El juez Alexandre de Moraes, instructor del juicio contra Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado, afirmó este martes que el expresidente brasileño lideró una “organización criminal” que realizó diversos actos para consumar un golpe y “perpetuarse en el poder”, tras perder las elecciones de 2022.
El magistrado sostuvo, en la Primera Sala de la Corte Suprema, durante la apertura de su voto, que la trama tuvo una “finalidad muy clara”: evitar los frenos y contrapesos del Poder Judicial y “perpetuarse en el poder”, sin respetar las reglas de la democracia e independientemente del resultado de las elecciones de 2022, en las que venció el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
De Moraes dijo que la supuesta trama, “bajo el liderazgo de Jair Messias Bolsonaro”, operó entre mediados de 2021 y el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes del líder ultraderechista invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, para incentivar una intervención militar contra el Gobierno de Lula, quien había asumido una semana antes.
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Según el magistrado, la supuesta organización actuó mediante “la división de tareas” y de “forma permanente y jerarquizada” para poner en práctica “varios actos” con la finalidad de “consumar” un golpe.
De Moraes -objeto de sanciones por parte del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, por considerar que promueve una “caza de brujas” contra Bolsonaro"- enumeró “trece actos” en los que la trama golpista fue subiendo el tono de sus “graves amenazas” y poniendo en práctica un presunto plan para revertir la derrota electoral de Bolsonaro.
El relator comenzó su exposición con un detallado relato de las investigaciones y las acusaciones formuladas por la Fiscalía, que ha pedido condenar a Bolsonaro y a los otros siete reos, entre ellos exministros y mandos militares, por cinco delitos: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido.
Sobre algunas alegaciones de las defensas, según las cuales el delito de golpe de Estado se confunde con la acusación de intento de abolir la democracia, el relator puntualizó las diferencias que existen a su juicio.
De Moraes sostuvo que una acusación se refiere a impedir la actuación de los poderes establecidos, que en el caso que se juzga fue plasmada en el borrador de un decreto obtenido en la investigación, que ordenaba la anulación de las elecciones y una intervención en el Poder Judicial.
El segundo caso, según De Moraes, trata sobre la conspiración supuestamente urdida para impedir la asunción del Gobierno surgido de las urnas o llegar al extremo de intentar promover un golpe una vez que asumió, como sostiene que ocurrió el 8 de enero de 2023.
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Este punto es clave para algunas defensas, que intentan disminuir las posibles penas, con el argumento de que esas dos acusaciones se refieren al mismo supuesto delito.
El togado también rechazó unas supuestas “manipulaciones” de pruebas denunciadas por las defensas de algunos de los reos, así como que se hubiera restringido el derecho a la defensa o el acceso al material probatorio.
Según el relator, todos los abogados han tenido un pleno acceso a la documentación producida por la investigación de la Policía Federal y el tribunal ha respetado en toda su plenitud el debido proceso, con amplias garantías para las defensas.
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