El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) aprobó la creación de un Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Este tiene por objetivo establecer medidas que garanticen la prevención, protección y el acceso a la justicia de estas personas frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades de protección del medio ambiente.
El Decreto Supremo 004-2021-JUS publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano también establece obligaciones para los ministerios del Interior, Ambiente, Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, y Desarrollo Agrario y Riego.
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La asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) destacó -en un comunicado- los avances que viene realizando el sector Ambiente con la creación de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales (Unida), que tiene como función coadyuvar en la implementación de las medidas de reconocimiento y protección de los defensores ambientales.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, reconoció ayer que este mecanismo intersectorial responde al actual contexto de incremento de amenazas y ataques contra defensores de los derechos indígenas ambientales.
En ese sentido, el presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), Berlin Diques, indicó que “esta herramienta responde ante la incidencia permanente de las organizaciones indígenas directamente y a través de la colaboración de la sociedad civil, entre las que se encuentra la asociación DAR”.
Estas acciones responden al trabajo conjunto que se viene impulsando junto con las organizaciones indígenas, entre las que destaca la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la ORAU.
Además, cuentan con el apoyo de organizaciones y plataformas de sociedad civil como el Grupo de Trabajo de Defensores/as de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con quienes han impulsado la agenda conjunta que asegure la efectividad de las herramientas existentes para la protección de estas personas.
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La aprobación de este Mecanismo Intersectorial tiene el desafío de conseguir su implementación efectiva ante la emergencia que afecta actualmente a las personas defensoras de los derechos humanos. Pero, deja como reto la necesidad de ir avanzando en la implementación de acciones que enfrenten los problemas estructurales que afectan a los pueblos indígenas y sus líderes y lideresas quienes asumen un rol de defensores y defensoras.
Este consiste en asegurar la seguridad jurídica territorial, debido a que muchos de los ataques, amenazas y asesinatos ocurren en un contexto de presiones territoriales y conflictos por actividades extractivas legales e ilícitas que se realizan en sus territorios.
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