La Ley de Promoción Agraria se mantiene como la protagonista del paro agrario en Ica. Ayer, diversos trabajadores del sector en la región pidieron que se derogue en la mesa de diálogo establecida, y por otro lado, el titular del Ministerio de Trabajo, Javier Palacios, planteó tres acciones urgentes desde el Gobierno Central, junto al ministro de Agricultura, Federico Tenorio.
La más importante de estas es un proyecto de ley que se discutirá en el Consejo de Ministros y que propone la derogación del capítulo laboral de la norma. Además, anunció que buscarán prohibir los services y aumentarán la cantidad de inspectores de Sunafil en la zona.
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La mesa de diálogo no estuvo de acuerdo con lo propuesto e insistió en un decreto de urgencia que modifique la remuneración diaria para los trabajadores del rubro hasta entre S/60 y S/70 aproximadamente; algo que, según expertos y al mismo ministro de Trabajo, no es factible, pues los salarios se negocian entre privados.
A pesar del desacuerdo, el Ejecutivo incluyó las propuestas en el acta que se firmó para tener una reunión hoy y continuar el diálogo.
Por otro lado, en el pleno del Congreso se quiso discutir ayer un proyecto que busca derogar la Ley de Promoción Agraria en su totalidad, pero diversos congresistas coincidieron en que primero era necesario debatirla a fondo. Los presidentes de las comisiones de Economía y Agricultura, Anthony Novoa (Acción Popular) y Raúl Machaca (Frepap), sustentaron que la norma debía ser revisada y que era necesario invitar a los titulares del Ministerio de Trabajo y de Agricultura.
Así, se aprobó una cuestión previa planteada por el congresista Carlos Almerí (Podemos) con 59 votos a favor, para que esta iniciativa retorne a las comisiones de Economía y Agricultura.
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Novoa, en nombre de la Comisión de Economía, remarcó que ambos grupos de trabajo se han comprometido a tener un texto consensuado este viernes, que recoja un debate técnico sobre la ley en revisión.
¿DEROGAR LA LEY AGRARIA ES EL CAMINO?
Firmas del sector agroexportador coinciden en que la situación con los services debe ser revisada con urgencia, pues muchos abusos son cometidos por empresas que, justamente, no se acogen a la ley agraria. “Hay empresas dentro del sector que son informales y que utilizan este tipo de servicios no permitidos [...] pero no se puede decir que somos todas”, precisó César Yáñez, administrador de la agrícola Riachuelo.
A su vez, Alfredo Lira, gerente general de Cerro Prieto, indicó que este es un problema de las empresas que incumplen y de los sistemas de regulación del Estado. “Si Sunafil funciona para algunos y no para otros, el problema es Sunafil”, enfatizó Lira.
Sin embargo, ambos empresarios consideraron que la derogatoria de la ley agraria, incluso solo del capítulo laboral, le restará competitividad a sus operaciones.
“Lo que va a suceder con la derogación del capítulo laboral es que los trabajadores percibirán menos ingresos en su jornal diario”, precisó Alfonso Bustamante, director de Comex Perú y de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), y explicó que ello se debería a que en el régimen general, los conceptos de CTS y gratificaciones que hoy se incluyen en el salario mensual pasarían a darse en los meses que corresponden regularmente (a menos que los contratos terminen antes, en el caso de la CTS, se deposita los meses de mayo y noviembre; y en el caso de la gratificación, se deposita en julio y diciembre).
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“Como en el régimen general no puedes incluir la CTS y la gratificación en el sueldo regular a menos que ganes de 2 UIT para arriba, la remuneración mínima diaria va a pasar de S/39,19 a S/31”, explica Diego Macera, gerente general del IPE.
“El jornal es 40 soles aproximadamente, cuando lo pongan en el régimen normal, va a ser 10 soles menos. ¿Cómo le vamos a explicar al trabajador que a partir de que aprueben esta ley vamos a pagar 10 soles menos?”, resaltó el gerente general de Cerro Prieto.
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Eduardo Zegarra, investigador principal de Grade, consideró que los derechos de gratificación y CTS, entre otros, se han desnaturalizado en la ley agraria. En esa línea, el especialista opinó que lo más conveniente es derogar solo la parte laboral de la norma, dado el contexto de crisis actual, tal como plantearía el Ejecutivo.
“Creo que es una norma que promovió el crecimiento pero no el desarrollo. No promovió una adecuada distribución de ganancias del proceso agroexportador, a tal punto que las remuneraciones a los trabajadores han estado prácticamente estancadas en los quince años”.
Eduardo Zegarra, investigador principal de Grade
De otro lado, para el exministro de la Producción Piero Ghezzi, casi no hay diferencia entre derogar el capítulo laboral de la norma o hacerlo por completo. Ello debido a que, según el economista, el corazón de la norma yace, precisamente, en el ámbito laboral.
“Si fuera la propuesta del Ejecutivo derogar el capítulo laboral, quisiera saber qué alternativa plantean. [...] Mi preocupación es que lo que termine aprobándose precarice el empleo. Las agroexportadoras más grandes van a hacer dos cosas: acelerar su plan de expansión hacia otros países –Colombia luce atractivo– y acelerar la automatización”, detalló.
“Es indignante que busquen derogar algo que ha funcionado bastante bien y que puede ser mejorado con un análisis serio y objetivo”.
Piero Ghezzi, exministro de la Producción
¿Qué pasaría con la flexibilidad de los contratos si se derogara el capítulo laboral de la norma? Elmer Cuba, socio principal de Macroconsult, destacó que esto se mantendría debido a la ley general.
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“Si se tumban la parte laboral de la ley agraria es lo mismo, solo que a los seis meses te van a pagar menos mes a mes pero cuando te vayas te pagarán esos beneficios. No ganan nada los trabajadores en temas salariales, no van a subir sus salarios por esta razón”, dijo Cuba.
“El problema existente es el abuso de services en Ica. El remedio es que Sunafil actúe y cierre esos fundos si no cumplen las normas laborales”.
Elmer Cuba, socio de Macroconsult
Cuba Agregó, asimismo, que lo que sí estaría en juego de plantearse una derogatoria completa es la norma del Impuesto a la Renta (IR).
EL ÁMBITO TRIBUTARIO DE LA LEY AGRARIA
En la Ley de Promoción Agraria se establece que las firmas del sector paguen un 15% de IR, por debajo del 29,5% regular. Según Ghezzi, que esto aún se mantenga tras casi 20 años de existencia de la norma es injustificable.
“¿Por qué las agroexportadoras tienen que pagar menos IR que el resto de empresas en el país? Cualquier economista realmente que haga un análisis serio te va a decir que el componente tributario es mucho menos justificable”, destacó Ghezzi.
Bustamante, director de ComexPerú y AGAP, comentó, por su parte, que sería absolutamente perjudicial para el sector anular el tema tributario, pues en este momento le restaría competitividad al sector.
“Estoy de acuerdo si se quiere modificar este concepto, [pero] tiene que ser gradual. Subir de 15% a 20%, a 25%, hasta llegar al 29,5%. Pero tampoco puede subir [el IR] de un día para otro, porque hay gente que ha emitido deuda, bonos, créditos bancarios, pensando que esto es 15%. Tiene que ser gradual”, añadió, por su parte, Elmer Cuba.