Evelyn Lamadrid: fiscal que enfrentó a mafia peruano-ecuatoriana recibe amenazas y pide resguardo policial

Desde el 2019, Evelyn Lamadrid, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Santa, en Áncash, ha investigado y presentado acusaciones ante el Poder Judicial contra empresas y empresarios involucrados en actividades ilícitas como el tráfico de especies acuáticas, minería ilegal y otros delitos ambientales. A raíz de su labor, ha enfrentado amenazas de muerte, motivo por el cual contaba con resguardo policial. No obstante, señala que actualmente carece de esta protección, a pesar de seguir siendo acosada por mafias peruanas que colaboran con criminales de Ecuador.

Lamadrid teme por su vida debido a la crisis actual del país fronterizo. Hasta el año 2022, llevó a cabo su trabajo bajo protección policial las 24 horas del día. Durante ese periodo, enfrentó amenazas de un clan de mineros ilegales, quienes tienen una sentencia condenatoria, pero actualmente se encuentran prófugos.

La mujer denuncia que trabajadores involucrados en la minería ilegal se presentaron en su despacho para amenazarla. Una de las personas vinculadas a estas actividades mineras se comunicó con el jefe de la División Policial de Chimbote, solicitando que se alertara a la fiscal sobre un posible ataque en su contra.

“Me informaron que habían contratado a un grupo de sicarios para resguardar la minería ilegal en Chimbote, con la intención de poner fin a mi vida. Uno de los miembros del clan familiar cooperó mientras solicitaba que no se le investigara. Proporcionó información sobre las actividades de sus parientes. Además, me advirtió que mi vida estaba en peligro y que los sicarios habían sido contratados con el propósito de asesinarme”, expresó Lamadrid durante una entrevista con El Comercio.

Solicitó una condena efectiva para este grupo, denominado “Los Omorotos”, y finalmente se les impuso 7 años de pena privativa de la libertad. “A pesar de tener una orden de captura, han venido a mi despacho a preguntar por mí, permaneciendo en las inmediaciones de mi oficina”, expresó.

La fiscal ha enfrentado otra amenaza relacionada con la extracción ilegal de especies acuáticas. Dirigentes de asociaciones de pescadores, junto con decenas de pescadores ilegales, suscribieron un memorial en agosto del 2022 para exigir la destitución de la fiscal del Santa. “Solicitamos la destitución de la fiscal, quien se ha ensañado con los pescadores artesanales y comerciantes de productos hidrobiológicos, sin mostrar interés en el sufrimiento y dolor de nuestras familias”, se lee en el documento.

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Cuando el Órgano de Control Interno del Santa los citó a declarar, ofrecieron una versión diferente. Aunque reconocieron su firma, aseguraron no haber redactado ni conocer el contenido del documento, afirmando que lo firmaron bajo la indicación de otra persona. El caso fue archivado en octubre del 2022. “Un grupo de pescadores de Huarmey firmó un memorial y lo envió a la congresista Nilza Chacón, representante de Áncash. Ella, a través de una carta, lo remitió a la fiscal de la nación (...). Siento que eso es un hostigamiento para evitar que lleve a cabo investigaciones. Percibo que hay algo más allá de la simple destitución; buscan detener las acciones de la FEMA contra los pescadores ilegales artesanales”, comentó.

Explicó que esto representa un obstáculo en su batalla contra el tráfico de especies acuáticas. “Demandan mi destitución o amenazan con realizar una marcha en mi contra, todo debido a que he confiscado embarcaciones y recursos relacionados con el tráfico ilegal de tiburones”, añadió a este Diario.

En cuanto a la minería ilegal, señaló que las mafias peruanas requieren insumos químicos, siendo el mercurio el principal de ellos, para llevar a cabo sus actividades ilícitas. “Este insumo tiene un precio bajo en Ecuador, por lo que ingresa por la frontera desde Macará hasta Piura, para finalmente llegar a Chimbote. El mercurio es esencial para los mineros ilegales peruanos, estableciendo así una conexión entre el minero ilegal de Perú y su contraparte en Ecuador”, afirmó.

Por otro lado, en relación con la extracción de animales acuáticos, destacó que en Chimbote existe un considerable tráfico ilegal de especies. “Lo más común es el tráfico de aletas de tiburones. Constantemente llevamos a cabo operativos e incautamos embarcaciones involucradas en este tipo de actividades. Aunque Chimbote no tiene frontera con Ecuador, hemos observado que las mafias extraen aletas de tiburón en Ecuador y las introducen ilegalmente al territorio peruano a través de Tumbes, Sullana y Piura”, explicó.

Destacó que, según las especies encontradas durante las investigaciones y de acuerdo con los peritos del Ministerio Público, las aletas tienen su origen en Ecuador. “El inconveniente radica en que los pescadores no están satisfechos con nuestras acciones, ya que buscan eludir cualquier tipo de control por parte de la autoridad para permitir la continuidad de estas actividades ilegales”, comentó.

La fiscal aclaró que los pescadores no utilizan las aletas, sino que las destinan al mercado chino y estadounidense para la preparación de sopas de aleta de tiburón. “Es por eso que están disgustados. En esos países, las aletas son consideradas un símbolo de estatus, y una sola sopa puede llegar a costar entre 200 y 500 dólares”, explicó.

Desde agosto del año pasado, Evelyn Lamadrid dejó de contar con resguardo policial. Según el oficio 614-2023-DIRNOS, la solicitud para mantener el servicio de seguridad y protección personal a la mujer fue rechazada debido a “no existir pruebas objetivas recientes de amenazas que ponen en peligro su integridad física”. Sin embargo, Lamadrid sostiene que, dada la crisis actual en Ecuador, su vida está en riesgo.

Además, su inquietud aumentó debido a la difusión de un documental que narra su lucha contra el tráfico ilegal de especies acuáticas. “Estoy en el ojo de Ecuador y eso me genera temor. Algunos colegas dicen que soy valiente, no solo por ser una mujer trabajadora, sino también por el peligro en el que me encuentro a causa de estas mafias que operan en las sombras. El tráfico de especies es gestionado por organizaciones criminales que utilizan a los pescadores para así no dar la cara”, advirtió. La fiscal solicitó a la policía que reconsidere su decisión y le brinde nuevamente protección. “Amo mi trabajo, pero necesito apoyo para continuar”, concluyó.

En el 2019, Lamadrid presentó cargos contra el representante legal de la empresa Sustainable Fishing Resources, propietaria del Damanzaihao, el barco factoría más grande del mundo. Solicitó una condena de tres años y ocho meses de prisión por el delito de extracción ilegal de especies acuáticas. También llevó a juicio oral al capitán de la embarcación de origen chino Run Da 608, Zhuang Hanbo, en el 2020, acusándolo de tráfico ilegal de especies.

Además, su despacho alcanzó un hecho histórico en el Perú. Sentenció a cuatro años y medio de prisión a Jorge Roldán Angulo Sánchez, gerente general de Ajansa Perú SAC, y a Poly Diks Pinto Gonzáles, por el delito de comercio ilegal de aletas de tiburón.

Por otro lado, en el 2021, la fiscal del Santa ordenó la incautación de cuatro volquetes, una excavadora, un cargador frontal y una zaranda que estaban siendo utilizados en la extracción de minerales no metálicos en el centro poblado de San Jacinto, ubicado en el distrito de Nepeña. Lamadrid explicó que tomó la medida de confiscar la maquinaria pesada después de verificar que se llevaba a cabo actividad minera sin la autorización correspondiente de la Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash.