El canciller Hugo de Zela confirmó que seis organismos internacionales desplegarán misiones de observación para las elecciones generales de abril de 2026. Según explicó el diplomático, el objetivo de esta convocatoria es asegurar que la jornada electoral se desarrolle con “absoluta transparencia”, permitiendo una supervisión detallada tanto en el territorio nacional como en los locales de votación en el extranjero.
Las instituciones que enviarán delegaciones son la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB). El canciller subrayó que el Gobierno facilitará el trabajo de estos especialistas para garantizar la integridad del proceso democrático.
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Sobre la participación de la OEA, De Zela informó que el próximo 14 de enero se suscribirá el “acuerdo de sede”, un marco legal que permite a los observadores desplazarse por todo el país.
“Es propiamente el momento en que se inicia la presencia de la OEA en nuestras elecciones”, precisó el titular de Torre Tagle tras extender la invitación a los representantes de los organismos del sistema electoral para dicha ceremonia.
En el ámbito del sufragio en el exterior, el canciller destacó que se busca corregir deficiencias logísticas previas mediante una coordinación directa desde la embajada con todos los consulados. “Es absolutamente indispensable que haya una coordinación [...] porque lo que ocurre normalmente es que hay falta de información de los peruanos con respecto a dónde están los locales”, indicó sobre los esfuerzos para facilitar el voto de más de 1,2 millones de connacionales.
Finalmente, el ministro ratificó el compromiso de la Cancillería para “garantizar que el voto del peruano que ejerce su derecho en el exterior sea respetado”. Para ello, detalló que los funcionarios consulares se encargarán de trasladar físicamente las actas y los votos al Perú, asegurando que sean procesados y contabilizados debidamente por las autoridades electorales.
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