carreteras, las redes de telefonía e Internet y las escuelas a donde acuden los ciudadanos para curarse de enfermedades, comprar alimentos, comunicarse y educarse.
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Hagamos un poco de historia. Hace 30 años, cuando el proceso de globalización se consolidaba en el mundo y las economías pequeñas y abiertas lograban sorprendentes tasas de crecimiento y reducción de la pobreza, atrayendo inversiones para la construcción de infraestructura y mejoras en la provisión de sus servicios públicos, nuestro país emprendió el camino a la reinserción en la comunidad internacional.
En 1995, nos unimos a la Organización Mundial del Comercio aceptando seguir las reglas que dicho organismo elaboró para promover el libre intercambio de bienes y servicios sobre la base del consenso de todos sus miembros.
En 1998, junto a Rusia y Vietnam, fuimos las tres últimas economías en ser admitidas a APEC, el bloque comercial que más creció hasta antes de la pandemia. Luego vinieron distintos tratados de libre comercio bilaterales y dos acuerdos mega-regionales como la Alianza del Pacífico y el CPTPP, que han hecho que hoy tengamos condiciones preferenciales para la mayor parte de bienes de nuestra canasta de exportación no tradicional.
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Todo ello nos trajo beneficios. No sólo ganamos mercados para nuestros productos. Lo más importante es que generamos empleos de calidad y fuimos capaces de mejorar el nivel de vida de siete millones de peruanos.
Pasamos de 57,4% de pobreza a 20,2% entre la década de los noventa y la actualidad. Y nos convertimos en un destino favorable para inversiones y visitas de millones de turistas que, a su vez, contribuyeron a crear miles de empleos.
Además de los atractivos que el Perú ofrece para recibir inversión directa extranjera, cuando alguien le pregunta a los cientos de empresas de distintas nacionalidades que decidieron invertir en el Perú qué fue lo que más los atrajo de nuestro país, fue sin duda la confianza que tenían en la estabilidad de las reglas de juego. La previsibilidad es un factor sumamente importante en la toma de decisiones de los inversionistas.
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Debemos ser conscientes que las inversiones en sectores como minería, electricidad, transportes, comunicaciones, vivienda, saneamiento e infraestructura diversa, involucran ingentes recursos, que ni el Estado ni el sector privado peruano tienen en su totalidad y requieren por lo tanto de capitales complementarios que vienen del exterior. Y dado que estas inversiones son de largo aliento, es imprescindible garantizar la seguridad jurídica durante toda la duración del proyecto.
En la era postcovid, los países van a competir ferozmente para atraer inversiones y mejorar la calidad de su infraestructura, principalmente sanitaria y de acceso a Internet. Las eñales que desde el Ejecutivo y el Congreso se están dando, tales como el control de precios o la anulación del cobro de peajes en las concesiones viales, afectan la predictibilidad de los negocios, nos ponen en desventaja frente a otros países, inhiben las decisiones de inversión tanto local como extranjera y ponen en peligro la recuperación de corto y mediano plazo.
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