Caso McDonald’s: las claves de la investigación sobre la muerte de dos jóvenes trabajadores

La mañana del 15 de diciembre del 2019, peritos de criminalística de la Policía Nacional llegaron hasta el local de McDonald’s ubicado cerca del cruce de las avenidas La Marina y Universitaria, en el distrito de Pueblo Libre. Al interior del establecimiento yacían los cuerpos sin vida de dos jóvenes, ambos trabajadores del local de comida rápida.

Tras ordenar el levantamiento de los cuerpos, la 35° Fiscalía Provincial Penal de Lima dispuso que el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Breña inicie las investigaciones sobre la muerte de los dos jóvenes, identificados como Carlos Gabriel Campos Zapata (19) y Alexandra Antonella Porras Inga (18).

Mira: Caso McDonald’s: abren investigación preliminar a fiscal que archivó denuncia por muerte de 2 jóvenes

Casi diez meses después, en setiembre pasado, el Ministerio Público decidió archivar la denuncia penal contra José Carlos Andrade Roy, gerente general de la empresa Arcos Dorados del Perú, franquicia de McDonald’s en el Perú, y de los representantes María Vanessa Pisfil Silca de Orihuela y Franklin Ramón Medina Huamán, por el “por el presunto delito contra la libertad, violación de la libertad de trabajo (atentando contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo), en agravio de Carlos Campos y Alexandra Porras, y demás trabajadores de la referida sociedad comercial”.

Sin embargo, el día de ayer, el Ministerio Público decidió reabrir el caso. Los representantes de Arcos Dorados serán investigados por el delito de homicidio simple, dolo eventual y presunto atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Al respecto, José Ocampo, abogado del padre la joven, indicó que la fiscal Superior Penal de Lima, Delia Espinoza Valenzuela, decidió dejar sin efecto la resolución que había archivado el caso. “La doctora Delia Espinoza Valenzuela ha resuelto declarar nulas todas las resoluciones emitidas por el titular de la 35 Fiscalía Provincial y ordena ampliar las investigaciones contra los representantes de Arcos Dorados por el delito de homicidio simple”, indicó.

¿Por qué se había archivado el caso?

De acuerdo con el documento fiscal, la familia de la joven habría llegado a un acuerdo económico con Arcos Dorados, lo que limitó que el Ministerio Público formalice la solicitud de una denuncia penal.

“Bajo los alcances del citado acto jurídico, las personas de Johanna Inga Argote y Ricardo Porras Urbizagastegui [padres de la joven] presentaron los escritos glosados, donde señalaron que a través de un acuerdo mutuo habían arribado a una transacción extrajudicial con Operaciones Arcos Dorados de Perú SAC, relacionada al suceso que originó esta investigación”, se lee en la resolución.

“Así, al haber satisfecho su interés patrimonial solicitan se prescinda de su participación en la investigación y el proceso penal, así como se abstengan de continuar notificándolos las diversas disposiciones y citaciones por las cuales se ordenan diligencias, ya que no participarán en ellas”, agrega.

Asimismo, luego de que el abogado de los padres de Alexandra Porras, José Ocampo, calificara la decisión del Ministerio Público como “un mal precedente”, ya que la familia aún no encuentra justicia, el organismo informó que la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) de Lima abrió indagación preliminar de oficio contra el fiscal provincial Guido Maximiliano Vera Vera, quien archivó la mencionada denuncia penal.

¿Por qué se reabrió la investigación?

Según la resolución de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima al que pudo acceder El Comercio, la magistrada Delia Espinoza ordenó “ampliar la investigación preliminar contra María Pisfil Silva de Orihuela, gerente de negocio; Franklin Medina Huamán; gerente de turno; y José Carlos Andrade Roy; gerente general de la empresa Arcos Dorados, por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la forma de homicidio simple por dolo eventual”.

Ocampo manifestó a este Diario que presentaron el recurso de elevación sustentando que los hechos constituyen un homicidio simple en la forma de dolo eventual, ya que los representantes conocían de las deficiencias en el local.

“Ellos tenían pleno conocimiento que la máquina expendedora de gaseosas tenía fugas y lo consignan un día antes de la muerte de los jóvenes en un chat donde están los gerentes, administradores y trabajadores. Por otro lado, cuando levantaron los cuerpos, estos no tenían botas, guantes, ni ningún tipo de indumentaria para limpieza. Por último, las pericias determinaron que el pozo a tierra estaba instalado de forma deficiente”, dijo Ocampo.

Consultados sobre el tema, la empresa Arcos Dorados señaló a este Diario que “van a seguir colaborando con la fiscalía y el curso de las investigaciones”.

Las víctimas y circunstancias de su muerte

Los restos de Alexandra y Carlos fueron velados dos días después de la tragedia. Ellos eran enamorados y llevaban tres y seis meses, respectivamente, laborando en el local de McDonald’s ubicado en la Av. Universitaria, en Pueblo Libre. Ambos sufrieron una descarga eléctrica cuando estaban por terminar su turno de trabajo, a las 7 a.m. del pasado 15 de diciembre, y se encontraban baldeando la cocina.

Se supo que Alexandra y Carlos debían cumplir –como máximo– 24 horas semanales, aunque sus familiares indicaron que muchas veces excedían ese tiempo. Como parte de sus funciones debían atender a los clientes, la cocina, la caja y limpiar el restaurante.

Tras la muerte de ambos, sus familiares exigieron que se investiguen las condiciones en las que laboraban, ya que –aseguraron– no eran idóneas. La abogada de la familia de Alexandra, Elizabeth Carmona, dijo que al llegar al restaurante encontró cables expuestos, y que los responsables del establecimiento cometieron una “negligencia punible”.

Versión de Arcos Dorados

Cinco días después de la tragedia, José Carlos Andrade, director general de Arcos Dorados, operadora de McDonald’s en el Perú, reconoció que una máquina expendedora de bebidas gaseosas instalada en el local de la empresa en Pueblo Libre presentaba una fuga de corriente eléctrica y que no se avisó a tiempo de esta falla al área de mantenimiento.

“Hemos podido definir que por lo menos 24 horas antes ya se sabía que la máquina estaba presentando problemas y esa comunicación no escaló… se debió comunicar a la persona responsable del área de mantenimiento para que intervenga inmediatamente la máquina. Además, no se debió utilizar la máquina, debieron desconectarla”, declaró Andrade en diálogo con Canal N. "Fue un accidente de trabajo que ocurrió en la empresa y vamos a asumir esa responsabilidad”, agregó.

El ejecutivo reiteró que no hubo una comunicación interna adecuada sobre el problema técnico que ocurrió en el referido local. “La información, lamentablemente, de que la máquina estaba fallando y presentaba problemas, que estaba pasando corriente, se quedó en la esfera del equipo de gerentes del local y no escaló a otro nivel para que se tome acción inmediata”, afirmó.

Por su parte, sobre la versión de que existieron cables expuestos en la máquina expendedora de gaseosas, la franquicia informó el 17 de diciembre a El Comercio “estos cables externos no tienen ninguna relación con el hecho sucedido”. “Lo que pasó es que quedaron expuestos debido a que fueron jalados por una persona ajena a la empresa, en los exteriores del local, luego de haber sucedido el accidente”, añadieron.

Respecto a las denuncias de los familiares de las víctimas, que aseguraron que estos excedían su horario de trabajo, precisó que estas eran de 8 horas más una hora de almuerzo.

José Carlos Andrade también fue consultado por el hecho de que en el primer comunicado emitido por la empresa con relación al accidente se refirieron a las víctimas como “colaboradores”, no como trabajadores. “Si en algún momento hemos dicho colaboradores, créeme que no hay nada detrás de eso. No hay una intención detrás de esa palabra para definir algo”. No obstante, reconoció que hubiera sido mejor llamarlos trabajadores.

Según la comuna de Pueblo Libre, el local tenía sus documentos en orden. La última inspección que realizó Defensa Civil en el restaurante fue en enero del 2018 y su certificado vencía en enero del 2020. Es decir, en un mes debía pasar por una nueva inspección.

Lo que demostraron los peritajes

Los exhaustivos peritajes realizados por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional tras la tragedia demostraron que Alexandra y Gabriel no tenían ni siquiera guantes ni botas aislantes de energía eléctrica de para mitigar los riesgos ante una descarga eléctrica como la que sufrieron. Sin embargo, esas no fueron las únicas negligencias.

El dispensador de gaseosas del restaurante, de acuerdo al peritaje mecánico-eléctrico, presentaba cables de electricidad pelados, “deficiente aislamiento debido a las manipulaciones y adaptaciones de accesorios, por lo que la carcasa presentaba una fuga de 36 mil amperios, superando el valor [máximo] de 32 mil amperios”.

Según las indagaciones, Gabriel –quien soñaba con estudiar la carrera de Terapia Física– fue el primero que sufrió la descarga eléctrica cuando habría manipulado el dispensador con una llave. En la mano izquierda tenía plasmadas las marcas de las quemaduras producto de la fuga de energía.

Alexandra habría intentado auxiliarlo y también murió electrocutada. Ambos se encargaban, esa mañana, de la limpieza de la cocina. Los trabajadores del local ya se habían quejado en anteriores ocasiones con sus jefes porque la máquina tenía fuga de energía eléctrica, pero el problema no fue solucionado.

Seis días después de la tragedia, El Comercio consultó a Alex Montesinos y Jorge Mena, dos especialistas en seguridad en el trabajo, quienes afirmaron que Gabriel y Alexandra se habrían salvado de morir si McDonald’s hubiese invertido, como mínimo, S/1.000 en mejorar su sistema eléctrico y en comprar guantes y botas.

“Si el restaurante hubiera tenido interruptor o llave diferenciada, aunque la máquina haya liberado energía más de lo debido y el piso haya estado mojado no les habría pasado nada porque justamente ese sistema es para proteger a las personas cuando hacen contacto con una máquina energizada”, explicó Montesinos. El interruptor se cotiza entre S/75 y S/160. El local de McDonald’s no tenía este sistema eléctrico, según el peritaje. Además, su sistema de pozo a tierra era deficiente. Darle mantenimiento cuesta S/400, de acuerdo a las consultas que se realizaron.

“Si ellos hubiesen tenido guantes o botas, así sean los más simples, probablemente se habrían salvado porque ambos implementos sintéticos son aislantes de energía”, resaltó por su parte Mena.

Infracciones detectadas por la Sunafil y multa

Diez días después de la muerte de dos trabajadores de McDonald’s, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) concluyó en su informe final, terminado el 24 de diciembre, que la empresa cometió seis infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales provocaron el fallecimiento de ambos jóvenes. Estas fueron:

1. La empresa no realizó evaluaciones de riesgo y controles periódicos de las condiciones de trabajo del personal a su cargo.

2. No cumplió con brindar información y capacitación a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, tampoco les advirtió los riesgos que implicaban sus puestos de trabajo.

3. El reglamento interno de SST no contenía los estándares de seguridad para la limpieza de las áreas.

4. La empresa no acreditó la entrega ni supervisó el uso de los Equipos de Protección Personal (EPP).

5. Tampoco brindó las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo ni en las instalaciones ni en la maquinaria y/o equipos que empleaban, específicamente en la máquina dispensadora de bebidas gaseosas.

6. No realizó la supervisión efectiva de las condiciones de SST. La empresa ya conocía de los desperfectos en la máquina dispensadora de bebidas gaseosas, sin embargo, no tomó acción al respecto.

Adicionalmente, la empresa no cumplió con comunicar, dentro del plazo legal, la muerte de Carlos y Alexandra al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, lo cual constituye infracción grave. El resultado de la investigación fue puesto en conocimiento de la 35 Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima.

Luego de dos meses, el 11 de febrero de este año, la Sunafil notificó a Arcos Dorados la Resolución de Subintendencia (Resolución en Primera Instancia) que impone una multa ascendente a S/845.670, al haberse comprobado la responsabilidad de la compañía en la muerte de los jóvenes trabajadores.

En comunicado, Sunafil explicó que la resolución se emitió dentro del plazo de ley, luego de que la empresa presentara en su oportunidad los descargos al Informe Final de la Autoridad Instructora que propuso las mismas infracciones que fueron materia de sanción.

Protestas y cierre de locales

A los dos días de la tragedia, un grupo de personas se ubicó en los exteriores del local de McDonald’s ubicado en el parque Kennedy, en Miraflores, para protestar y realizar una serie de pintas en la fachada. Con carteles en mano y arengas, los manifestantes denunciaron un presunto abuso laboral de la empresa contra sus empleados, que incluyen, según dijeron, largas jornadas de trabajo y malas condiciones para realizar sus labores.

Un contingente de la Policía Nacional llegó hasta el lugar para intervenir ante cualquier incidente. Por su parte, Arcos Dorados dispuso el cierre de todos sus locales a nivel nacional por dos días en señal de duelo. En el caso del establecimiento de Pueblo Libre, donde ocurrió fallecieron Gabriel y Alexandra, fue cerrado por el municipio por no contar con medidas de seguridad adecuadas.

Sanciones contra la empresa

Entre los años 2012 y 2019 el Indecopi, a través de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2, le impuso siete multas a la empresa Arcos Dorados S.A. (que tiene a su cargo la marca McDonald’s en el Perú) por 15 UIT (unos S/59.300).

Las infracciones impuestas por Indecopi fueron por quejas sobre las bebidas, incumplimiento de medidas correctivas, presencia de cucarachas (local del óvalo Gutiérrez), higiene inadecuada (óvalo de Miraflores), entre otras razones.

El año pasado, el municipio de Pueblo Libre sancionó por motivos sanitarios al mismo local de la Av. Universitaria donde ocurrió la tragedia. La comuna dijo que levantaron las observaciones. En el 2018, el local del óvalo de Miraflores fue clausurado tras hallarse restos de roedores.

Vale precisar también que en febrero de este año, un trabajador de McDonald’s fue llevado a una clínica tras sufrir una descarga eléctrica en un local de Independencia. El hecho ocurrió cuando Óscar Luyo Zevallos, quien limpiaba cerca de la máquina freidora de pollo, se acercó al interruptor para tratar de desconectar el equipo, chocando su brazo con la máquina.

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