Esta tarde, en sesión conjunta, las comisiones de Descentralización y Economía votaron y aprobaron por mayoría el texto que plantea una nueva Ley de Contrataciones del Estado. La medida busca aplicar cambios en los procedimientos y normas sobre las cuales el Estado realiza contratos por bienes y servicios.
Tal como adelantó El Comercio, el nuevo texto considera el cambio del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) a Organismo Especializado en Contratación Eficiente (OECE). Asimismo, se establecen criterios para la elección de la entidad contratante y reformas al programa Perú Compras. Entre otros detalles, la norma plantea generar incentivos para contratar con el Estado y darle un nuevo perfil a las entidades como Osce y la Contraloría. Según adelantó el congresista Alejandro Cavero a El Comercio, la discusión de esta iniciativa en el pleno tendrá lugar la próxima semana.
No obstante, durante el debate en la sesión, el principal punto de diferencia estuvo entorno a los impedimentos que se detallan para contratar con el Estado. ¿Qué cuestionan los congresistas que votaron en contra y qué dice el texto?
Discusión sobre el artículo 30
El dictamen, en su artículo 30, detalla qué prohibiciones existen para contratar con el Estado para quienes ocupen cargos en el sector público. Es así que para el Presidente de la República, Vicepresidentes de la República, congresistas, diputados o senadores de la República así como ministros de Estado, el impedimento para contratar es durante el ejercicio del cargo y dentro de los doce meses siguientes a la culminación de este cargo. Ello aplica para todo proceso de contratación a nivel nacional.
La gradualidad del impedimento también aplica para otros funcionarios. Por ejemplo, para jueces supremos, miembros del tribunal constitucional, defensor del pueblo entre otros se impide durante el ejercicio del cargo y dentro de los seis meses siguientes a la culminación de su periodo. Se enumeran, en total, siete grupos de funcionarios y se detalla el alcance del impedimento. Del mismo modo, se establece el impedimento por razón de parentesco. Es decir, familiares del funcionario público.
Sin embargo, algunos congresistas han cuestionado dichas disposiciones. “El artículo 30 viola los derechos humanos porque limita el derecho que tienen los familiares de algunos funcionarios a contratar con el Estado. ¿Qué culpa tienen ellos de ser familiares directos?”, sostuvo el congresista Alex Paredes.
El presidente de la comisión de descentralización, Alejandro Cavero, explica que en el artículo 30.1 se detalla que el impedimento no aplica si es que el familiar venía contratando con el Estado antes de la designación de su pariente. “Flexibilizamos muchos de los aspectos. Asimismo, una vez que el funcionario ha culminado sus funciones, [el impedimento de contratar] es solamente y respecto a la entidad en la cual ejerció la función pública y justamente en función de la sentencia del Tribunal Constitucional”, recalcó. Como se recuerda, existe una sentencia del Tribunal que data del 2021 que se refiere a estos impedimentos.
A su turno, el congresista Illich López, cuestionó nuevamente a la prohibitiva para contratar con el Estado para quienes ejercieron funciones públicas. “¿Bajo qué sentencia o legislación comparada puede sustentarse la limitación a funcionarios que van a dejar el cargo? Muy parecido con el impedimento para los parientes. ¿Cuál es la base para que se pongan estas limitaciones? Si no existiera el argumento legal, es que se está vulnerando derechos de la persona”, afirmó.
Cabe recordar también que el impedimento actual para funcionarios públicos es no contratar con el Estado por doce meses tras dejar el cargo. “Debido al cargo que hemos ejercido, se ha considerado mantener esa prohibición”, reiteró el congresista Cavero.
En tanto, el presidente de la comisión de Economía, César Revilla, reiteró la importancia de mantener este criterio. “Este proyecto es de alto interés nacional. Debemos tener mucho cuidado con que nosotros incorporemos cualquier situación que pueda darse a entender o parecer que hay una ventaja o un favorecimiento. Debemos tener cuidado con lo que agreguemos en impedimentos. En el pleno se podrá evaluar con todos los congresistas. Teniendo en cuenta lo que manda el Tribunal Constitucional, podemos hacer los ajustes”, aseveró.
Finalmente, pese a los votos en contra y abstenciones, el dictamen logró su aprobación por mayoría. Se espera que dicha discusión, esta vez, tome lugar en el pleno.
Contenido Sugerido
Contenido GEC