Temblor en Chile hoy, lunes 16 de noviembre: reporte de epicentro y magnitud según CSN
Redacción EC
Hace dos años advertí en este espacio que la extinción de dominio, una valiosa herramienta concebida para quitarles a los delincuentes los bienes con los que sostienen negocios, como la minería ilegal, podía volverse fuente de arbitrariedad contra actividades formales, como la pesca o el transporte de carga. El problema era la desproporción entre el hecho investigado y la pérdida del bien.
Pensemos en un bus al que un pasajero sube unos cigarrillos de contrabando sin conocimiento de la empresa. O en una embarcación que captura incidentalmente peces por debajo de la talla permitida. Corresponde investigar si hubo delito y determinar responsabilidades. Pero ¿corresponde también quitarles el bus o el barco a sus propietarios? ¿Qué controles deberían exigirles razonablemente? ¿Cuánto vale el bien frente a la gravedad de lo ocurrido?
Desde entonces, la Ley 32326 (2025) introdujo garantías para la propiedad adquirida lícitamente y de buena fe, asignó al fiscal la carga probatoria y exigió razonabilidad y proporcionalidad en la sentencia. Pero también condicionó la extinción de dominio a una sentencia firme o un laudo previo, aunque mantuvo excepciones para el narcotráfico, la extorsión, el contrabando y la minería ilegal, entre otros delitos.
Así, se atendió parcialmente el problema con la propiedad honesta: una mera infracción administrativa dejó de ser suficiente. Sin embargo, el riesgo seguía latente, pues bienes de origen lícito aún podían perderse por haber sido usados como instrumentos de un delito.
La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para restablecer la autonomía del proceso. Es decir, que el Estado pueda ir contra el bien sin esperar una condena penal. Según una estimación del Poder Judicial, por la Ley 32326 se dejaron de recuperar unos US$50 millones en el 2025.
No está mal actuar sin esperar el desenlace penal frente a las economías ilegales. La pregunta es si la autonomía terminará castigando la propiedad de quien desarrolla una actividad lícita por un hecho incidental ajeno a un control razonable.
La buena noticia es que el fiscal debe probar el vínculo del bien con una actividad delictiva y el juez debe justificar que quitarlo sea una respuesta proporcionada. También permite que el bus –y otros bienes– sigan trabajando durante el proceso, con autorización judicial, a pedido del dueño, si no hay riesgo de ocultamiento, deterioro o uso ilegal. Pero, ¿qué pasa al final? El texto protege la propiedad adquirida legalmente y de buena fe, aunque no aclara suficientemente qué ocurre si alguien usa ese bus para delinquir sin que su dueño lo sepa ni lo consienta. Para el decomiso penal, en cambio, conserva una regla expresa que protege al propietario que no autorizó ese uso. Hace falta esa misma claridad aquí: ¿qué debe demostrar el empresario que no participó en el delito y tomó precauciones razonables?
Hay más letra pequeña. La nueva revisión de una sentencia firme exige una absolución firme o un sobreseimiento por determinadas causales, que desvirtúe el fundamento de la extinción. Si prospera, corresponde devolver el bien o, si resulta imposible, compensar al afectado. ¿Y si nunca hubo proceso penal, como permite la autonomía? ¿O si el pasajero fue condenado y el dueño era ajeno al delito? Pedir la revisión no suspende la ejecución: salvo orden de la Sala, el Pronabi puede disponer del bien. Además, esta vía excluye las sentencias de extinción firmes, anteriores a la entrada en vigor de la ley.
La reforma va en la dirección correcta: el Estado necesita recuperar los bienes de las economías ilegales sin esperar años una condena. Pero el Senado debe corregirla antes de aprobarla: precisar qué debe probar el empresario que no participó en el delito y permitir la revisión, aunque no exista una absolución penal que la active. Persigamos el patrimonio del crimen, pero protejamos la propiedad honesta.
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Enrique Castillo
Carlos Arias Suárez
María Cecilia Villegas
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Martín Calderón
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