Esta semana se publicó el decreto de urgencia 097-2020, mediante el cual se autoriza transferencias de recursos a favor de entidades del gobierno nacional y municipalidades para atender su falta de recaudación por la emergencia sanitaria producida por el coronavirus.
Días atrás, durante el pedido de voto de confianza ante el Congreso, el presidente del Consejo de Ministro, Walter Martos, había expuesto el problema de insolvencia que se presenta en “muchas municipalidades”.
“Algunas municipalidades vienen atravesando por varios años una situación de sobreendeudamiento e incapacidad para cumplir con sus obligaciones con sus proveedores y agobiadas por sentencias judiciales de reposición de trabajadores y compensaciones que no guardan relación con los ingresos que perciben, ni las actividades que desarrollan, situación que las pone en situación de insolvencia y quiebra”, enfatizó.
Sin embargo, las finanzas de estas se han agravado a raíz de la paralización de actividades para contener el COVID-19.
Según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, entre enero y julio de este año, los gobiernos locales recaudaron S/17.271 millones, lo que representó una contracción de 12,9% y 27,6% respecto a lo recaudado en el mismo período del 2019 y 2018, respectivamente.
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Ante este escenario, la norma apunta a “financiar los gastos corrientes [de los gobiernos] para la continuidad de su operatividad institucional”. Se detalla que la transferencia autorizada a favor de los gobiernos locales, en general, es hasta por S/199,9 millones.
La norma también especifica que se considera como gastos operativos esenciales de los gobiernos locales las planillas del personal activo y pensionistas, así como el gasto operativo vinculado a la prestación de servicios públicos bajo las competencias de los gobiernos (saneamiento rural, seguridad ciudadana, entre otros).
RELEVANCIA
Marcel Ramírez, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, señaló que varias de las fuentes de ingresos de los municipios (como arbitrios e impuestos a las propiedades, entre otros) cayeron significativamente por la pandemia, lo que explica la menor cifra frente a años previos.
“Los municipios, por ejemplo, reciben dinero del Fondo de Compensación Municipal, que proviene en cierta parte del IGV. Pero toda esta situación de crisis los afectó y también a la capacidad de pago de los vecinos, Esto, porque la situación económica de las personas se ha debilitado”, refirió.
A esta idea se sumó, Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la PUCP, añadiendo que, si en condiciones normales era “difícil” la recaudación de tributos municipales, “la probabilidad de que paguen ahora es muy baja”.
“Normalmente, los vecinos no pagan sus arbitrios porque consideran que no reciben el servicio, como seguridad y otros. Se tiene una lectura crítica sobre el uso de estos recursos. Entonces, si en un escenario normal el nivel de recaudación es complicado, ahora en la pandemia, cuando los comercios han estado cerrados, la probabilidad de que paguen ahora es muy baja”, subrayó.
Ausejo acotó que es difícil saber si este monto será suficiente para que los municipios mantengan los servicios que brindan, pero coincidió con Ramírez en saludar la medida porque permite que se sigan brindando los servicios.
“Las transferencias son necesarias. No hay otra forma de que los municipios sigan brindando sus servicios”, afirmó Ramírez. “Lo que refleja [esta norma] es la necesidad de transferir recursos porque no van a tener fondos suficientes con el pago de los vecinos. Pero, de igual modo, los servicios se tienen que mantener”, observó Ausejo.
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