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Empiezo con una simple pero contundente afirmación: la “promoción” es un proceso complejo y multifactorial; es un medio/mecanismo y no un fin en sí mismo. Promoverlo con una ley es un imposible, sin embargo, nuestra legislación está plagada de normas “promotoras”; qué raro. Es más apropiado hablar de Políticas de Promoción, que pueden luego estar contenidas en leyes y demás documentos de gestión (planes, lineamientos, etc.).
Así, una política de “promoción” debe contener como mínimo lo siguiente:
i) Conceptualizar correctamente el problema que se busca resolver (regularmente la promoción implica algo que es insuficiente, por ejemplo, la inversión); sin este diagnóstico correcto, todo lo demás será en vano.
MIRA: Ejecutivo no presentó régimen agrario temporal, pues confió en que el Congreso aprobara nueva ley en 15 días
ii) Identificación precisa de todos los agentes involucrados en la problemática (stakeholders, ganadores y perdedores); no hacerlo debilitará el alcance de la solución y le restará legitimidad a sus “logros”.
iii) Fijar los criterios claros de evaluación de su “éxito” sobre la base de los componentes clave del problema a resolver; sin esto, nunca se podrá tener certeza de si la política ha sido o no “exitosa” y el éxito se vuelve relativo.
iv) Evaluación regular de la política para así identificar posibilidades de mejora; sin esto, simplemente podemos llegar a distorsionar decisiones, mercados y generar más costos que beneficios; donde los únicos “beneficiados” serían los que se aprovechan de las normas.
Normalmente lo que se suele promocionar son regiones del país (amazonía, zonas de frontera – Puno, Tacna y otras zonas “deprimidas”) y actividades económicas (agricultura, forestal, acuicultura, exportación, educación superior, etc.). El reemplazo de la Ley de Promoción Agraria debe dejar de llamarse de “promoción” pues es imposible promover toda una actividad económica tan compleja y heterogénea a través de simples mecanismos tributarios y laborales. En 15 días no se podía preparar una Ley de Promoción; el término debe sincerarse.
Nuestras autoridades deben dejar de engañarse y de engañarnos; no existe solución simple (ni barata, en lo fiscal y en lo social) para sacar al país del entrampamiento en que se encuentra (institucional y económico). Los intentos de “reforma” de la gestión pública se han enfrentado a una dura resistencia de los grupos que buscan mantener sus privilegios (en los tres poderes del Estado). Reconocer esto es muy importante para generar reformas más laterales, pero contundentes y duraderas: meritocracia, transformación digital, simplificación administrativa, unificación de los instrumentos de “promoción” de inversiones, real rendición de cuentas y control social y definir una hoja de ruta de mediano plazo (versión light de Plan de Desarrollo Nacional) en base a “misiones” concretas que conduzcan la transformación del país hacia el desarrollo. Las “mega reformas” son demasiado obvias, difíciles de consenso y han demostrado ser inútiles pues de inmediato generan resistencia de los grupos de interés.
Cierro este comentario con una apreciación dura: la capacidad de nuestras autoridades (Ejecutivo y Legislativo) para el buen diseño de soluciones a problemas complejos (políticas públicas) se ha deteriorado a lo largo de los años. A su vez, han proliferado los grupos de interés que buscan exclusivamente sus beneficios (búsqueda de rentas, oportunismo, corrupción) a todo nivel del Estado y que sacan ventajas de esta debilitada institucionalidad. La crisis de la pandemia nos ha devuelto a GO y hemos perdido un turno.
Es crítico advertir lo duro de nuestra realidad en cuanto a capacidad de nuestro Estado para encaminar el país al desarrollo y adoptar las necesarias transformaciones que los peruanos más vulnerables merecen desde varias décadas. Aunque la economía simplemente rebote el 2021, la institucionalidad debe reconstruirse pues fue simplemente capturada.
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