La menor actividad económica debido a la pandemia, sumada a las medidas de alivio implementadas por la Sunat desde mediados de marzo para dar liquidez a los contribuyentes (principalmente, las prórrogas y el fraccionamiento de deudas) continúan golpeando los ingresos fiscales. Aunque aún no se conocen los datos oficiales del mes pasado, hasta octubre acumulaban un retroceso de 19,6%, por lo que es probable que al cierre del 2020 no estén muy lejos del pronóstico que el MEF publicó a fines de agosto (-21,4%).
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Para el 2021, la entidad prevé un notable repunte de la recaudación, que crecería 20,2%, de la mano con la reactivación económica y los pagos de impuestos aplazados, y alcanzaría el 14,1% del PBI, similar al observado en el 2018. Pero, aun así, existe amplio espacio para elevar la presión tributaria teniendo en cuenta que es una de las más bajas de la región y que equivale a menos de la mitad de la que registran países de la OCDE.
El MEF tiene cifradas sus esperanzas en un conjunto de medidas destinadas a que la tan ansiada ampliación de la base tributaria se haga realidad (apostando por la transformación digital), pero también en la lucha contra la evasión que alcanza el 35% de la recaudación potencial del IGV y 50% en el caso del Impuesto a la Renta (niveles muy por encima de países como Chile, México y Colombia), en el intercambio de información con otras jurisdicciones y en la racionalización de exoneraciones poco efectivas.
En línea con ese plan de acción, la exministra de Economía, María Antonieta Alva, había descartado crear nuevos impuestos o elevar las tasas debido a que todavía hay mucho margen para reducir los niveles de incumplimiento. Sería bueno que su sucesor en el cargo, Waldo Mendoza, haga lo mismo y que el Congreso deje de insistir en promover iniciativas en ese sentido. Un incremento impositivo resultaría claramente contraproducente en plena recesión económica y no abordaría el problema de fondo de la caja fiscal.
No es ningún secreto que la principal traba que impide que la recaudación aumente en el Perú no es la cantidad de impuestos que pagan los pocos que ya contribuyen con el fisco, sino la gran cantidad de trabajadores y empresas que permanecen operando en la informalidad (más del 70%) y que, en consecuencia, hoy no tributan. En ese sentido, si lo que se quiere es reconstruir las cuentas fiscales minimizando los efectos en el desempeño económico, los esfuerzos deben orientarse a lograr que cada vez sean más los que se incorporen a la formalidad y cumplan con las obligaciones tributarias que les corresponden.
Desde luego, no es una tarea fácil, pero si una que puede dar enormes frutos considerando que el sector informal en nuestro país genera alrededor del 18,6% del PBI, según algunos estimados. El tiempo del que dispone la administración del presidente Sagasti es muy corto para esperar grandes reformas por lo que emprenderlas será uno de los muchos desafíos que el próximo Gobierno y Parlamento tendrán que enfrentar.