Donald Trump ha vuelto a sacudir el tablero político con una serie de medidas que endurecen las políticas migratorias en Estados Unidos. Esta semana, el presidente firmó una nueva orden ejecutiva que establece un examen obligatorio de inglés para todos los camioneros que circulen por rutas federales. La Casa Blanca justifica la medida como una cuestión de seguridad vial, aunque sus implicancias sociales y laborales ya generan un fuerte debate.
La secretaria de prensa presidencial, Karoline Leavitt, fue clara al presentar la iniciativa: “Queremos garantizar que nuestros camioneros hablen inglés. Es una política de sentido común”. Según explicó, los problemas de comunicación en los controles carreteros representan un riesgo latente para la seguridad pública, y por eso la administración ha decidido tomar cartas en el asunto.
¿CÓMO SERÁ EL EXAMEN DE INGLÉS PARA CAMIONEROS?
La nueva norma instruye al Departamento de Transporte a revocar una flexibilización impuesta durante la administración Obama, que había permitido a conductores comerciales operar sin acreditar dominio del idioma. Ahora, bajo la supervisión del secretario Sean Duffy, se implementarán pruebas que evaluarán la capacidad de los choferes para leer señales, interactuar con las autoridades y completar documentación en inglés.
Los conductores que no superen el examen quedarán automáticamente “fuera de servicio”, según lo estipula el texto oficial. La medida se enmarca en la Orden Ejecutiva 14224, firmada el 1 de marzo de 2025, que designó formalmente al inglés como idioma oficial de Estados Unidos. En los próximos 60 días, también se revisarán los criterios de inspección para garantizar su cumplimiento.
TRUMP REFORZÓ LA OFENSIVA MIGRATORIA
Pero el examen para camioneros es solo una pieza de una ofensiva más amplia. El presidente Trump firmó además dos nuevas órdenes ejecutivas con un mensaje claro: poner fin a las llamadas ciudades santuario. Estas jurisdicciones, que se niegan a cooperar con autoridades federales de inmigración, podrían perder acceso a fondos y subvenciones si continúan con sus políticas actuales.
La Casa Blanca exigió que, en un plazo de 30 días, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional publiquen una lista oficial de los estados y ciudades que limitan su colaboración con ICE y otras agencias migratorias. “Estas ciudades obstruyen la ley”, advirtió Leavitt, “y tomaremos todas las medidas necesarias para forzarlas a cumplir”.
En paralelo, la segunda orden refuerza los recursos policiales dedicados a operaciones migratorias. Se busca aumentar las detenciones de inmigrantes indocumentados y coordinar esfuerzos entre agencias estatales y federales. A la vez, cada dependencia deberá identificar recursos federales que puedan ser recortados en jurisdicciones que —según el gobierno— no estén alineadas con las leyes migratorias.
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