Paulina Facchin, la activista venezolana de derechos humanos que llegó al Perú hace 11 años huyendo del chavismo, denunció que afronta una “cacería de brujas” luego de que Migraciones dispusiera su expulsión del Perú y con un impedimento de ingreso por 15 años.
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“En tierras peruanas, pese a estar lejos del régimen venezolano, yo he sufrido persecución, hostigamiento público, se han hecho las denuncias públicas. Yo he tenido a agentes del chavismo afuera de mi casa tomando fotos no solamente a mí, sino también a mi hija siendo menor de edad, y las publicaban en televisión nacional en Venezuela”, manifestó en entrevista con Rosa María Palacios.
También recordó que pese a ya no estar en Venezuela, el régimen chavista no le ha dado tregua alguna. Aseguró que sufrió de arbitrariedad cuando pidió su nacionalidad por naturalización en el 2018.
Según Facchin, Migraciones le dijo que había mentido en relación a su trabajo, sin embargo, mostró documentos y añadió que estaba inscrita en el Colegio de Abogados del Perú.
La entidad habría alegado que no tenía arraigo familiar pero, según la activista, el mismo Migraciones le dio el carnet de extranjería a su hija y esposo.
“Ha sido una constante, al mejor estilo chavista, de persecución arbitraria, no legal”, añadió Paulina Facchin al mismo tiempo de creer que Nicolás Maduro planea hacerla una presa política, pues ella ayudó a varios venezolanos para que salgan del país y se refugien en otras naciones.
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“Por años Nicolás Maduro ha tratado de regresarme a Venezuela a través de diferentes formas, a través de hostigamientos. Entonces, Perú que es parte del Pacto de San José, me pretende devolver y entregar a las garras de Maduro. Yo estoy en la clandestinidad porque mi mayor temor es que yo sea entregada al régimen de Nicolás Maduro y que yo me convierta —en vez de ser abogada ad honorem de refugiados y presos políticos— a formar parte del listado de presos políticos de cualquier cárcel de Venezuela”, sostuvo.
Migraciones
Migraciones se pronunció sobre el caso a través de Twitter y aseguró que “garantiza el estricto respeto de los tratados sobre derechos humanos de los que el Perú es parte”.
“Sobre el caso de la ciudadana venezolana Paulina Facchin, iniciado años atrás y con anterioridad a la gestión actual, Migraciones informa que espera la interposición de los recursos administrativos reconocidos por ley para revisar el caso”, indicó.
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