El martes 18 de agosto, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Alan Azizollahoff Gate, empresario sudafricano y uno de los dueños de la discoteca Utopía, escenario de un incendio que dejó 29 jóvenes muertos y otros 57 heridos el 20 de julio del 2002.
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Con esta decisión quedan anuladas tanto la condena a cuatro años de prisión por el delito de homicidio culposo por omisión impropia dictada en su contra en abril del 2014 como la confirmación de la misma emitida por el Poder Judicial en mayo del 2015.
Dicha sentencia determinó la responsabilidad de los dueños de Inversiones Fiesta S.A.C., empresa operadora de Utopía, debido a que el establecimiento operaba en la clandestinidad y sin las mínimas medidas de seguridad exigidas por Defensa Civil que lo convirtieron en una trampa mortal cuando se desató el incendio.
Cabe resaltar que Azizollahoff abandonó el país y se mantuvo en la clandestinidad desde julio del 2004, pocas semanas después de haber sido acusado por la Fiscalía.
Con el nuevo fallo del TC, el empresario que habría pasado la mayor parte del tiempo en su natal Sudáfrica y no pisó la cárcel ni un solo día ve restituida su libertad de tránsito en el Perú mientras que las órdenes de captura en su contra, tanto nacionales como internacionales, quedan sin efecto.
- Los otros responsables -
Un camino similar al de Azizollahoff adoptó su socio principal en Inversiones Fiesta S.A.C., Edgar Paz Ravines.
A diferencia del sudafricano, sin embago, Paz Ravines logró ser capturado en México el 12 de noviembre del 2018 por la Interpol. Contra él también pesaba una condena de cuatro años de prisión por los mismos cargos que cayeron sobre Azizollahoff.
El 5 de setiembre del 2020, finalmente, fue extraditado al Perú y recluido en el penal Ancón II para cumplir los 27 meses restantes de su sentencia, pues según el artículo 339 del Código Procesal Peruano para efectos del cómputo de una pena se descuenta la privación de la libertad en el extranjero como parte de un proceso de extradición.
Para entonces, al menos 16 padres y madres de las víctimas de Utopía habían fallecido sin conseguir justicia.
“Fue una condena totalmente absurda por 29 muertes”, expresaba en agosto del 2020 a El Comercio Pilar Villarán, madre de Verónica Delgado-Aparicio, quien tenía 24 años al momento de su muerte. “Es muy doloroso, pero ya necesitamos cerrar el círculo. Hace poco ha fallecido una mamá más. Ya estamos muy mayores todos. Merecemos justicia”, reclamaba.
La justicia peruana determinó que además de Azizollahof y Paz Ravines, hubo otros dos responsables de la tragedia. Se tratan de Roberto Ferreyros, el barman que inició el fuego en medio de un espectáculo con animales; y Percy North, administrador del local.
Tanto North como Ferreyros fueron condenados inicialmente a cuatro años de prisión en abril del 2004 por homicidio culposo.
Luego de 15 meses, Ferreyros salió en libertad tras acogerse a beneficios penitenciarios a mediados del 2005. En el caso de North los deudos apelaron y en el 2006 fue sentenciado a 15 años de prisión bajo el cargo de homicidio doloso.
Ocho meses más tarde, la defensa del administrador consiguió que se retomara la condena por homicidio culposo y se redujera la pena a cuatro años. North fue liberado en abril del 2007; sin embargo, en el 2011 la Corte Suprema de Justicia anuló esta última resolución y North, que estaba en la clandestinidad, se entregó y volvió a prisión para cumplir su sentencia.
Cabe resaltar que ese mismo año, la condena contra North se redujo de 15 a 10 años, aunque terminó recuperando su libertad luego de solo siete años por beneficios penitenciarios.
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