María Jara, la expresidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó una demanda ante el Poder Judicial basado en los artículos 1°, 2°, 5°, 8° y 39° del Nuevo Código Procesal Constitucional de 2021 tras su destitución.
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El documento señala que se vulneraron los derechos fundamentales “al ejercicio pleno de la función pública y al debido proceso, así como el principio derecho a la seguridad jurídica y el principio derecho de interdicción de la arbitrariedad”.
Jara Risco solicita se ordene la “inaplicación total” a su caso en concreto, basado en el Decreto Supremo N.º 007-2023-MTC y se declare nula la Resolución Suprema N.º 009-2023-MTC y de la Resolución Suprema N.º 010-2023-MTC.
En ese sentido, se le restaure como miembro y presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, propuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones “a fin de que se respete, en su integridad, el tiempo de duración del periodo de gestión de cinco años”.
Destituida de la ATU
A través de la Resolución Suprema Nº 009-2023-MTC firmada por Paola Lazarte, ministra de Transportes y Comunicaciones, y refrendada por la presidenta Dina Boluarte, se dieron por terminado las funciones de María Jara Risco al frente de la ATU y le “agradecen” por los servicios prestados.
El actual jefe de la ATU es el economista José Aguilar Reátegui, quien fue director general de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC.
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Además, según su hoja de vida, es experto en políticas públicas y regulación en servicios del Estado, con más de 15 años de experiencia laboral en el sector público. Ocuó cargos en el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y en el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
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