Por Mayté Ciriaco
El oxígeno es una de las medicinas más necesarias para el tratamiento del COVID-19. Sin embargo, a pesar de que desde mayo del 2020 los médicos y sociedades médicas pidieron que se priorizara su compra, las entidades realizaron grandes inversiones en oxígeno recién a partir de setiembre y octubre del año pasado, cuando terminaba la primera ola.
La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio revisó las contrataciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) realizadas específicamente para el COVID-19 y detectó que, en los seis meses que lleva en el gobierno, la gestión de Francisco Sagasti ha invertido en oxígeno 91 millones de soles más de lo que invirtió Martín Vizcarra durante sus nueve meses al frente de la lucha contra la pandemia.
La entidad que más invirtió en este insumo fue Essalud: 47% más que el Ministerio de Salud (Minsa) y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). Si bien Essalud inició sus compras de oxígeno en mayo del 2020, al igual que la mayoría de gobiernos regionales, no fue hasta setiembre que realizó su primera gran inversión en oxígeno.
“Desde antes de la pandemia había una necesidad de oxígeno y ningún interés en solucionar este problema”, dice el inmunólogo Juan More-Bayona, experto en inmunología comparada y miembro de American Society for Virology. Según explica, la pandemia no solo evidenció que es necesario ampliar la disposición de este medicamento, sino también mostró cómo las entidades no lo tenían considerado una prioridad y se dieron cuenta de su importancia muy tarde.
Aunque entre el Minsa y Cenares se ha invertido en oxígeno más de 87 millones de soles, y se ha informado que en el país existen 237 plantas operativas de oxígeno con la capacidad suficiente para producir 156,43 toneladas por día, esto no es suficiente. La Defensoría del Pueblo realizó durante este año diferentes pedidos para cubrir la demanda de oxígeno en Loreto, Huánuco, Apurímac, entre otras regiones.
En lo que va del 2021, la mayoría de gobiernos regionales redujo su gasto en oxígeno a casi la tercera parte de lo que invirtió en el 2020. Considerando que las compras más fuertes se hicieron entre setiembre y diciembre, pasaron de invertir 99 millones de soles a 36 millones de soles.
Los gobiernos de San Martín, Loreto y Tumbes son los que más gastaron en oxígeno, mientras que Tacna, Pasco y Moquegua, regiones con niveles de alerta muy altos, son los que menos han invertido.
—Problema de fondo—
El problema del oxígeno en el país es evidente y en los últimos debates electorales se ha preguntado a los candidatos cómo planean afrontarlo. En su plan de salud contra la pandemia para los primeros cien días de gobierno, Pedro Castillo propuso la distribución gratuita de oxígeno, priorizando la producción de las empresas privadas. Según explicó, el Estado adquirirá cien plantas y doscientos tanques criogénicos. Keiko Fujimori prometió construir cien plantas de oxígeno.
¿Qué debería realmente priorizar el nuevo gobierno para mejorar la situación de este medicamento? Lo más importante es ampliar la capacidad de oxígeno. Según Juan More-Bayona, es absurdo que el Estado, en medio de una pandemia, no haya podido tomar las acciones necesarias para abastecer de oxígeno a toda la población. “Por qué esperar a que exista una necesidad y a que los privados manejen un oligopolio cuando se pudo hacer uso de la ley general de salud”, cuestiona More-Bayona.
Tanto Essalud como el gobierno nacional compraron oxígeno a los grupos empresariales que manejan este medicamento en el país: los más beneficiados fueron Grupo Linde, Air Products y Oxyman. More-Bayona menciona que en ningún otro país se ha visto que el Estado permita que las empresas controlen la producción de un bien como el oxígeno en medio de una pandemia. “Se lo trata como un producto cualquiera y no como un bien para la salud. Hemos dejado de escuchar a los expertos en salud para escuchar a los economistas”, asegura.
Alicia Abanto, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, indica que el oxígeno es un insumo estratégico, no solo para el COVID-19. Según señala, desde mayo del 2020, advirtieron que de no tener un registro de proveedoras de oxígeno, ni de precios de venta de este medicamento, se generarían problemas de escasez y de malas compras.
Una muestra representativa de errados manejos en la adquisición de oxígeno por parte del Estado figura en el contrato que realizó con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). En octubre del 2020, el Minsa y Essalud firmaron dos convenios con esta universidad para adquirir 59 plantas de oxígeno, pero hasta marzo del 2021 solo se habían entregado tres. Por esa razón, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló el 5 de marzo que el contrato sería cancelado.
El investigador y epidemiólogo Edward Mezones explica que para dotar de oxígeno al país en corto plazo es necesario que las municipalidades, los gobiernos regionales y el gobierno nacional trabajen en conjunto. “Es cierto que se requieren más plantas de oxígeno e isotanques, pero esto debe ir en función del nivel de complejidad de atención”, sostiene este especialista.
Transparencia
Desde el 2020, la defensoría ha solicitado que se publiquen los datos sobre proveedores y precios de venta de oxígeno en el país.
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