Con el objetivo de sacar adelante los proyectos mineros que puedan estar detenidos por un problema social, el viceministro de Economía, Mario Arróspide, comentó que priorizarán una cartera de obras de infraestructura básica en esas zonas donde se ha determinado un potencial minero. Estas obras se ejecutarían mediante el esquema de PMO (oficinas de gestión de proyectos, por sus siglas en inglés).
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Para Orlando Marchesi, socio principal de PwC, el mecanismo es bueno, pero habría que definir varios puntos. “Lo que habría que preguntar es quién ejecutaría el PMO, si sería gobierno a gobierno o gobierno con sector privado. Por las necesidades de la infraestructura peruana, no podemos esperar que todo se haga gobierno a gobierno. Si fuera Gobierno a Gobierno, el otro Estado no puede negociar con un gobierno regional o local”, advirtió.
Comentó que, de igual manera, es importante ver soluciones porque la falta de ejecución se ha vuelto un riesgo para la sostenibilidad de la minería. Recordó que, antes de 2011, mediante un fondo voluntario, las empresas ejecutaron varios proyectos sociales, pero de baja complejidad.
“Parecería, en evidencia, que los mejores resultados vienen de aquellos casos en que las mismas empresas privadas tienen una participación más activa en la ejecución. Claramente, no camina cuando el que ejecuta es el Gobierno, por eso una alta cantidad del canon regresa cada año sin ejecutarse. Entonces, lo primero sería atraer al Estado gente bien capacitada”, opinó.
Los problemas del canon y las brechas
De acuerdo con Roxana Barrantes, economista e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), las dificultades de ejecución de los recursos también pasan por el diseño de los esquemas de distribución como el canon minero.
“El problema del canon hasta la fecha es que ha tenido resultados muy mixtos, depende mucho de la autoridad local elegida y se tiende a reproducir una suerte de centralismo donde las capitales de distrito son las que reciben las obras, gastos y los centro poblados que no son capital de distrito reciben poco o nada”, explicó.
Agregó que, por la misma dinámica de la actividad, recién cuando empiezan a operar los proyectos es cuando se tienen recursos para distribuir y para ello, pueden pasar varios años. También consideró que el Estado debe tener más presencia desde el inicio de los proyectos y comprometerse a un plan de cierre de brechas, que no dependa de la actividad minera.
“El Ejecutivo sería más creíble en el tema si se comprometiera a un programa de reducción de brechas enfocándose en zonas donde las brechas son mayores y no preocuparse solo cuando se tiene un proyecto”, explicó.