El transporte interprovincial de buses movilizó a 81 mil pasajeros por semana desde que se reactivó este sector el pasado 17 de julio. Eso representa el 5% del total de personas que estas empresas movilizaban semanalmente antes de la pandemia.
Los buses trasladaban antes de que se decrete el estado de emergencia por el COVID-19 a 1.5 millones de personas por semana, afirmó Martín Ojeda, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial del Perú, que tiene la representación del 70% de las 540 empresas formales del país.
La cuarentena focalizada en cinco regiones y 20 provincias de otras 10 regiones del país es en gran medida la razón de tener pocos pasajeros. La otra, explica, es que las personas no quieren viajar por temor a contagiarse.
“Tenemos que recuperar la confianza del usuario cumpliendo los protocolos sanitarios”, dice Ojeda y agrega que un tercer factor es que el transporte ilegal sigue circulando impunemente en las carreteras.
Combis, minivanes y autos están haciendo viajes interprovinciales hacia Cusco, Arequipa, Cajamarca y otras partes del país con cuarentena focalizada. “Los ilegales están coludidos con los policías y el cierre no existe para ellos. Entonces, si no hay cierre y no hay protocolos, el virus sigue viajando”, denuncia.
Estos servicios se siguen ofreciendo hasta el día de hoy a través de las redes sociales y están utilizando una serie de artimañas para evitar los controles policiales y de los inspectores de Sutran.
Al sur de Lima, por ejemplo, están usando mototaxis para trasladar a los pasajeros algunos tramos. Kilómetros más allá, una vez pasado el control de las autoridades, los pasajeros vuelven a embarcar. También, dice, están aliados con delincuentes que atacan a los inspectores de Sutran cuando intervienen una de estas unidades. Ataques de este tipo se han registrado en Ancón.
De otro lado, Ojeda cuestionó que el Gobierno no ha aplicado las normas de salvataje para el transporte interprovincial. Según contó a El Comercio, ninguna empresa de transporte interprovincial accedió a la suspensión perfecta de labores. Dice que las 30 empresas que concentran la mayor flota de buses la han gestionado, pero o les negaron el pedido o simplemente no hubo respuesta.
“La Ley (que autorizó la suspensión perfecta de labores) no estableció un requisito que está en el reglamento: la negociación previa con el trabajador. En muchos casos ha sido imposible porque los pilotos son de muchas localidades. El otro problema es que la mesa de partes virtual del Ministerio de Trabajo ha colapsado”, sostiene.
También critica que el ministro de Transportes y Comunicaciones, y la ministra de Economía y Finanzas no se hayan sentado a dialogar con los transportistas interprovinciales. Ojeda informó que este gremio está pidiendo un subsidio por los costos COVID-19, al igual que se le entregó al transporte urbano. Otro pedido que hacen es el fraccionamiento de los pagos tributarios y la devolución del 100% de Impuesto Selectivo al Consumo de combustible.
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