La Contraloría General de la República identificó una serie de irregularidades en la elaboración y ejecución del contrato de concesión del Tramo 2 de la Carretera Longitudinal de la Sierra que ocasionaron un perjuicio económico de US$36,8 millones.
Según la institución, se produjo el uso de recursos públicos para realizar el Pago Anual por Mantenimiento y Operación (PAMO) y el Pago Anual por Mantenimiento Periódico Inicial (PAMPI) pese a no realizarse contraprestaciones o sin ejecutarse obras por parte del concesionario.
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También se produjo otro perjuicio económico valorizado en S/31,9 millones debido a los mayores gastos generales ocasionados por la demora en la entrega de los sub tramos de la concesión. Asimismo, se benefició al concesionario con la suma de US$1,9 millones provenientes de recursos recaudados para el pago de actividades de operación y mantenimiento sin contraprestación efectiva.
Contraloría indicó que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) elaboró la versión final del contrato de concesión y, sin contar con un análisis de sustento, consignó unilateralmente los plazos máximos para la entrega de los 18 sub tramos al concesionario Sociedad Concesionaria Vial Sierra S.A. - Norte, conformada por Sacyr S.L (35%), Constructora Málaga Hnos. (33%) y Sacyr Concesiones Perú S.A.C (32%).
Los plazos no fueron comunicados expresamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el diseño de dicho contrato y resultaban inconsistentes con la documentación proporcionada por dicho ministerio sobre las intervenciones a su cargo, las mismas que debían ejecutarse antes de dar los sub tramos al concesionario.
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Además, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias Nacional) emitió opinión favorable sobre el contrato sin contar con un análisis o informes de las áreas competentes que sustente su conformidad a los plazos establecidos. Todo ello generó el incumplimiento del plazo de entrega de 12 de los 18 sub tramos.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 24135-2021-CG/APP-AC determina presunta responsabilidad en 13 funcionarios y exfuncionarios de Provias Nacional, MTC y Ositran, de los cuales nueve tienen presunta responsabilidad civil, tres tienen presunta responsabilidad penal y uno tiene responsabilidad administrativa.
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