ANP denuncia 740 ataques a la prensa en dos años de gestión de Dina Boluarte

El último registro de la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) reveló que, entre el 7 de diciembre de 2022, fecha en que inició la gestión de Dina Boluarte, y el 7 de diciembre de 2024, se han reportado un total de 740 ataques contra la prensa peruana, siendo las amenazas y hostigamientos los más comunes.

Estas arremetidas no solo se limitan a agresiones físicas o verbales, sino que también incluyen amenazas legislativas, ciberataques y presiones judiciales que afectan tanto la seguridad de los periodistas como su capacidad para informar libremente.

El estudio de la ANP también reveló que los funcionarios públicos son responsables de al menos 217 ataques (más del 29% del total) y el Poder Ejecutivo de 44 agresión a periodistas.

Como se recuerda, la propia presidenta ha protagonizado episodios de confrontación: uno de ellos se reportó el 18 de setiembre de 2023, cuando calificó de “agresiva” a la periodista Angélica Valdés tras una reunión en Nueva York. El segundo ocurrió en noviembre de 2023, cuando criticó un reportaje de Cuarto Poder que revelaba reuniones secretas de su hermano Nicanor Boluarte, quien ahora se encuentra prófugo de la justicia, calificándolo de difamatorio.

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Meses después, ya en 2024, su hostilidad aumentó. El 5 de abril evitó responder sobre el escándalo del Rolex, y el 16 de setiembre, en Pomacocha, contestó agresivamente al periodista Luis Chuqui: “¡No necesito sus lágrimas!”. En octubre, la mandataria denunció un supuesto “terrorismo de imagen”, acusando a los medios de desestabilizar su gobierno con noticias falsas.

A estos incidentes se suman restricciones directas al acceso a la información, como las sufridas por periodistas en Piura, Huaral y San Martín, donde fueron retenidos o bloqueados durante sus visitas oficiales. En el suceso más reciente, el 31 de octubre en Juanjuí, un grupo de aproximadamente 15 periodistas de medios locales fue retenido hasta que Boluarte se retiró del evento.

Por su parte, el ministro Juan José Santiváñez ha registrado al menos 16 incidentes de ataques, entre los que destacan estigmatizaciones y amenazas, desde que asumió el cargo el 16 de mayo del 2024. Entre ellos, calificó de “fracasado” al periodista Marco Sifuentes y amenazó con iniciar acciones legales contra Ricardo Velazco y César Hildebrandt.

El 18 de setiembre de 2024, a través de Whatsapp, amenazó a Karla Ramírez Camarena, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana TV, por “difamarlo” y, ante una respuesta de la periodista que defendió su publicación, el funcionario adoptó un tono más agresivo: “Yo no llamo a los periodistas difamadores, señorita Karla, solo a usted. Espere mis acciones legales. Lo suyo no es libertad, es delito”.

Un detalle importante: las redes oficiales del Ministerio del Interior fueron utilizadas “para desacreditar reportajes y advertir campañas de desprestigio”, señaló la ANP.

Autoridades locales, como gobernadores regionales, alcaldes y también congresistas, figuran en la lista de agresores. De los 217 ataques perpetrados por funcionarios públicos, 39 (18%) provienen del Parlamento, “evidenciando que la violencia contra la prensa no solo se limita al Ejecutivo, sino que también involucra al Legislativo”.

Hay desde proyectos de ley que buscan limitar el trabajo de la prensa, hasta agresiones verbales como las protagonizadas por los congresistas Jorge Luis Flores Ancachi o Darwin Espinoza Vargas, de Podemos Perú y Acción Popular, respectivamente. El primero de ellos no tuvo reparos en utilizar palabras soeces en contra del reportero Eduardo Quispe de Cuarto Poder como respuesta a sus consultas por el caso ‘Los Niños’. Mientras que, el segundo, al contactarse con él un periodista de Ojo Público para pedirle sus descargos como parte de un reportaje, respondió: “saquen lo que quieran”.

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Otros funcionarios que figuran con varios ataques son el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, o el de Miraflores, Carlos Canales, ambos pertenecientes a Renovación Popular.

“Si bien la amenaza es el ataque más común, las agresiones físicas y verbales representan el 30% de incidentes, con 222 ocurrencias registradas en los dos años de gestión de la presidenta, sobre todo en protestas sociales en su contra”, resalta la ANP.

En tanto, los bloqueos al acceso a la información también se han convertido en otra forma de censura, con 128 ataques (de los cuales 64 ocurrieron en 2024), “limitando la capacidad de los periodistas para obtener datos relevantes para sus reportajes, viniendo desde fuentes oficiales como el Ministerio de Defensa y en una abierta vulneración a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

Los medios digitales han sido los más hostilizados, con 327 ataques, lo que representa casi la mitad de los incidentes totales. Los medios televisivos y radiales también sufren, pero con menos incidencia: 197 y 117 ataques, respectivamente.

La violencia contra las mujeres periodistas es un tema clave. De los 740 ataques, 161 han sido dirigidos a mujeres, lo que equivale al 21% del total. En este punto resalta el caso de Hialmar Laynes, quien acosó, intimidó y amenazó por más de un año a cinco reporteras. Ahora, el agresor está prófugo y el Ministerio del Interior no ha podido atraparlo, pese a promesas.

“Con un total de 740 ataques en dos años, la agresión a periodistas se ha convertido en un problema sistémico, donde el hostigamiento, las amenazas y las agresiones físicas son la norma, registrando en promedio un caso diario. La implicación de funcionarios públicos y agentes de seguridad en la mayoría de estos genera una preocupación alarmante sobre el respeto a la libertad de prensa y la protección de los derechos humanos en el país”, precisan.