Han transcurrido 208 días del estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 en nuestro país, y habitantes de cuatro distritos en la provincia de Melgar, región Puno, se muestran preocupados e irritados a la vez. Según ellos, el coronavirus no los matará, pero si lo hará la contaminación del río Llallimayo producto de la actividad minera.
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Su preocupación está basada en el continuo fluir de aguas verdosas y en ocasiones amarillenta, procedentes del río Hatun Ayllu, precisamente donde está ubicada la empresa minera Aruntani SAC, que extraía mineral aurífero.
La irritación es con las autoridades estatales, quienes anunciaron el cierre de las actividades mineras en dicha unidad operativa. Sin embargo, para los pobladores de la zona no hay un cierre efectivo de la actividad minera.
En julio de 2019, la ministra del Ambiente de entonces, Lucía Ruiz, anunció la paralización y cierre de la mina Arasi. Según informó Andina, Ruiz señaló que los organismos competentes de su sector habían dispuesto la paralización definitiva de operaciones de la unidad minera Arasi, perteneciente a la empresa Aruntani S.A.C. Ello, durante la reunión que lideró junto con los entonces ministros de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Miguel Estrada, en la provincia de Melgar, a raíz de la protesta de las comunidades del lugar por la contaminación minera.
Estos son los tuit que el Ministerio del Ambiente publicó por ese entonces:
El mismo presidente Martín Vizcarra, en su mensaje por Fiestas Patrias de ese año, respaldó esos acuerdos sobre el cierre de la unidad minera. Aseguró que con ello se garantizaba el respeto por las personas y medioambiente.
Más de un año después, las aguas contaminadas aún fluyen por el cauce del Llallimayo, tal como esta semana constató El Comercio tras visitar la zona. En la confluencia de los ríos Hatun Ayllu y Ocuviri, donde se origina el Llallimayo, es evidente la coloración verdosa (o a veces amarillenta) en el primer cauce y transparente en la segunda.
“Para nosotros, al seguir discurriendo agua verdosa todos los días y amarillenta en algunas fechas, sigue operando la minera Arasi. Por tanto, sigue la contaminación que afectan las actividades agropecuarias”, indica a este Diario Juvenal Cruz Peña, dirigente del Frente de defensa del Recurso Hídrico de la provincia de Melgar.
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Según Cruz Peña, todos los productores pecuarios tienen que impedir a cualquier costo que sus animales vayan al río a beber agua. Deben calmar la sed de sus animales con la poca agua potable que tienen instaladas en sus parcelas.
“En algunas oportunidades no logramos contener al ganado, beben agua contaminada y rápido enferman. Empiezan a tener diarrea y si no los curamos, se mueren. Las vacas u ovejas preñadas abortan”, refiere a El Comercio Justina Hinojosa, dueña de una parcela en el lugar que afirma haber perdido algunas cabezas de ganado en las últimas semanas.
Reyna Choquehuayta Bejar, otra dirigente del mismo frente, explica a este Diario que esa agua contaminada tampoco sirve para el riego de los cultivos o pastos naturales. En ese estado de cosas, sus animales cada vez pierden más peso y la producción de leche bajó considerablemente.
REINICIO DE HUELGA INDEFINIDA
Ante esta situación que afecta a las familias de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri, ámbito de la cuenca Llallimayo, esta semana se ha comenzado a anunciar el reinicio de una huelga indefinida.
“La contaminación está más fuerte que antes, estamos sometidos a un doble sufrimiento: el COVID-19 y la contaminación. Nosotros vivimos de la actividad agropecuaria, con eso alimentamos, vestimos o educamos a nuestros hijos y ahora ya no es posible por la contaminación”, expresa Choquehuayta Béjar.
La decisión de volver a la huelga fue anunciado en la ciudad de Puno, el pasado 5 de este mes, por el presidente de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Ramis-Ayaviri, Edwin Díaz Coorimanya. Esta semana, inició una ronda de conversaciones con cada base distrital para acordar la fecha del reinició de la protesta.
“Hasta ahora, no hay avances o acciones concretas de remediación ante la contaminación. La pandemia del COVID-19 ha sido una bendición para el Gobierno central, paralizando los compromisos adquiridos cuando levantamos la huelga indefinida en julio del 2019”, refiere a este Diario Díaz Coorimanya.
Esta es la versión Minam:
Luego de visitar la zona de la cuenca Llalli, El Comercio buscó dialogar con el responsable del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en Puno, Yuri Coila. Él, a través del celular, dijo que su despacho no manejaba ese tema y todo era visto en Lima, comprometiéndose a facilitar el nombre de la persona que podría explicar los detalles del tema, pero no cumplió.
Sin embargo, este Diario accedió a una carta dirigida al presidente de la Junta de Usuarios por Carlos Eyzaguirre Beltroy, director encargado de la Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales del Minam. En dicha misiva, refiere que ya existe un plan de acción para abordar el problema.
“El Plan de Acción de la Mesa de Trabajo para el Abordaje de la Problemática Socioambiental de la Cuenca del Río Llallimayo fue aprobado en forma consensuada con las autoridades locales, sus equipos técnicos y los dirigentes de la sociedad civil de la cuenca del río Llallimayo en las reuniones de dicho grupo de trabajo realizadas los días 5 de noviembre (eje I sobre Ambiente y Minería) y 20 de diciembre (eje II sobre Salud y Saneamiento y eje III sobre Desarrollo Sostenible) de 2019”, reza la carta.
También se menciona que, el pasado 20 de agosto, se desarrolló una reunión virtual, en la que participaron ministros, viceministros y representantes de instituciones estatales, donde se informó sobre las acciones que se han venido implementando respecto a dicho plan, a “pesar de las dificultades y limitaciones que se han tenido durante los últimos meses debido al estado de emergencia nacional”.
En el documento, Eyzaguirre le indica al dirigente que el Ejecutivo viene cumpliendo las actividades del plan de acción y le pide que sea acogida su propuesta para una reunión para el 22 de octubre en la provincia de Melgar, a fin de continuar con la implementación del plan.
INSATISFECHOS
“Con toda franqueza, ahora último nos remitieron un documento [se refiere a un documento distinto al de la carta que le envió el Minam]. Pero ahí resaltan más las actividades paliativas, incluso proponen nuevos estudios, monitoreos de agua que deben hacerlo de oficio la OEFA, ANA. Esas propuestas en la práctica no sirven de nada. Nosotros esperamos acciones concretas e inmediatas sobre remediación o limpieza del río para que nuestros animales no enfermen y mueran”, señala el dirigente Díaz Coorimanya.
La situación que deben afrontar cientos de productores agropecuarios es desesperante, especialmente para las madres de familia. Cristina Suni Huaracha, presidenta de la Comisión de Riego del Distrito de Llalli, le dijo a El Comercio que el problema en su zona, ubicada al margen izquierdo del canal de irrigación, afecta a unos 300 usuarios y otro tanto en la ribera derecha.
“No tenemos apoyo técnico para superar ese problema. Antes mis vacas daban 20 litros diarios de leche, ahora solamente dan ocho, por falta de pasto, que está contaminado por ese polvo amarillo. Ya no tenemos ingresos económicos. ¡¿Cómo alimento a mis hijos?!”, expresó al borde del llanto.
Para detener el sedimento amarillo que baja de la zona minera que contamina el río, los usuarios construyeron diques artesanales de piedra y paja. Ello ha atenuado en algo la contaminación aguas abajo del Llallimayo.
“Ahora que no hay lluvia, el agua escasea, y prácticamente entre todos los usuarios, a veces, nos peleamos para dar agua a nuestros animales. Así estamos, por eso, si ahora hay huelga indefinida, todos vamos a acatar la lucha y si hay que morir, nos moriremos”, refiere la dirigente Choquehuayta Bejar.
Para conocer la versión de la minera Aruntani SAC, El Comercio intentó comunicarse con algún directivo de la empresa, llamando en reiteradas oportunidades a los números telefónicos que figuran en su página de Facebook y el directorio de empresas mineras del Ministerio de Energía y Minas, sin embargo, no respondieron.
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