El contralor general de la República, Nelson Shack, informó este jueves que, luego de las acciones de control posterior al manejo de la pandemia del COVID-19, se han encontrado responsabilidades administrativas, funcionales y penales en 377 funcionarios públicos.
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Shack detalló que desde que se inició la emergencia sanitaria por pandemia del COVID-19, en marzo del año pasado, hasta marzo del 2021, se han elaborado más de 12,000 informes de control en todo el país, y se hallaron más de 21,000 situaciones adversas en lo referido a los procesos de contratación de bienes y servicios e inversiones.
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En diálogo con la agencia Andina, el contralor precisó que, por la emergencia sanitaria, el Estado habilitó más de 124,000 millones de soles para acciones como el fortalecimiento del sistema sanitario, la atención a los pacientes, los bonos a las familias y las empresas para reactivar la economía, las acciones de prevención, entre otros.
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Shack explicó que de las 21,000 observaciones y alertas, los gestores públicos actuaron inmediatamente en el 40%; no obstante, el 60% de las observaciones no fue atendido, por lo que se continuaron con las acciones de control.
Entre las acciones ilícitas están el direccionamiento en las licitaciones y adquisiciones, la sobrevaloración y problemas asociados a la compra de mascarillas, la implementación del centro de aislamiento temporal, irregularidades en las vacunas, y en la adquisición de pruebas rápidas.
“La capacidad de control ha sido casi al 75 % de los 124,000 millones habilitados para la pandemia, pero no podemos decir que en todo eso se han cometido irregularidades, están en proceso de mitigar las observaciones en algunos casos, y en los casos que no lo hicieron será materia de investigación”, manifestó.
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