El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, consideró que la investigación del Ministerio Público por las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 a enero del 2023 debe “ser individual porque las responsabilidades son individuales”.
En declaraciones a RPP Noticias, enfatizó que será el Poder Judicial el que determinará dichas responsabilidades individuales y dijo que no puede adelantar opinión respecto a una investigación que tiene el carácter de “reservada”.
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“La investigación tiene que ser individual porque las responsabilidades son individuales. Yo no podría en este momento precisar o asegurar o adelantar opinión respecto de una investigación fiscal que en principio es reservada, y así va a ser hasta que se avancen las investigaciones y se esclarezcan los hechos”, expresó.
“[Descartando que haya una orden política, lo que está dejando entrever es que la responsabilidad recaerá oficial de la Policía o un agente de las Fuerzas Armadas] No ponga palabras en mi boca que no he pronunciado. Las responsabilidades en el proceso penal peruano –para un estudiante de primer ciclo de derecho- son individuales, no responsabilidades colectivas. Quien va a decir si hay responsabilidades individuales va a ser un juez”, agregó.
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Otárola Peñaranda también ratificó el “pleno respaldo y apoyo” del Gobierno a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y aseveró que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado un “deficiente análisis” en el caso de los heridos militares y policiales.
“Pese a que ellos han resguardado y cuidado el orden interno, y han actuado según la responsabilidad constitucional, seguramente con algunos errores en la ejecución de los mismos, el caso del héroe de la Policía Nacional, el señor [José Luis] Soncco, que fue quemado vivo, fue tomado como un hecho más. Diez palabras se refieren a él en un informe de 107 páginas”, acotó.
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En ese sentido, el primer ministro remarcó que el Gobierno defiende la actuación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pero también la necesidad de llegar a la verdad para encontrar un “camino de reconciliación”, previo respeto al debido proceso, el derecho a defensa y la presunción de inocencia.
“La posición oficial del Gobierno es que vamos a ejercer el derecho de defensa, vamos a respetar el informe que ha sido presentado por la comisión, vamos a trabajar en la implementación de sus recomendaciones y sobre todo, vamos a trabajar incansablemente por alcanzar la reconciliación nacional, que es lo que todo el Perú viene pidiendo en estos momentos tan difíciles para la patria”, sentenció.
Como se recuerda, la CIDH concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, entre el 7 de diciembre del 2022 y el pasado 23 de enero.
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