José Castro, el juez que ha puesto en jaque a la realeza española

FRANCISCO SANZ GUTIÉRREZ

Desde los tiempos de Baltasar Garzón, no hay juez que haya sacudido ni polarizado tanto a la sociedad española como José Castro, quien esta semana involucró a la infanta Cristina, hija de los reyes Juan Carlos y Sofía, en un presunto caso de corrupción, en el que está comprometido hasta el cuello su marido, Iñaki Urdangarin.

A diferencia del mediático Garzón, a Castro –mucho más elusivo y menos efusivo– no le gusta tanta parafernalia en derredor. Es el precio de meterse con la realeza y de cumplir, como él llama, su deber.

Hace algo más de un año, en febrero del 2012, el diario “El Mundo” publicó una nota premonitoria sobre la actuación de Castro: “Nadie se atreve a dar fechas, pero en su intensiva y meticulosa búsqueda de la verdad se espera que llegue a acusar a una infanta de España”. La espera concluyó el miércoles.

IMPLACABLE Y CRÍTICO ¿Quién es este magistrado que por vez primera ha involucrado a un miembro de la familia real española en un proceso penal? Nació en Córdoba, tiene 67 años, es Pepe para los amigos, antes de ser juez de instrucción fue funcionario de prisiones y en 36 años de ejercicio profesional nunca ha concedido una entrevista.

Como a la prensa le pone cara de perro, su único medio de comunicación suelen ser sus interrogatorios y sus sentencias. En los primeros se muestra implacable y no parece importarle, a decir de la prensa hispana, que las sesiones se prolonguen horas de horas. Sus veredictos rezuman ironía y sarcasmo, lo que le ha merecido quejas de los abogados más de una vez.

En el 2010 cayó en sus manos la investigación de las irregularidades cometidas en la construcción de un velódromo en Mallorca y cargó contra el ex jefe del Gobierno Regional de Baleares, Jaume Matas, quien finalmente fue condenado. Fue justamente ese caso el que, jalando cuidadosamente de la madeja, lo llevó a la bomba del Instituto Nóos, una organización a través de la cual Urdangarin y sus socios presuntamente se apropiaron de 6 millones de euros del dinero público.

EL PANORAMA NEGRO Sara Barderas, periodista de la agencia DPA, sostiene que el daño que la imputación de la infanta causa a una monarquía, sumida desde hace meses en su peor crisis de imagen y prestigio, es gigante.

Con ella coincide Arnaldo Mera, historiador de la Universidad Católica y especialista en temas de la realeza: “El refresco que en su momento supuso el matrimonio del príncipe Felipe hoy se ha evaporado. Los deslices del rey, el hecho de que todos sus amigos estén en prisión por escándalos financieros, la pésima relación entre las infantas y Letizia, todo tiene malas señales y ahora viene esta imputación que daña no solo la imagen sino, peor aún, el futuro de la dinastía”.

Si bien la Constitución de 1978 protege a la familia real, el castigo moral puede ser irreparable. “A pedido de la población de Mallorca, el alcalde retiró hace poco el nombre Duques de Palma [Cristina e Iñaki] a la rambla bautizada como tal. Además, así no sea sentenciada a prisión, puede caer una amonestación moral o se la puede suspender para representar al Estado Español”, apunta Mera.