Si en algo parecen estar de acuerdo los trabajadores y empresarios del sector agroexportador en este momento es en no aceptar, en gran parte, el predictamen que se discutirá hoy en la Comisión de Economía del Congreso para definir la nueva ley agraria, que recoge gran parte de las propuestas que hizo el Ejecutivo unos días atrás en materia laboral y tributaria.
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Un punto común que ha generado posiciones contrarias es el bono no remunerativo de 20% que el proyecto busca establecer, denominado bonificación especial por trabajo agrario (BETA). En su momento, el Ejecutivo explicó que esto significaría un incremento del jornal diario a S/45.
Además, en el predictamen se da la opción de que los trabajadores decidan recibir el pago de la CTS y gratificaciones dentro del jornal diario o fuera de él, en las fechas establecidas por ley, y se determina que la contratación de un trabajador agrario por pequeños plazos que dentro del período de un año superen los dos meses, le da el derecho a ser contratado preferentemente por dichas firmas.
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En RPP, Susan Quintanilla, presidenta del Comité de Lucha de Trabajadores de la Agroexportación de Ica, se refirió al bono no remunerativo que se establecería como una “burla”. El Comercio contactó a representantes de ambas partes para conocer su opinión respecto al proyecto en cuestión.
—Bono del 15% “no era para negociar”—
Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), considera que si bien el bono de 20% no remunerativo es más cercano a lo que estaban dispuestos a otorgar, sigue siendo un monto alto, sobre todo para empresas pequeñas que podrían caer en situaciones de inviabilidad.
“Nuestro ofrecimiento de 15% [de bono no remunerativo] no era uno para ponernos a negociar. Hemos hecho los números y eso es lo máximo que podríamos dar sin complicar y generar desempleo en el sector, que es lo que tratamos de evitar”, detalla.
A su vez, Roberto Vargas, empresario del sector y director de la AGAP, apunta que el bono de 15% planteado por la asociación se estableció porque lo propuesto desde el lado de los trabajadores, a su juicio, “era altísimo e iba a destruir todos los cultivos”.
“[Con cualquier incremento] todos los cultivos se van a ver afectados, especialmente espárragos, mangos, cítricos, uvas y arándanos, muchos dejando de ser rentables, y se van a tener que retirar hectáreas ya productivas que generan mucho empleo”, remarca.
Ambos coinciden en que 15% es lo máximo que se podría dar como un bono no remunerativo. “No estamos de acuerdo [con la propuesta de predictamen], si no hubiéramos salido a decirlo”, advierte Fuentes.
—CGTP: “Bono debería ser remunerativo”—
Para Gerónimo López, secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), gremio que presentó una propuesta al Congreso en favor de los empleados del sector agroexportador, lo establecido por la Comisión de Economía en el predictamen “es un claro acto de provocación” al tomar solo la propuesta del sector Ejecutivo y no considerar sus planteamientos o aportes.
“Creemos que el bono tiene que ser uno de impacto remunerativo y planteamos un 50%”, acota.
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Fernando Cuadros, exviceministro de Promoción del Empleo, respalda dicha posición. “Eso es importante para que se vea reflejado en la CTS, gratificaciones y el resto de beneficios laborales. Partiendo de ello, el monto se puede discutir”, indica.
Jaime Sánchez, asesor de la CGTP, añade que insistirán con el pedido de que los trabajadores temporales contratados por un mismo empleador en más de una ocasión de manera consecutiva sean considerados como trabajadores permanentes discontinuos.
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”Esto serviría para facilitar la organización sindical de los trabajadores y la negociación colectiva, que es un mecanismo institucional de solución de conflictos laborales”, remarca Sánchez.
Con ello, el punto medio parece ser lejano. Para Luis Corvera, gerente general de Fresh Fruit Perú, se deberían calmar los ánimos de ambas partes para poder sentarse en la mesa y discutir la heterogeneidad e impacto de las medidas en el sector.
“En el caso de las empresas, no creo que estén dispuestas a darte más del 20% o 25% de incremento no remunerativo, y pretender llegar a lo que quieren los trabajadores va a ser inviable”, puntualiza.
EL OTRO ÁMBITO EN DESACUERDO: EL FIN DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS
El proyecto elaborado por la Comisión de Economía recogió el esquema de gradualidad tributaria diferenciado entre empresas de mayores y menores ganancias que propuso el Ejecutivo para terminar con los beneficios del sector en cuanto al pago de impuestos, haciendo que la tasa de Impuesto a la Renta (IR) converja del 15% actual al 29,5% del régimen general; con algunas modificaciones.
Para las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos no superen las 1.700 UIT, la tasa recién subiría en el 2028:
| Ejercicios gravables | Tasas |
|---|---|
| 2021 - 2027 | 15% |
| 2028- 2030 | 20% |
| 2031 en adelante | 29,5% (régimen general) |
Para las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos superen las 1.700 UIT, la tasa empezaría a subir en el 2023:
| Ejercicios Gravables | Tasas |
|---|---|
| 2021-2022 | 15% |
| 2023-2024 | 20% |
| 2025-2027 | 25% |
| 2028 en adelante | Tasa del Régimen General |
Sin embargo, los esquemas que plantearon tanto las empresas como los trabajadores son distintos. Por el lado empresarial, en su propuesta de ley AGAP propuso mantener los beneficios concretando un aumento solo de 5% de la tasa; es decir, que hacia el 2031 el monto de IR a pagar pase de 15% a 20%.
Para quienes tuvieran ganancias menores de 1.700 UIT, de hecho, se propuso que la tasa diferenciada de IR no se modifiquen. En el caso de las empresas grandes del sector con ganancias superiores, dicha tasa pasaría a 20% del 2016 al 2031; pero no se planteó que retorne al monto del régimen general.
Los trabajadores, por su lado, propusieron que las empresas agrarias que hayan estado acogidas al régimen agrario, regulado por la Ley 27360 (ya derogada) por cinco años o más, deberían pasar de forma inmediata al régimen tributario general, pagando la tasa de 29,5% de IR.
En tanto, la propuesta de la CGTP señala que las empresas agrarias que hayan estado acogidas al referido régimen agrario por menos de cinco años pasan de forma gradual al régimen tributario general, pagando una tasa de IR del 20% del 2021 al 2023, 25% del 2024 al 2026 y 29,5% desde el 2027.
JUSTIFICANDO AUSENCIAS
- Con respecto a la sesión de la Comisión de Economía frustrada anteayer, el parlamentario Fernando Meléndez (APP) refirió que no pudo asistir por problemas con su conexión de Internet.
- El Frente Amplio señaló que la ausencia del congresista Yván Quispe estuvo justificada y se comunicó a la comisión. Lo cierto es que tampoco se envió a un accesitario de la bancada en su reemplazo. El FA se pronunció en contra del predictamen.