Aunque es improbable que sea declarado culpable de alentar una insurrección, los problemas legales de Donald Trump no desaparecerán tras su juicio en el Senado: el expresidente estadounidense podría ser próximamente inculpado ante la justicia penal, y enfrenta también múltiples demandas civiles.
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El exmagnate inmobiliario neoyorquino, instalado en su lujosa residencia de Florida, es blanco de numerosas demandas civiles desde hace tiempo, y tiene un ejército de abogados listos para defenderlo o atacar a sus adversarios.
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Devenido simple ciudadano, arriesga al menos una inculpación penal, liderada por el fiscal demócrata de Manhattan, Cyrus Vance, que desde hace meses batalla para obtener sus declaraciones fiscales y bancarias.
La investigación, que al inicio se centró en los pagos efectuados a dos presuntas amantes de Trump antes de las elecciones presidenciales de 2016, ahora examina posibles fraudes fiscales, bancarios y de seguros.
La Corte Suprema ordenó en julio a Trump que entregase al fiscal los documentos exigidos, pero sus abogados cuestionaron ante el máximo tribunal la amplitud del pedido. La Corte Suprema aún no ha fallado al respecto.
Trump ha calificado la investigación como “la peor caza de brujas en la historia de Estados Unidos”.
Fraude fiscal o bancario
El dossier, instruido a puertas cerradas ante un gran jurado, parece avanzar pese a todo.
Según la prensa estadounidense, los investigadores de Vance recientemente interrogaron a empleados de su compañía de seguros, Aon, y del Deutsche Bank, sostén financiero de Trump y su holding, la Organización Trump.
También volvieron a interrogar al exabogado de Trump, Michael Cohen, en prisión tras admitir que compró el silencio de dos presuntas amantes del expresidente.
Cohen dijo en una audiencia en el Congreso que Trump y su empresa inflaban o reducían artificialmente el valor de sus activos para obtener préstamos bancarios o reducir sus impuestos.
La fiscal demócrata del estado de Nueva York, Letitia James, investiga también estas acusaciones. Enfrentó ya con éxito a los abogados de la Organización Trump para poder interrogar a un hijo de Trump, Eric, y obtener documentos sobre algunas propiedades familiares.
Su investigación es civil, pero “si descubrimos hechos criminales, cambiará de naturaleza”, dijo James recientemente.
Si las acusaciones se confirman, expondrán al expresidente a una posible encarcelación. Y contrariamente a los delitos federales, las violaciones de las leyes estatales no pueden ser perdonadas por el presidente estadounidense, incluso si Joe Biden quisiera hacerlo en nombre de la reconciliación.
Algunos críticos de Trump festejan por adelantado, como los militantes de “Rise and Resist” (Levántate y Resiste), que manifestaban a inicios de enero en Nueva York para reclamar su encarcelamiento.
Pero los fiscales, conscientes del clima político extremadamente tenso, van a pensar dos veces antes de pedirle que rinda cuentas, dijeron a la AFP varios juristas.
“Nadie va a precipitarse”, subrayó Daniel Richman, exfiscal y profesor de Derecho de la Universidad de Columbia. “La última cosa que queremos es que el proceso (judicial) sea utilizado, o percibido como que es utilizado, como un instrumento político”, subrayó.
“Hay dos escuelas”, subraya Roberta Kaplan, una abogada a cargo de tres demandas civiles contra el expresidente. “Yo soy de la escuela que piensa que no debemos prohibir que se haga justicia por miedo de arrojar aceite al fuego: si no actuamos para decir claramente que los pilares sobre los cuales descansa el país se aplican a todo el mundo, presidente o no, pienso que corremos peligros bastante mayores”.
“Escenario a la Al Capone”
Para Gloria Browne-Marshall, profesora de Derecho en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), Trump en el banquillo de los acusados sería “un desenlace lógico”, “un escenario a la Al Capone”, el legendario gánster de los años ’20 finalmente condenado en 1931 por evasión fiscal.
Pero aunque cree probable su inculpación antes del fin del actual mandato del fiscal Cyrus Vance en noviembre, no apostaría a que habrá un proceso o una condena.
Con millones de simpatizantes potencialmente dispuestos a financiar su defensa, Trump podría contraatacar con sus propias demandas judiciales y hacer que los dossiers se arrastren “durante años”, dijo.
Eso obligaría a los fiscales -funcionarios electos que dependen del dinero de los contribuyentes- a movilizar recursos considerables para dar la batalla, añadió.
Bennett Gershman, exfiscal y profesor de la Universidad Pace, apuesta asimismo que Vance inculpará a Trump.
“Si volviera a hallarse frente a un jurado sería un verdadero circo, sería increíble”, dijo. “Nunca hemos visto una cosa así”.
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